Admiten denuncias constitucionales contra Pedro Castillo y la fiscal de la Nación

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) declaró procedente la denuncia constitucional presentada contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por el presunto “uso indebido de aeronaves de la Fuerza Aérea para fines personales”.

Se trata de la Denuncia Constitucional 304, interpuesta originalmente por el congresista Edward Málaga-Trillo, quien en 2022 acusó al entonces mandatario de vulnerar la Carta Magna por emplear recursos del Estado para beneficiar a personas de su entorno, como su sobrino Fray Vásquez Castillo, quien estuvo prófugo de la justicia por dos años.

La decisión se tomó durante la sesión del viernes 16 de mayo, los resultados fueron 10 votos a favor y 9 en contra. El congresista Jorge Montoya Manrique, quien dirigía la reunión en calidad de vicepresidente de la subcomisión, ejerció su voto dirimente para romper el empate y permitir la admisión del caso.

De acuerdo con la denuncia, el 23 de junio de 2022, Pedro Castillo habría abordado un avión militar con destino a Chiclayo acompañado por familiares y allegados. Entre ellos figuraría Fray Vásquez, registrado presuntamente con un nombre distinto en la lista de pasajeros. El traslado se habría realizado sin justificación oficial, lo que, según la acusación, implicaría un uso arbitrario de bienes estatales.

El documento señala que estos hechos podrían constituir una infracción a diversos artículos de la Constitución, al no respetarse los principios de legalidad y probidad exigidos a los funcionarios públicos.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también declaró procedente la denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela. Esta fue presentada por Juan José Santiváñez Antúnez, exministro del Interior, quien enfrenta una investigación en el Ministerio Público.

Con 15 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, se aprobó el informe que considera que la denuncia cumple los requisitos formales. Se le imputa una posible infracción a la Constitución, además de la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.

Según el documento, Espinoza habría ordenado la entrega de dispositivos móviles y claves personales de Santiváñez como parte de la Carpeta Fiscal N.º 203-2024, sin que, según el denunciante, existiera justificación suficiente. También se cuestiona que un documento fiscal reservado fue difundido públicamente, y que la fiscalía rechazó acumular dos investigaciones relacionadas a su gestión, pese a su conexión. Estos hechos, según el denunciante, demostrarían un ejercicio arbitrario de la función fiscal.

Hace menos de una semana, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra el ex mandatario de la nación por el presunto delito de peculado de uso, contemplado en el artículo 387 del Código Penal. Aunque la investigación fiscal aborda hechos similares a los planteados en la denuncia del congresista Málaga, incorpora además otros viajes realizados por el expresidente utilizando recursos del Ejército sin sustento oficial.

En la acusación fiscal se indica que Castillo habría empleado un avión militar para trasladarse junto a su hijo a Chiclayo entre el 7 y el 9 de mayo de 2022, sin que existiera actividad oficial registrada en esa ciudad durante ese periodo. Asimismo, se le atribuye el uso de un helicóptero militar para movilizar a varios de sus familiares hasta el distrito de Llama, en la provincia de Chota, el 24 de junio del mismo año. Estas personas, según la Fiscalía, no figuraban en el listado oficial de comitiva ni tenían justificación institucional para ese desplazamiento.

La denuncia también menciona como parte de estos traslados a allegados como Cristian Ríos Castillo, Kevin Castillo y Cubas Vegas, cuyas presencias en el vuelo no habrían estado respaldadas por funciones públicas.