La ampliación de la autopista Ramiro Prialé motivó el desalojo de siete familias que residían en la Villa Los Sauces en Chosica. Los representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona al promediar las 2:00 a.m., según los afectados. Estos no tuvieron reparos en arrastrar a una mujer embarazada.
La gestante de seis meses denunció que, bajo las órdenes de una funcionaria de la comuna capitalina, los agentes la retiraron a rastras de su hogar. “Me han arrastrado”, dijo para luego contar que les suplicó que les brinde unos minutos para poder retirar sus pertenencias. Su solicitud no fue atendida.
La mujer embarazada que se identificó como Ruth contó que desconocía de la orden de desalojo que la ha dejado a la intemperie. “A las 2:00 a.m. llegaron tres mujeres de la Fiscalía diciendo que teníamos que salir, que estaban desalojando. Todo mi cuarto lo han destruido, todo estaba ahí”, declaró para luego negar que haya existido un intento de la Municipalidad de Lima para llegar a un acuerdo previo.
La gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mariella Falla, puso en duda que la mujer embarazada realmente esté gestando. “Ella puede decir que está embarazada, pero no lo ha probado”, señaló para luego indicar que una mujer en sus condiciones no debería poner en peligro la integridad de su criatura.
Mientras realizaba su labor periodística, Leslie Rosas fue agredida por la gerenta de Fiscalización de la comuna limeña, quien golpeó su micrófono y, poco después, miembros de seguridad la empujaron. Poco después, Falla descendió de su vehículo para confrontar a la periodista, acusándola de enfrentar a los afectados con la autoridad. Ante las cámaras, exclamó repetidamente: “Prensa mermelera, prensa mermelera”, un acto que fue condenado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Polémico proyecto
En febrero, la MML solicitó a los vecinos desalojar el área y les ofreció una compensación económica como parte del proceso de expropiación, el cual no prosperó. Durante el desalojo, agentes municipales participaron en la expulsión de los ocupantes, a pesar de que, según la legislación vigente, solo la Policía Nacional del Perú está autorizada para el uso de la fuerza en este tipo de operativos.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, defendió el desalojo, calificándolo de legal y necesario para el avance de la autopista Ramiro Prialé. La autopista Ramiro Prialé fue concesionada en 2013 por 30 años a Rutas de Lima, pero las obras se paralizaron en 2017 debido a huaicos y ocupaciones ilegales. Tras años de inactividad, los trabajos se reanudaron en un tramo de cuatro kilómetros en Chosica, con el objetivo de conectar el jirón Huancayo con la zona de Manchay y mejorar la transitabilidad.
López Aliaga, ha expresado su firme compromiso con la ampliación de la autopista Ramiro Prialé, destacando que esta obra reducirá los tiempos de viaje y mejorará la transitabilidad hacia Chosica y la Carretera Central. En febrero de 2025, López Aliaga anunció que su gestión eliminará el peaje ubicado en la avenida Ramiro Prialé antes del 28 de julio del mismo año, como parte de una estrategia para mejorar la infraestructura vial de la ciudad.
Además, el alcalde informó sobre la próxima construcción de un by-pass en la intersección de la autopista Ramiro Prialé y la avenida Las Torres, que conectará con Carapongo, eliminando el tráfico caótico en esa zona. Sin embargo, estas iniciativas han generado controversia. La Municipalidad de Lima adjudicó de manera directa, por S/ 106 millones, la construcción del mencionado by-pass, decisión que ha sido cuestionada por haberse realizado sin un proceso de licitación pública.
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