Una intervención en San Juan de Lurigancho (SJL) estuvo a punto de terminar en tragedia cuando un delincuente de 33 años intentó detonar una granada para evitar ser capturado. El sujeto, identificado como Eduardo Rodríguez Montenegro, fue intervenido en el asentamiento humano Juan Pablo II en Cantor Rey, donde era investigado por presuntos delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de guerra.
El incidente ocurrió cuando agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaban un patrullaje en la zona y detectaron a dicho individuo en actitud sospechosa. El jefe del Escuadrón de Emergencia Este 1, Rolando Suárez, declaró al programa 24 horas de Panamericana TV el sujeto era conocido por las autoridades debido a sus antecedentes criminales y presunta vinculación con el tráfico ilícito de drogas.
Cuando los efectivos se acercaron para intervenirlo, Rodríguez reaccionó de manera violenta. Agredió físicamente a los agentes y, en un acto desesperado, sacó de sus pertenencias una granada de guerra, amenazando con activarla y lanzarla contra los policías y transeúntes que se encontraban en el lugar.
Historial delictivo y posibles vínculos criminales
Rodríguez Montenegro no solo era investigado por venta de droga en la zona, sino que, además, contaba con dos requisitorias vigentes. La primera por favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y la segunda por fabricación, tenencia y uso de armas de guerra, delitos que podrían vincularlo con alguna organización criminal dedicada a la extorsión y el sicariato en SJL.
Las autoridades no descartan que el detenido sea parte de una banda que opera en el distrito, una de las zonas más golpeadas por la delincuencia en Lima. “Podría tratarse de un integrante de una organización que extorsiona o intimida a los vecinos del sector”, añadió.
Durante la captura, uno de los agentes policiales resultó herido tras ser mordido por el delincuente en su intento por resistirse a la detención. Pese a la agresión y la amenaza con el explosivo, la intervención se llevó a cabo con éxito y el individuo fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las investigaciones.
Líneas de emergencia
El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para reportar casos de extorsión y acceder a protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105, permitiendo a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos para respaldar sus denuncias.
Además, existen otras opciones de contacto para denunciar extorsiones:
- Línea 1818: Teléfono de emergencia exclusivo para reportar extorsiones.
- Celular 942841978: Comunicación directa para este tipo de denuncias.
- Comisarías: Lugares de atención en cada distrito.
- Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.
Asimismo, están disponibles otros números de emergencia:
- Bomberos Voluntarios del Perú: 116
- Centro de Emergencia Mujer: 100
- SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106
- Hospital Nacional de Emergencias: 113
La crisis de seguridad se ha convertido en el mayor reto para Perú en la actualidad. A pesar de los intentos del gobierno de Dina Boluarte por reducir los delitos como robos, secuestros y homicidios, estos esfuerzos no han logrado frenar el aumento de la criminalidad, lo que ha llevado a muchos ciudadanos a considerar soluciones extremas, incluso a costa de los derechos humanos. Así lo revela el último informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
En una encuesta aplicada a 1.207 personas, se les preguntó si apoyarían a un líder dispuesto a erradicar la delincuencia, aunque ello implicara violar los derechos de las personas. El 55% de los encuestados se mostró a favor de esta opción, mientras que el 39% se mostró en contra y el 5% prefirió no responder.
El apoyo a un liderazgo autoritario y con métodos represivos es mayor en las zonas rurales del país. Sin embargo, en Lima Metropolitana y otras áreas urbanas, más de la mitad de los entrevistados también apoyó esta medida. En términos regionales, el respaldo fue del 60% en el norte, 53% en el sur y 58% en la región oriente.
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