La defensa del expresidente Pedro Castillo presentó un recurso de excepción ante el Poder Judicial (PJ) con el objetivo de archivar la investigación en su contra por presuntamente liderar una organización criminal durante su gobierno. El pedido será evaluado en una audiencia programada para el miércoles 12 de febrero, bajo la dirección del juez Juan Carlos Checkley.
El argumento central de la defensa se basa en la reciente modificación de la ley de crimen organizado, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. Según esta nueva normativa, se han establecido restricciones sobre los delitos que pueden ser considerados dentro de una estructura criminal, lo que, según el equipo legal de Castillo, invalidaría las acusaciones en su contra.
Fundamentos del recurso
El exmandatario es investigado por la presunta conformación de una red criminal en sectores clave del Estado, como los ministerios de Transportes y Vivienda, además de Petroperú. De acuerdo con la Fiscalía, esta supuesta organización tenía como objetivo facilitar actos de corrupción a través del direccionamiento de obras y concesiones públicas.
Actualmente, Castillo cumple 36 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo mientras se desarrolla la investigación. La medida fue impuesta tras ser imputado por los delitos de presunta colusión simple y tráfico de influencias agravado.
La estrategia de su defensa se sustenta en que, con la modificación de la ley, los cargos atribuidos al expresidente no calificarían dentro de los parámetros establecidos para la persecución de organizaciones criminales. Ante ello, han solicitado el archivo del proceso.
Decisiones previas del Poder Judicial
Como se recuerda, el pasado 4 de febrero, el Poder Judicial declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva solicitado por la defensa de Castillo. La decisión fue adoptada por el juez Juan Carlos Checkley, quien ratificó la vigencia de la medida coercitiva.
La Corte Suprema, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, resolvió que no existían elementos suficientes para revocar la detención del exmandatario, quien fue arrestado en diciembre de 2022 tras el intento de disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia, acción que desencadenó su destitución y posterior captura.
El equipo legal de Castillo argumentó que la prisión preventiva debía ser anulada debido a la existencia de nuevos elementos de convicción, citando disposiciones del Código Procesal Penal y normas sobre detención preventiva. Sin embargo, el PJ rechazó el pedido, señalando que las condiciones que motivaron la medida seguían vigentes.
Con la nueva audiencia programada para el 12 de febrero, el Poder Judicial deberá determinar si los cambios en la legislación justifican el archivo de la investigación contra el expresidente o si el proceso continuará su curso.
Juicio por el fallido golpe de Estado inicia en marzo
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha programado el inicio del juicio oral en contra del expresidente Pedro Castillo, la ex primera ministra Betssy Chávez Chino y otros seis acusados, entre los que figuran los exministros Aníbal Torres, Willy Huerta y Geiner Alvarado. De acuerdo con la resolución emitida el 31 de enero de 2025, las audiencias tendrán lugar a partir del martes 4 de marzo de ese mismo año.
El proceso judicial se llevará a cabo de manera presencial en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate Vitarte, Lima, y las sesiones tendrán lugar tres veces por semana, específicamente los martes, jueves y viernes, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Esta decisión establece un cronograma riguroso para tratar las graves acusaciones imputadas contra los acusados principales.
El proceso se fundamenta en una serie de cargos graves contra el exmandatario Pedro Castillo y la ex primera ministra Betssy Chávez, que incluyen delitos como rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
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