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Desde Arequipa, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se refirió a la ausencia de la mandataria Dina Boluarte. En declaraciones a la prensa, mencionó que no acudió a la 36 convención minera Perumin porque “se está preparando” para la citación en la Fiscalía, programada para este miércoles 27 de setiembre, a las 9 horas.
“Por las decisiones que tomó en defensa de la democracia, [Dina Boluarte] está preparándose para asistir a una diligencia judicial”, mencionó el jefe del gabinete ministerial durante su discurso en el evento minero; confirmando así la asistencia de la presidenta a la ampliación de declaración indagatoria que se desarrollará en las oficinas del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, en la sede central del Ministerio Público.
No es la primera vez que la jefa de Estado es citada a declarar, en calidad de investigada, por las muertes registradas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023. El pasado 6 de marzo, si bien respondió las preguntas de la Fiscalía, decidió guardar silencio ante las consultas formuladas por la Procuraduría General del Estado (PGE) y defensa de las víctimas que fueron parte de la diligencia.
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Cabe mencionar que la defensa legal de la mandataria, Joseph Campos, ha solicitado archivar la investigación, argumentando que “no hay posibilidad de atribuir responsabilidad objetiva respecto de algún tipo de participación de parte de mi patrocinada en los hechos materia de investigación, por cuanto, conforme a decisión constitucional de su alta investidura, con acuerdo del Consejo de Ministros, a través de los decretos supremos antes descritos, las fuerzas del orden tenían que ejecutar sus funciones de garantizar el orden interno respetando los derechos humanos, la constitucionalidad y legalidad en su actuación funcional”.
En diálogo con RRP, el abogado mencionó que la investigación “no tiene sentido en el escenario que se provocó por otros” y que se descartó “que haya existido alguna orden por parte de la mandataria respecto a las muertes”.
“Lo que hemos visto nosotros, y además calificado por la propia Comisión interamericana de Derechos Humanos, fue que ocurrieron manifestaciones violentas que de ninguna manera son susceptibles de ser calificadas como protestas. Lo que ha ocurrido son circunstancias lamentables que se están investigando, pero que no pueden escalar de manera directa”, explicó.
Asimismo, mencionó que, durante la convocatoria a las movilizaciones, la presidenta hizo llamados de calma, a fin de restablecer el orden interno, pero “aquí hubo alguien que mantuvo la zozobra y la violencia, y que provocó un contexto que tendrá que ser investigado”.
“Hay víctimas, todas se lamentan, en varios sitios, niños que han muerto producto de esta insana violencia que vivimos y también el suboficial (José Luis) Soncco, que fue lapidado y quemado (en Puno). Eso es parte de la evaluación para entender que el genocidio es absolutamente imposible”, agregó.
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Otárola y otros ministros también fueron citados
La investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves también alcanza al premier Alberto Otárola, quien deberá acudir el miércoles a las 14:30 horas; al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y los extitulares del Interior, Víctor Rojas y César Cervantes.
Cabe mencionar que, de acuerdo a un documento al que accedió Al Estilo Juliana, la autorización del uso de armas AKM durante las protestas venían por disposición “de los altos mandos policiales y de la presidencia de la República”.
“Las órdenes fueron dadas dentro del aeropuerto [de Juliaca] indicando que cada quien ya conocía su función, a lo que se refería era que los escuderos tenían que cubrir al escopetero para que lancen gas y los de [armas] AKM formaban aparte y le indicaba que si entra una persona ellos tienen la autorización de su Comando y de la Presidencia para hacer uso de armas de fuego”, detalló el suboficial de tercera de la Policía Nacional, Jhon Torres Yataco.
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