Violencia contra las mujeres recrudece y autoridades fallan al emitir medidas de protección que no se aplican

El ensañamiento y crueldad contra las mujeres va cuesta arriba. La madrugada del 21 de mayo, Mirley Yahaira Urcia Flores, de 32 años, caminaba tranquila cuando fue atacada ferozmente por su expareja, Alex Quesada Tello, en plena vía pública de Cajamarca. El feminicida le dejó profundos cortes y le fracturó el cráneo a la madre de tres menores y aunque estas heridas la terminaron matando, ella padeció un periodo de tortura, plagado de amenazas de muerte y maltratos físicos. Este fue un crimen machista que se pudo prevenir, ya que la víctima había denunciado en cuatro ocasiones a su agresor e incluso contaba con medidas de protección a su favor. ¿Qué falla a la hora de aplicar estas medidas de cuidado en favor de las víctimas de violencia de género?

En los últimos años los juzgados de familia han emitido unas 100 mil medidas de protección anualmente, en promedio, de acuerdo a información de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Estos instrumentos son variados e incluyen acciones como la prohibición del contacto entre la víctima con su agresor, el patrullaje constante al domicilio de la víctima, el retiro de la persona denunciada del hogar o el traslado de la víctima a la casa de un familiar, un Hogar de Refugio Temporal u otro centro.

Sin embargo, las víctimas reportan que no cumplen su cometido de prevenir nuevos actos de violencia, tal como le sucedió a Mirley. Para ella el Primer Juzgado Especializado de Familia de Cajamarca dispuso la instalación del aplicativo Botón de Pánico desde octubre del año pasado, a fin de que pudiese activarlo ante una posible agresión de Quesada. Esto no evitó que el sujeto se le acercara y la matara con suma violencia.

La Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar-LEY-N° 30364, desde el 2015, establece que los juzgados de familia tienen un plazo máximo de 72 horas siguientes a la presentación de la denuncia de una víctima para resolver las medidas de protección requeridas que sean necesarias. Sin embargo, estas pueden llegar mucho tiempo después.

La celeridad en el proceso está establecida en la norma y apunta principalmente a que las víctimas puedan obtener las medidas de protección y cautelares necesarias a la brevedad posible, de manera tal que se eviten nuevos actos de violencia, que pueden llegar a convertirse en feminicidios.

Especialistas coinciden en que el marco normativo es óptimo, pero el problema llega cuando se trata de aplicar adecuada y oportunamente estas medidas de protección.

“Jurídicamente la Ley 30364 es una norma que protege a las mujeres. Lamentablemente en la práctica no las está protegiendo efectivamente a las mujeres. Y por eso es que cuando se producen feminicidios nos damos cuenta de que ellas ya habían denunciado a sus agresores. Ahí vemos que nuestro sistema de protección, o sea el engranaje, el cumplimiento de la norma no está funcionando. Ya sea porque las autoridades aún tienen una visión machista o porque los policías no tienen un adecuado expertise por falta de capacitación”, explica Lilia Ramirez, especialista en temas de género de la organización feminista Manuela Ramos.

Desde el 2016 hasta el 2019 se emitieron poco más de medio millón de medidas de protección, pero incluso el Poder Judicial reconoció la imposibilidad de ejecutarlas debido al número tan elevado de denuncias y la política de otorgar protección a la gran mayoría, al 70% en ese periodo.

Esta dificultad se origina principalmente por la falta de un número adecuado de personal policial que se dé abasto para patrullar los domicilios de las víctimas o realizar visitas, según el Poder Judicial.

Carolina Garcés, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, precisa que son los policías los funcionarios encargados de cumplir las medidas de protección, pero luego los juzgados de familia no supervisan el cumplimiento de estas, por lo que se advierte una falta de fiscalización y entrega coordinada de información entre instituciones que integran el sistema de justicia.

El Texto Único Ordenado de la Ley N° 30364 dispone que en caso de incumplimiento de las medidas de protección o cautelares, los juzgados de familia deben poner en conocimiento del Ministerio Público a fin de que se inicie la investigación por la comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.

Aún así, en un informe del 2020, la Defensoría del Pueblo alerta que el 70% (76) de las Fiscalías Especializadas de Violencia contra la Mujer reportó no contar con información de los juzgados de familia sobre el incumplimiento de las medidas de protección o medidas cautelares dictadas, el 24% (26) de estas no recibe comunicación del juzgado por estos motivos y solo un 6% (6) señaló que sí les comunican el incumplimiento de estas medidas, a fin de iniciar procesos de resistencia a la autoridad.

Por su parte, la investigación “Rutas de atención estatal a las víctimas de violencia de género. Entre legados e innovaciones”, de Stéphanie Rousseau, Eduardo Dargent y Aurora Escudero, promovida por el CIES y publicada en el 2019, advierte que aunque hay un incremento de comisarías y Centros de Emergencia Mujer (CEM) en los últimos años, estos aún se reportan recursos y personal insuficientes. Según el estudio, este panorama se presenta debido a que la lucha contra este flagelo presenta una baja prioridad estatal.

También advierten que el personal y los recursos materiales son insuficientes para responder efectivamente a la demanda de atención en temas de violencia de género. Incluso funcionarios de los Centros de Emergencias de Mujer (CEM) alertan sobre la alta carga del trabajo dentro de la oficina, seguimiento a los procesos judiciales o para asegurarse que las medidas de protección sean efectivas, como acompañar a las denunciantes a casas de acogida o donde sus familiares.

“El problema de estas manifestaciones de violencia, que son consecuencia de la discriminación que persiste contra las mujeres, se da de un lado porque muchas veces también los funcionarios y las funcionarias, llámese Poder Judicial, Policía Nacional, Ministerio Público, los propios CEM o establecimientos de salud tienen de manera consciente o inconsciente estereotipos que hacen que no haya una eficaz protección pero por otro lado también están estos problemas estructurales como la insuficiencia del personal de la Policía, el hecho de que muchas veces no puedan hacer el patrullaje para el cumplimiento de las medidas de protección y vigilancia porque no cuentan a veces ni con la gasolina o con los vehículos necesarios o con insuficiente número de policías”, reflexiona Carolina Garcés.