Ministro de Justicia responde sobre ‘Ley de impunidad’: “No creo que el Congreso favorezca a un grupo o red criminal”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Daniel Maurate, se refirió a la norma denominada como ‘Ley de impunidad’. Esta modifica el el artículo 84 del Código Penal que determina que el plazo de “suspensión de prescripción” no deberá superar un año, esto una vez presentada la investigación preparatoria desde la Fiscalía ante el Poder Judicial.

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Esta ley también modifica el artículo 339 del Nuevo Código Procesal Penal para establecer que la “formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código Penal”.

La medida ya ha sido ratificada por el Ejecutivo presidido por la presidente Dina Boluarte y ha sido cuestionada, por distintos sectores, por considerarse una forma de obstrucción a la justicia en el marco de los casos como ‘Los Niños’, ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y Lava Jato.

Al respecto, el titular del MINJUSDH consideró este miércoles 31, en diálogo con Radio Nacional, que el Congreso de la República no tendría ningún otro interés detrás al aprobar la medida promulgada el último jueves 25 de este mes.

“Pensando en buena fe, no creo que el Congreso haya dado una ley para favorecer a determinado grupo y organización criminal. Más bien pienso que el Congreso lo que quiere es que la gran población que se encuentra sometida a un proceso penal no tenga procesos largos y eternos”, aseveró.

El integrante del Gabinete Ministerial, liderado por el premier Alberto Otárola, respaldó de esta manera la la Ley 31751 que realiza cambios en el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal.

“No creo que el Congreso tenga ese propósito malsano. Más bien pienso que el Congreso está pensando en la gran población que está sometida a juicios largos e interminables”, aseguró.

Presidente del Congreso cuestiona norma

El titular del Poder Legislativo, José Williams Zapata (Avanza País) también fue consultado sobre esta norma. A su salida de la sede parlamentaria, respondió algunas de las interrogantes de los medios de comunicación.

Frente a la prensa, el máximo representante del Congreso consideró que esta polémica ley sí podría beneficiar a un amplio número de investigados que sí cuenten con responsabilidad en delitos atribuidos.

En este marco, Williams Zapata consideró que el periodo de “un año”, establecido por esta norma, podría quedar excesivamente corto.

“Es cierto que es muy probable que, así como camina lamentablemente la justicia por sus trámites, por la falta de presupuesto y también por sus competencias, que los tiempos vayan a vencer. Un año como que queda bastante corto para solucionar el problema y podrían haber algunas personas que son presuntos delincuentes y beneficiarse”, aseguró.

Por ahora, solo dos legisladoras, de diferentes grupos parlamentarios, han confirmado que analizan las acciones que podrían tomar frente a esta norma.

Mientras que la congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, manifestó que considera presentar otro proyecto de ley para contrarrestar la medida, su colega de Renovación Popular, Gladys Echaíz, manifestó que evalúa promover una iniciativa parlamentaria para derogar la norma y descartó recurrir al Tribunal Constitucional pues, según detalló, no se trata de una infracción a la Constitución lo sucedido; informó El Comercio.