
El pasado miércoles 24 de mayo, un empresario acabó con la vida de un presunto ladrón que ingresó a su negocio y habría intentado hacer daño a su esposa y a su hijo de 11 años. La cámara de seguridad del restaurante, donde ocurrió el hecho, registró cuando el sujeto escondió un objeto en su bolsillo y agredió verbalmente a la familia del empresario, quien le disparó con un arma que portaba de forma legal.

Sobre este acontecimiento, la abogada penalista Romy Chang explicó que se trata de un caso de legítima defensa, por lo que el empresario no debería estar detenido en la comisaría de Villa El Salvador y la Fiscalía debió haber archivado la denuncia.
“Yo creo que este es un caso clásico de legítima defensa porque estamos hablando de un supuesto donde el delincuente ingresa haciendo un ademán, además que busca engañar a las víctimas y hacerles creer que tiene un arma o que porta algún arma blanca o arma de fuego con el que puede hacerles daño. Es más, los amenaza de muerte. Entonces, en ese contexto, quien reacciona, que es el padre, lo hace para defender a sus familiares en legítima defensa de terceros. (...) Sobre eso, además, ya nuestros tribunales se han pronunciado”, explicó la abogada Chang en ‘Al Estilo de Juliana’.
Lo que el Poder Judicial ha resuelto en casos similares a este es que las víctimas reaccionaron para defenderse. La especialista en derecho penal explicó que es necesario la presencia de dos elementos para concluir que se cometió un delito.

El primero es que se compruebe que la persona cometió el crimen y el segundo es que esa conducta delictiva no se encuentre justificada en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la justicia peruana permite que un ciudadano actúe para defenderse si su vida se encuentra en peligro.
“Entonces, al no cumplirse el segundo requisito, no debería haber delito y la investigación debió haberse archivado ayer y ese señor debió haber dormido en su casa”, aclaró.
Cabe resaltar que, desde la comisión de un presunto delito, el presunto perpetrador puede estar detenido por un plazo máximo de 48 horas.
Si el fiscal a cargo del caso determina que el empresario no actuó en legítima defensa formalizará una investigación y pondrá a disposición del Poder Judicial al detenido. Es decir, pedirá una medida como la prisión preventiva para que se mantenga tras las rejas mientras investiga los hechos.
“(Con esto), estaría diciendo que no acepta el argumento de la legítima defensa, que bueno es bastante obvio por lo que vemos en las imágenes en este caso”, afirmó.
Sobre la legítima defensa, Chang dijo que el Código Penal permite que un ciudadano reaccione si se encuentra bajo amenaza o sospecha de que podrían atentar contra su vida.
Sin embargo, bajo el argumento de que la reacción de disparar fue desproporcionada, la abogada dijo que no se puede exigir que una persona ataque con el mismo arma que usa el delincuente que lo amenaza.
“El Código Penal claramente lo dice. Hubo incluso una modificación legislativa al respecto. No es ‘arma igual o arma igual’; es la situación. Hay que mirar racionalmente el caso”, precisó.
Respecto al hecho de que el empresario no le haya disparado en una zona no letal, Chang respondió que no se puede exigir esto al ciudadano que busca defenderse porque precisamente se encuentra en una situación apremiante.
“Nosotros no podemos partir de que el derecho exige que todos seamos superhéroes y que podamos calcular en ese momento ‘ah, ok, le voy a disparar en el dedo pulgar, le voy a disparar en el pie, le voy a esperar en la pierna’, porque la situación es apremiante para la persona. Hablamos de un menor de 11 años”, agregó.
Asimismo, en caso el empresario hubiese disparado en el pie, se arriesgaba a que el presunto ladrón atacara a su familia, a quienes previamente amenazó.
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