¿Defensoría del Pueblo podría adherirse al carácter conservador del Congreso y convertirse en un riesgo para la comunidad LGBT? Esto advierten las expertas

Josué Gutierrez, el nuevo defensor del Pueblo, afirmó que homosexualidad es una “deformidad que hay que corregir”. Esta declaración la brindó durante el proceso de selección que enfrentó para ocupar su cargo actual. Al respecto, especialistas en temas de género conversaron con Infobae y afirmaron que la Defensoría es una institución que debería mantener una postura clara a favor de los derechos humanos, pero hoy corre el riesgo de que comparta el caracter conservador del Congreso de la República.

La Defensoría del Pueblo debería ser una entidad que garantiza y protege los derechos de la población. Sin embargo, parece que su nuevo titular no coincide con ello. Aunque aseguró que actuará a favor de los derechos de los peruanos, la presencia de Gutierrez continúa pareciendo una amenaza.

Para la abogada Brenda Álvarez, especialista en temas de género, las declaraciones de Josué Gutierrez revelan la poca preparación técnica que tiene para ocupar su cargo actual. “La Defensoría del Pueblo debe tener como posición la defensa de los derechos de la ciudadanía. Existe un piso mínimo que es el reconocimiento de los derechos y estas afirmaciones ponen en manifiesto la falta de idoneidad para el puesto”, cuestionó.

De acuerdo a la letrada, la llegada del funcionario a esta entidad podría poner en riesgo la defensa a asuntos de género como la comunidad LGBT, violencia contra la mujer y comunidades vulnerables. “Existe ese riesgo, pero no debería. No debería ser necesariamente un obstáculo para que la Defensoría del Pueblo siga cumpliendo sus tareas [...] allí lo que va a tocar es defender el mandato constitucional que recae en la figura del defensor o defensora del Pueblo”, puntualizó.

Álvarez afirmó que el nivel de riesgo dependerá de qué tanto reconozca la nueva autoridad el límite entre las concepciones personales y garantías institucionales. “En mi opinión, eso podría constituir una situación de riesgo para que la Defensoría del Pueblo no cumpla con las funciones y obligaciones que le tienen encomendada en la Constitución Política”, dijo.

La directora de Proyecta Igualdad afirmó que este órgano autónomo tiene una posición clara con respecto a los temas referidos, por lo que no deberían existir problemas para pronunciarse en contra de iniciativas legislativas que atenten contra estos derechos.

“Lo que está en discusión ahorita respecto a la garantía de los derechos de las personas LGTBI es el reconocer si es que son o no titulares del derecho a la igualdad y no discriminación. Esta discusión ha sido saldada hace mucho tiempo en el Tribunal Constitucional, es decir, ni siquiera es una discusión que debería darse y que todos los abogados deberían mínimamente conocer. Esto es aún más exigible para quien detenga la posición de Defensor del Pueblo”, finalizó.

Para Susana Chávez, directora de la organización Promsex, el nuevo funcionario público ha evidenciado el poco conomiento de políticas de género que existen a nivel internacional que respaldan la existencia de la homosexualidad como una orientación sexual y no como un tema “patológico”.

“Es un enorme desconocimiento del tema y, junto a ello, un atentado contra derechos a estas personas. El defensor aún no se ha enterado que la Organización Mundial de la Salud hace más de 20 años ha dejado de ver a la diversidad sexual como una patología, sino como características particulares de personas que sienten atracción o se identifican de una manera distinta. Y eso es parte de reconocer identidad de la gente”, explicó a Infobae.

La experta en políticas públicas en salud resaltó que el hecho que un funcionario atente contra la integridad de las personas pone en riesgo el funcionamiento de una entidad como la Defensoría del Pueblo, cuyo enfoque debería ser la protección, promoción, defensa y garantía de los derechos de la población.“Es muy peligroso porque deja en desamparo las denuncias, demandas, exigencias de derechos que justamente ya han sido plenamente reconocidos”, indicó.

Chavez informó que este es un caso totalmente nuevo, pues anteriormente no se han identificado defensores del Pueblo que incluyan mensajes discriminatorios en sus discursos. Por ello, aseguró que este comportamiento podría servir para “inaugurar una política homofóbica en el país”.

La directora señaló que no es posible contemplar estas posturas discriminatorias cuando Perú aún está pendiente de cumplir las sentencias de la Corte IDH por discriminación y violencia a miembros de la comunidad LGBT.