Junta Nacional de Justicia, JNE y ONPE en la mira del Congreso: los intereses detrás de las iniciativas legislativas

Josué Gutierrez se convirtió en el nuevo defensor del Pueblo. Pese a los tres pedidos de reconsideración de votos y las polémicas que envuelven al exabogado de Vladimir Cerrón, el Congreso de la República continuó con su proceso de nombramiento, cuya decisión se concretó este viernes en la sede de Palacio Legislativo.

Se supone que la Defensoría debería ser una entidad capaz de pronunciarse en contra de autoridades si estas atentan o vulneran los derechos de la población, en otras palabras, que no responda a ciertos partidos políticos. Por este motivo se alega a su principio de autonomía. Sin embargo, desde el primer día de Gutierrez en el cargo, esto fue omitido.

El exasesor de la bancada de Perú Libre agradeció la intervención de las agrupaciones políticas para su designación. “Debo reconocer la participación activa en la política de Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Somos Perú, Renovación Popular y otros partidos”, dijo el nuevo funcionario en su discurso de juramentación.

Una de las principales preocupaciones es que, al ser defensor del Pueblo, encabezará la Comisión Especial encargada del concurso público para la elección de los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad estatal encargada del nombramiento de jueces y fiscales.

¿Por qué es esto peligroso? Pues los congresistas que votaron a favor de su elección están investigados por el Ministerio Público, órgano donde residen los operadores de justicia designados por la JNJ y que se encargarán de llevar adelante los procesos de los parlamentarios cuestionados.

Por ejemplo, el líder de Podemos Perú (PP), José Luna Gálvez, está investigado por cohecho activo y lavado de activos, además de otros delitos que se le imputa. En el caso de Alianza Para el Progreso (APP), la congresista Rosío Torres mantiene una investigación fiscal por el presunto delito de concusión luego de que se difundiera una denuncia en su contra por supuestamente recortar el sueldo de sus trabajadores parlamentarios.

El Tribunal Constitucional (TC) también está envuelto en este caso. El próximo año vence la gestión de Francisco Morales Saravia, actual presidente del TC. Para la elección del nuevo titular, se crea una Comisión Especial que llevará a cargo el concurso público para elegir al nuevo representante del órgano constitucional.

Para nombrar al nuevo líder del TC se requieren también 87 votos a favor, un número similar al que obtuvo Josué Gutierrez en el Pleno del Congreso. En otras palabras, las mismas bancadas que se aliaron para elegir al exasesor de Perú Libre podrían planear también la selección del nuevo titular del TC.

Esta figura será uno de los integrantes de la Comisión Especial que se encarga de seleccionar a los nuevos magistrados de la JNJ, junto al defensor del Pueblo, la fiscal de la Nación y el contralor.

En el marco de las polémicas, críticas y cuestionamientos que lo rodean, durante la ceremonia de juramentación, Josué Gutierrez pidió a la ciudadanía otorgarle el beneficio de la duda y confiar en él como próximo defensor del Pueblo. El actual funcionario descartó que vaya a seguir una agenda política en su nuevo rol. “La Defensoría tiene que ser independiente de cualquier ideología”, precisó.

“Es necesario establecer criterios de proyección para poder trabajar juntos (con el Congreso). Quiero que este Congreso ayude a construir esperanza en la sociedad, a una sociedad que ya no cree. Desde la Defensoría iniciaremos un proceso que nos ayude a enfrentar nuestros verdaderos problemas”, dijo

El nuevo representante de la Defensoría hizo énfasis en su deseo por que la población peruana tenga más aceptación al Poder Legislativo. “La Defensoría del Pueblo tiene que ser coadyuvante, para que la gente empiece a querer a su Congreso, para que la gente entienda que hay un sistema de justicia célere, eficaz”, precisó.