Director de Human Rights Watch: “Boluarte debe reconocer que hubo violaciones de derechos humanos en las protestas”

El Perú vive un clima de polarización, caída institucional y conmoción desde que entre diciembre del año pasado se sucedieron, en menos de dos meses, las muertes de 49 civiles, entre los que se incluyen ocho adolescentes. La mayoría de ellos falleció tras ser heridos por proyectiles que fueron disparados por armas oficiales de las fuerzas del orden. Ante esto, reconocidos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y, más recientemente, la ONU han señalado que hay evidencias contudentes del uso letal y desproporcionado de la fuerza ejercida por la Policía y el Ejército contra los manifestantes que protestaron clamando por nuevas elecciones. Además, los informes enfatizan en que el gobierno de Dina Boluarte no ha presentado evidencias de que las marchas estén relacionadas con el terrorismo o actividades ilícitas, como constantemente han argumentado a fin de evitar responder por sus responsabilidad política.

En entrevista para Infobae Perú, César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de la organización internacional Human Rights Watch sostiene que resulta complicado que el gobierno establezca un diálogo con las víctimas de la represión mientras no se reconozca que tuvo responsabilidad por el alto número de muertes. Esto porque, según argumenta, a fines del 2022 ya existían evidencias de violaciones contra los derechos humanos, pero la gestión de Boluarte no tomó acciones para impedir que hechos como la masacre de Juliaca, donde murieron 17 personas en un solo día, ocurrieran, pese a que ya había advertencias de la comunidad nacional e internacional.

En el informe de Human Rights Watch ustedes recomiendan al gobierno, entre otras cosas, poner fin a la estigmatización contra los manifestantes. ¿Consideran actualmente que esto se está cumpliendo?

Yo creo que esa recomendación sigue vigente. Yo no he visto declaraciones sobre las protestas del gobierno desde que publicamos el informe, entonces no te puedo decir si lo están cumpliendo o no, pero diría es que es muy importante que el gobierno respete el derecho a la protesta pacífica, que tienen todos los peruanos y las peruanas.

Y las personas que han salido a las calles tienen demandas legítimas que deberían ser discutidas a nivel nacional. Debería haber un diálogo nacional sobre esto. Y estigmatizar a las personas, asociarlas con el terrorismo, sin ninguna evidencia, es muy perjudicial.

Para citarle un ejemplo, hace un par de días la presidenta se refirió a los fallecidos, pero trasladó la responsabilidad hacia su antecesor Pedro Castillo. Y también se refirió a los manifestantes como piquetes enviados por el expresidente, financiados por el narcotráfico y actividades legales.

Sí, lo que diría es que el gobierno insiste en tratar a los manifestantes como delincuentes. Y eso es muy perjudicial porque realmente lo que sabemos es que, en realidad, la mayoría de las protestas fueron pacíficas. Ese es el registro que hizo la Defensoría del Pueblo.

Obviamente sí hubo actos de violencia por parte de grupos de manifestantes, pero no fue la mayoría de la gente. Y esa violencia por parte de los manifestantes se tenía que responder de forma proporcional y dirigida solo a esas personas.

Y lo que vimos en la respuesta del Estado fue una respuesta desproporcionada, indiscriminada, contra cualquiera que estaba allá y brutal que resultó en una tragedia.

El informe de Human Rights y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cataloga las muertes masivas que ocurrieron en Ayacucho y Juliaca como posibles ejecuciones extrajudiciales y masacres, pero el gobierno calificó el uso de estos términos como “simplistas. ¿Qué opinión tienen respecto a ello?

Sería muy importante que el gobierno reconozca que ha habido abusos de derechos humanos porque toda la evidencia es contundente y viene de muchas fuentes. Está nuestro informe, pero hay otros que llegan básicamente a la misma conclusión.

El peor ciego es el que no quiere ver. Y el gobierno ha tenido una ceguera voluntaria de mirar para otro lado cuando ocurrían estos abusos.

Y el segundo paso es qué hacemos para que no vuelvan a ocurrir y para que haya justicia en esos casos. Eso es fundamental.

Obviamente la cuestión de la investigación penal es muy importante para encontrar responsabilidades, pero también son necesarias medidas de reforma, por ejemplo, de la Policía, para que no vuelvan a ocurrir estos abusos. Y en eso el gobierno está absolutamente callado.

No ha dicho a la sociedad cómo va a prevenir que en futuras manifestaciones y protestas que puede haber en Perú, es lógico pensar que pueden haberlas, no se van a repetir estos hechos. Eso es una respuesta muy importante que el gobierno tiene que dar. Claro, entiendo.

Ahora que menciona el acceso a justicia, en base a la información que ustedes han revisado y las conversaciones que han tenido con las víctimas, ¿consideran que las investigaciones fiscales se están desarrollando de manera independiente, como constantemente el gobierno señala?

Nuestro informe identifica graves problemas con las investigaciones. En los momentos iniciales especialmente. Hay algunos casos, por ejemplo, el hecho de que no hiciesen las pruebas de absorción atómica en las manos a las fuerzas de seguridad, un tipo de prueba que si no se hace en las primeras horas se pierde. Es la prueba que va a demostrar si una persona disparó un arma de fuego o no.

También vimos que en algunos lugares la Fiscalía no fue a recoger las imágenes de las cámaras de seguridad. Y eso también puede ser problemático porque esas imágenes no se quedan grabadas permanentemente. Depende del sistema, del propietario, pero cuesta mucho guardar todo. No ocurre así, por eso hay que ir a por ellas.

También vimos que no decomisaron las armas de las fuerzas de seguridad. Entonces, para los informes de balística son imprescindibles.

Human Rights Watch también recomienda al gobierno invitar a un grupo de expertos internacionales que ayude en la mediación de la crisis.

Ahora, la Fiscalía puede y debe investigar imparcialmente y exhaustivamente lo que ocurrió. Y no solo a las personas que dispararon, sino a sus superiores y a las autoridades civiles que permitieron que eso ocurriera. Nosotros creemos que en ese sentido es fundamental que el gobierno invite a un grupo de expertos internacionales para coadyuvar en esas investigaciones.

Estos grupos de expertos han funcionado muy bien en otras ocasiones, en otros países. En una situación parecida en Bolivia, donde hubo protestas y muertes también hicieron un informe excelente que ayudó, es el informe de referencia de lo que ocurrió en esos hechos. Entonces, nosotros instamos al gobierno a que haga ese pedido porque no puede ocurrir si el gobierno no invita a este grupo, que estaría enmarcado en un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA).

¿Y qué organizaciones o expertos participarían en una comisión de este nivel?

La forma en la que se ha organizado en otros lugares ha sido a través de un acuerdo por escrito entre el gobierno, la OEA y la CIDH, en la donde se determina el mandato de este grupo y la elección de las personas que van integrarlo.

Estas personas no representan organizaciones, están a título personal y son especialistas en derechos humanos de gran reputación.

Por ejemplo, en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia estaba Juan Méndez, que ha sido relator de la ONU sobre tortura. En el grupo de México estaba Francisco Cox, un abogado chileno de gran reputación de derechos humanos, por ejemplo. Estas personas son escogidas por ser imparciales y por tener una trayectoria en materia de DD.HH.

¿Considera que esto es vital porque el diálogo dentro de Perú, entre la población, instituciones y gobierno está quebrado?

Yo creo que Perú está en un momento de muchísima polarización y es verdad que ha tenido comisiones de investigación en el pasado. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al final era una comisión de investigación o el grupo que dirigido por Mario Vargas Llosa tras la muerte de los periodistas de Uchuraccay.

En Perú realmente hay juristas muy valiosos y con una experiencia excelente, pero el problema es la polarización y creo que sería muy difícil escoger a personas dentro de Perú que no fuesen criticadas por uno u otro lado. De ahí la idea de escoger a personas de fuera que sean imparciales, pero que tengan una experiencia reconocida en temas de derechos humanos. Hay personas en América Latina que pueden hacer este papel.

Hay un aspecto que llama la atención del gobierno, que por un lado invitan oficialmente a organismos internacionales como la CIDH, por ejemplo, y la ONU más recientemente. Y tienen esta apertura de darles información, de enviarlos con tales y tales autoridades, pero finalmente tras la publicación de los informes y la emisión de las recomendaciones o conclusiones, no las adaptan. ¿Esto debe generar preocupación? No sé si ustedes lo han identificado.

No qué pasa por la cabeza de las personas en el gobierno, ni sus objetivos, no puedo interpretar eso. Lo que sí que diría es que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un informe muy valioso, que tiene recomendaciones importantes que deberían ser adoptadas por las autoridades en nuestro juicio.

Ahora, yo creo que ahí está el papel de la sociedad peruana y nosotros también, de pedir y presionar al gobierno para que adopten esas medidas.

Y nosotros sabemos que, primero, la Fiscalía puede tardar mucho tiempo en estas investigaciones, pues son muy complejas. Por ejemplo, el caso de Inti y Brian, los dos jóvenes que murieron en las protestas de 2020, continúa impune. Y entonces fueron solo dos muertes y aquí estamos hablando de 49. Entonces, la respuesta que puede dar la fiscalía puede demorar y en cierta medida es entendible porque es una investigación compleja, pero no se puede quedar simplemente en eso.

Hay una cuestión de un evento traumático en la historia residente del Perú que necesita respuestas y necesita acciones inmediatas para prevenir que vuelva a ocurrir, para que haya, digamos, una rendición de cuentas, incluyendo de los problemas estructurales que llevaron a las muertes y a la violencia. Eso va más allá de la cuestión de las investigaciones penales.

Por eso yo insisto que hay un papel importante de este grupo de expertos independientes, para que ayuden a identificar esos problemas estructurales y presentar recomendaciones para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas de Perú. Eso va más allá de lo que es una investigación penal.

¿Es lo que demanda este momento histórico en el Perú, que está viviendo la sociedad peruana?

Yo creo que sí, es un momento muy delicado de la historia de Perú. Tiene que haber respuestas adecuadas en este momento porque si no las hay va a convertirse en un peso en la historia de Perú. Va a ser siempre un momento en el que vamos a mirar atrás y dijimos, mira lo que pasó y no se hizo nada, no hubo cambios. Hubo impunidad. Eso sería terrible para Perú. Terrible.

Y continuaría con la división en la sociedad. Lo que es necesario es justicia, primero.

Quien haya violado la ley tiene que responder por eso, de todos los lados, más allá de cualquier ideología política, eso es irrelevante.

¿A estas alturas consideran que el gobierno ha condenado enfáticamente las muertes ocurridas más allá del discurso o aún se queda corto en ese aspecto?

El gobierno numerosas veces ha dicho que lamenta las muertes y obviamente hay que lamentarlo, pero lamentarlo no es suficiente. Yo lamento las muertes, pero voy a hacer algo para que no ocurran más. O voy a hacer algo para que haya justicia. Ese segundo paso es donde se está quedando corto.

¿Y reconocen iniciativas de diálogo?

Es fundamental que haya diálogo, un diálogo nacional en Perú. Y también regional a nivel de las distintas regiones y lugares porque hay también quejas y reivindicaciones que son específicas de los lugares.

Pero yo creo que para que haya ese diálogo primero el gobierno tiene que dar unos pasos previos. Uno, un paso previo es reconocer la violación de derechos humanos. Pues si no lo reconoce, la gente que ha sufrido esos abusos no va a querer dialogar. O sea, ni siquiera reconocen que hubo esas violaciones y en el discurso público se trata a los muertos con sospecha en muchos lugares, como si fuese culpa de ellos que murieron.

Eso es lamentable y las familias están profundamente frustradas y enfadadas por eso, por ese trato que se hace a los fallecidos. Volviendo a la idea inicial, el gobierno tiene que dar esos pasos iniciales y después, dado el clima de polarización del país, nosotros creemos que sería imprescindible tener una mediación en ese diálogo, que podría venir de agencias de la ONU, agencias regionales o la comunidad internacional.

En cualquier gobierno o sociedad democrática, ese alto número de muertes, entre las que lamentablemente se incluyen ocho adolescentes, sostener un gobierno sería casi imposible. Desde su percepción y experiencia,¿qué es lo que permite que en Perú suceda algo tan extraordinario?

Eso realmente va más allá de lo que sería nuestro expertise. Lo que sí me parece es que Perú está en un momento muy delicado, no solo por las muertes que ocurrieron sino también porque hay una degradación del sistema democrático en el país y lo estamos viendo con las recientes decisiones del Congreso, la decisión de nombrar a un defensor del Pueblo que no tiene trayectoria en derechos humanos, que es una persona de cariz político para dirigir una institución que debería ser imparcial y velar por los derechos humanos, que hizo un trabajo excelente durante las protestas.

Realmente es un intento de neutralizar a la Defensoría, en lugar de cerrarla, la quieren acallar. Eso es muy preocupante.

Y también la ley mordaza, que es un intento de intimidar a la prensa.

Finalmente ¿Hay responsabilidad política del gobierno de Boluarte sobre las muertes? Usted mencionó un término que es “mirar al costado” mientras ocurrían.

Sí, para nosotros es claro que en diciembre del año pasado ya había evidencia del uso desproporcionado de la fuerza y de abusos. Nosotros lo dijimos en una nota de prensa que publicamos en diciembre, después de lo que ocurrió en Ayacucho. Pero lo dijo la Unión Europea también y lo dijeron muchísimas voces dentro del Perú.

Ahora el gobierno no puede decir que no sabía y en ese momento no tomó medidas adecuadas para prevenir más muertes. Eso es muy lamentable porque con una acción decidida en aquella época tal vez no habría habido tantas muertes como hubo.