Procuraduría solicita reparación civil de más de S/ 67 millones por golpe de Estado de Pedro Castillo

Debido al golpe de Estado perpetrado el siete de diciembre del año pasado, la Procuraduría General del Estado (PGE) estimó un monto de reparación civil de más de 67 millones de soles que debería pagarse entre todos los sentenciados del caso.

La institución solicitó su inclusión en las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo, autor del quebrantamiento del orden democrático, como un actor civil. El pedido se realizó ante el Poder Judicial.

En la actualidad, la exfigura presidencial de Perú Libre reside en una celda en el penal Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, tras recibir una orden de prisión preventiva —posterior a la vulneración del orden constitucional— por 18 meses por la supuesta comisión de rebelión y, alternativamente, conspiración.

Sobre él, además, recae otra medida similar por un plazo de 36 meses, esta vez, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, ocurrido meses después de su internamiento.

Castillo Terrones no es el único que está incluido en las diligencias de la Fiscalía por este hecho. La entidad también investiga a la ex primera ministra Betssy Chávez; el exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y expremier Aníbal Torres; y los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta, extitulares de las carteras de Comercio Exterior y Turismo y del Interior, respectivamente.

El procurador general del Estado, Daniel Soria, envió un oficio al juez Juan Carlos Checkley —magistrado que dictó las dos órdenes encarcelamiento preventivo de Castillo— donde precisó que los delitos rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública configuran un perjuicio patrimonial que tiene una alta suma indemnizatoria.

Esta se estimaría en 17 millones 711 mil 048.33 soles, mientras que por el daño extrapatrimonial, debería sumar unos 50 millones de soles. De acuerdo a lo especificado, los imputados hallados culpables deberán abonar de forma solidaria un monto total de 67 millones 711 mil 048.33 soles, según la calidad y grado de intervención que cada uno de los investigados habría tenido en el caso.

“Adicionalmente a ello, se debe dejar constancia que se trata de un monto inicial provisional, por lo que no es exigible en esta etapa acreditar el monto final de la reparación civil que se pretende”, se lee en el texto.

En este sentido, la PGE también destaca que nuevos elementos podrían aparecer en la investigación, lo que podría generar una posible variación en el monto inicial solicitado.

“Asimismo, esta Procuraduría General del Estado se reserva el derecho de variar y/o incrementar el monto postulado, tanto por daño patrimonial como por daño extrapatrimonial que se haya generado al Estado peruano, en función de mayhores y nuevos elementos de convicción que surjan de la investigación y que acrediten los daños generados al Estado peruano”, puntualizan.

En el Poder Judicial, además, también reside un recurso de tutela de derechos presentada por la defensa legal de Castillo Terrones. El objetivo de esta medida es el archivamiento del delito de rebelión que se le imputa al docente de Cajamarca.

Recibido el oficio de la Procuraduría, el juez Checkley deberá programar una sesión judicial para analizar la posible incorporación de la entidad en el caso por el golpe de Estado castillista.

Si el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria accede a la solicitud, la suma final de la reparación civil se conocerá al finalizar las investigaciones en curso, es decir, cuando el Ministerio Público concluya con estas diligencias y presente su acusación contra los implicados.

El pago de este dinero está condicionado al eventual juicio por este caso: los imputados deberán ser condenados para estar sujetos a este cobro.