Comisión que investigará muertes en protestas aún no se instala por falta de representantes de partidos

¿Impunidad? El Congreso de la República acordó hace cuatro meses crear una comisión especial que investigue responsabilidades políticas y penales por las muertes ocurridas durante las movilizaciones sociales en contra del Gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, esta iniciativa aún no se concreta por falta de representantes de las bancadas.

La llegada de la presidenta Boluarte al poder fue conflictiva y dejó, al menos, 60 muertes a nivel nacional. Los altos niveles de violencia afectaron gravemente a regiones como Ayacucho, Puno y Andahuaylas, donde se registraron hasta 9 fallecidos en menos de 24 horas como producto de estas protestas.

Ante esta lamentable situación, ciertos grupos parlamentarios del Poder Legislativo decidieron tomar cartas en el asunto y crear una comisión que se dedique a indagar quiénes son los responsables a nivel político y penal. Las bancadas tutiveron desde inicios de abril para proponer a sus representantes, pero esto aún no sucede. La falta de voluntad política para comenzar con las investigación impiden que se instale la comisión.

El 12 de enero la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú solicitaron crear una comisión especial para investigar las responsabilidades en las muertes registradas en las movilizaciones contra el régimen Boluarte. La iniciativa pretendía determinar “presuntas responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos tales como la vida y la integridad física en contra de ciudadanos y agentes del orden”.

Misteriosamente, 45 congresistas se opusieron a que se desarrollen estas indagaciones. Se trata de los integrantes de Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP), Alianza Para el Progreso (APP) y Avanza País. Uno de los argumentos en contra lo dio el parlamentario Jorge Montoya y alegó que le compete a la fiscalía investigar sobre estos hechos.

“[La Fiscalía] tiene los elementos para poder comprobar las cosas. Luego de ese resultado podríamos ver la responsabilidad política que tendría alguien. Hacer una investigación de esta naturaleza, a nivel Congreso, significa que vamos a especular y actuar por temas ideológicos más que por temas reales”, precisó.

El 24 de enero, la derechista Adriana Tudela presentó una reconsideración para establecer principios de neutralidad para investigar estos fallecimientos, pues refería que esta iniciativa tenía carga ideológica que podía vulnerar el proceso de investigación.

El 3 de marzo, el Pleno del Congreso decidió agendar la votación de este recurso. No obstante, nuevamente las bancadas de Renovación Popular (RP), Avanza País, Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP) y Acción Popular se mostraron en contra de la creación de esta norma, pero el proceso continuó en marcha.

A partir de la fecha mencionada comenzaba el período de tiempo para la instalación de la comisión, pero pasaban los días y no se establecían las especificaciones para su conformación. Recién un mes después, el 3 de abril, el presidente del Parlamento, José Williams, estableció el número de miembros de cada bloque parlamentario.

Ha pasado más de un mes desde que se determinó que las bancadas debían proponer sus representantes para la creación de este grupo de trabajo, pero solo tres organizaciones políticas lo han hecho: Cambio Democrático, que propuso a Ruth Luque, Perú Libre, que presentó a Margot Palacios y Acción Popular que nombró a Elvis Vergara Mendoza.

La falta de presentación de titulares de parte de las bancadas de APP, Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País y Bloque Magisterial impiden que se instale la comisión especial y se comiencen con las investigaciones.

Se requieren nueve integrantes para la conformación de la comisión, pero, hasta la fecha, solo se tiene a tres. Es decir, faltan seis parlamentarios. Por temas legales, la este grupo de trabajo solo puede ser creado si se cuenta con 6 miembros que participen en la comisión.