Ministerio Público formaliza apelación y reafirma su pedido de prisión preventiva contra Betssy Chávez

Luego del fallo del juez Juan Carlos Checkley, la Fiscalía apeló ante el Poder Judicial la comparecencia con restricciones impuesta contra Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta. La entidad solicitó incialmente un recurso de prisión preventiva, contra todos los mencionados, por un periodo de 18 meses.

El último 26 de abril, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria no solo dictó reglas de conducta contra la expremier y los otros dos exministros de Pedro Castillo, sino que también les impuso el pago de una caución de S/100 mil, S/80 mil y S/50 mil, respectivamente.

Las medidas impuestas contemplan que los investigados no puedan comunicarse con otros implicados en el caso y no abandonar la localidad de residencia sin permiso del juez.

Los ex integrantes del Gabinete Ministerial fueron denunciados por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por su presunta coautoría en el delito de rebelión y, alternativamente, conspiración tras el golpe de Estado ocurrido en diciembre del año pasado.

Frente a la resolución vigente, el Ministerio Público formalizó la apelación de la medida, en el marco del plazo legal de cinco días, ante el PJ; según El Comercio. El documento reafirma el pedido fiscal de encarcelamiento preventivo por un año y seis meses.

La entidad sostiene que los exfuncionarios acordaron, previo al mensaje a la nación del exdignatario, que Castillo Terrones vulnere el orden constitucional —al anunciar la disolución del Congreso y el reordenamiento de organismos autónomos en el país— y exhorte a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional (PNP) a hacer lo propio.

Por otro lado, se conoció que la defensa legal de los investigados apelaron el fallo del magistrado. De acuerdo al medio citado, los letrados buscan que se reduzca la suma dictaminada en la caución.

La apelación fiscal será evaluada por Checkley Soria para verificar que cumpla con los requisitos de admisión. Tras esta fase, el recurso será derivado a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, liderado por el juez supremo César San Martín, y se convocará a ambas partes a una audiencia.

Pedro Castillo Terrones permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, tras una orden de prisión preventiva por 18 meses en su contra. La medida —dictada el quince de diciembre del 2022— corresponde a la investigación en su contra por la presunta comisión de rebelión y, alternativamente, conspiración.

El expremier Aníbal Torres, asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al ocurrir el golpe de Estado, también fue incluido en el requerimiento del Ministerio Público, sin embargo, en su contra solo se impuso una comparencia con restricciones, reglas de conducta y el pago de una caución.

Sobre el expresidente, que comparte las mismas instalaciones con sus pares Alejandro Toledo y Alberto Fujimori (sentenciado), también recae otra orden de prisión preventiva por 36 meses. En este último caso, la Fiscalía le atribuye liderar una organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

De acuerdo a la tesis fiscal, el exdocente y su esposa, la ex primera dama Lilia Paredes, entre otros exfuncionarios y familiares suyos, participaron en una red delincuencial.

Ambas medidas judiciales, contra Castillo Terrones, también fueron dictadas por el magistrado Juan Carlos Checkley. El juez encontró, en ambos casos, fundados elementos de convicción y peligro procesal.