Audiencia de prisión preventiva por 36 meses contra Lilia Paredes se adelanta al 22 de marzo

El Poder Judicial retrocedió en su disposición inicial en torno a la audiencia de Lilia Paredes, para quien se pide una prisión preventiva de 36 meses, y reprogramó la sesión para el 22 de marzo.

El juez del Octavo Juzgado De Investigación Preparatoria Nacional, Raúl Justiniano Romero, había aplazado la audiencia para el quince de junio.

El adelanto de la audiencia se produjo, mediante una resolución, luego que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional devolviera la solicitud de asistencia judicial a México, con la notificación del requerimiento fiscal, de acuerdo a El Comercio.

El magistrado Raúl Justiniano señaló que recibió un documento de Paredes Navarro, en el marco de estas programaciones, donde la ex primera dama informó que conocía de estas citas tras informarse por los medios de comunicación.

“Con esto convalida el acto de notificación del requerimiento de prisión preventiva, habiendo presentado escrito apersonándose a esta judicatura”, sostuvo.

La ex primera dama se encuentra asilada en el país vecino, junto a sus dos menores hijos, desde diciembre del año pasado. Luego del golpe de Estado de Pedro Castillo, su aún esposo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le brindó asilo político.

Para la audiencia de este 22 de marzo, Paredes ha solicitado que “se le remita copias digitalizadas de los actuados y, teniendo en cuenta que cuenta con asilo político en los Estados Unidos Mexicanos, solicita que respecto a ella se lleve a cabo la audiencia de manera virtual”.

El Ministerio Público señala a Paredes y sus hermanos -Walter, David y Yenifer- como parte de una presunta red delincuencial liderada por el exmandatario Castillo.

La solicitud de prisión preventiva de 36 meses comprende, en total, a tres miembros de la familia: Lilia, Walter y David Paredes.

Según estimaciones de la Fiscalía de la Nación, presidida por Patricia Benavides, la cónyuge del expresidente peruano puede ser condenada, debido al presunto delito de organización criminal, a una pena de ocho a diez años y cuatro meses.