El expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo de Ate-Vitarte por su intento de golpe de Estado, seguirá siendo investigado por la fiscalía por la remoción del exministro del Interior, Mariano González, y por la fuga del extitular del Ministerio de Transportes, Juan Silva, su sobrino Fray Vásquez Castillo y el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César Martín, resolvió rechazar el recurso de apelación formulado por la defensa legal del exmandatario con el que se pretendía anular las indagaciones en su contra por presunto encubrimiento personal y otros delitos.
Uno de los argumentos principales de los abogados de Castillo fue que se “vulneró” el debido proceso al abrírsele la investigación, pues cuando los supuestos hechos sucedieron este aún tenía la investidura de presidente de la República y la Constitución Política no consideraba los delitos en cuestión como para procesarlo.
Además, la defensa del exmandatario cuestionaba que “la indagación previa” de la Fiscalía de la Nación, a cargo de Patricia Benavides, al tomar la declaración del exministro González, antes de abrir investigación preliminar, no está regulada por el Código Procesal Penal.
Sin embargo, la Corte Suprema determinó que “no es posible sostener que se ocasionó una indefensión material al imputado”, ya que existió una declaración testimonial en la que participaron las partes, incluyendo Eduardo Pachas, abogado de Castillo.
“Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado José Pedro Castillo Terrones contra el auto de primera instancia, que declaró infundada la solicitud de tutela de derechos que planteó para que se deje sin efecto la disposición uno de la Fiscal de la Nación, de 19 de julio de 2022, el acta de declaración testimonial de Cosme Mariano Gonzáles Fernández, exministro del Interior, y todo acto posterior; con todo lo demás que al respecto contiene”, se lee en la resolución.
Con la decisión de la Sala Penal se confirmó el fallo del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien -en primera instancia- rechazó las aspiraciones de la defensa del expresidente para anularle la investigación.
Las imputaciones
De acuerdo a la investigación fiscal, Pedro Castillo habría ayudado a rehuir de la justica a Juan Silva, de quien se supo era muy cercano al exmandatario, y a su sobrino Fray Vásquez Castillo, además de su ex hombre de confianza Bruno Pacheco (este se entregó a las autoridades a mediados del año pasado).
El 18 de julio de 2022, el entonces ministro del Interior, Mariano González, ordenó -mediante la resolución 0903-2022-IN- conformar el “Equipo Especial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder”. Enterado de esto, Castillo dispuso removerlo del cargo que ocupaba y reemplazarlo por Willy Huertas.
Una de las tareas principales de este equipo creado por González fue la captura de los miembros del entorno fugado del exmandatario, por lo que -según las sospechas fiscales- con la salida del entonces ministro del Interior cabía la posibilidad de que se entorpezcan las cosas.