La organización política Avanza País (AP) continúa recibiendo una serie de cuestionamientos -desde los últimos dos días- tras conocerse el presunto uso irregular de los fondos públicos que recibió de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Solo en el 2022, el partido recibió un monto total de S/1′408.000 por concepto de financiamiento. Ahora, según una investigación de Punto Final, AP destinó cerca de medio millón de soles al pago de unas capacitaciones políticas -para sus militantes- que nunca se llevaron a cabo.
De acuerdo el citado medio, se pagó una suma de 465.000 soles a la empresa Global Perú Comunicaciones SAC, dinero presuntamente solventado a través del Fondo de Financiamiento Público Directo de la ONPE. La institución desembolsó a favor del partido, para estas actividades, una suma total de un millón 408.000 soles.
Además, pudo conocerse que la compañía prestadora de servicios funciona como un local de fotocopiadora, según la dirección consignada, y fue creada solo quince días antes de obtener este contrato. El documento donde se informa de los tres pagos correspondientes a esta empresa lleva la firma de Luis Reátegui Flores, secretario general de Avanza País.
Por ello, de confirmarse estas irregularidades por parte de la Contraloría, la organización podría perder el acceso al financiamiento público que actualmente percibe.
Según la normativa vigente, los partidos pueden ser sancionados con “una multa no menor de 31 ni mayor de 100 unidades impositivas (UIT) y la pérdida del financiamiento público directo”, de acuerdo con el inciso c del artículo 36 A de la Ley de Organizaciones Políticas donde se tipifican estas acciones como “infracciones muy graves”.
Por otro lado, el grupo parlamentario de AP se pronunció poco después de conocer esta denuncia, a través de un comunicado publicado en Twitter, y solicitaron una investigación exhaustiva de este hecho.
“Al respecto señalamos que ningún congresista de nuestra bancada es parte de esta investigación y que tomamos muy en serio las denuncias con respecto al mal uso de fondos públicos. Exhortamos a la dirigencia del partido dar las explicaciones del caso y explicar a la ciudadanía de manera clara y transparente lo ocurrido (...) Los recursos del Estado son de los ciudadanos y su gasto debe ser transparente y justificado siempre”, se lee en el texto.
Las congresistas Patricia Chirinos y Adriana Tudela, entre otros, también emitieron comentarios personales sobre esta situación. Mientras la primera de ellas solicitó que “los integrantes del CEN de Avanza País abran las puertas del partido” -para transparentar los gastos que se vienen realizando- su colega tildó como “absolutamente falso” una acusación vinculada a una “empresa fachada” que reciba “ilícitamente fondos del Estado”.
No es la primera vez, sin embargo, que un partido se involucra en escándalos de este tipo. Renovación Popular, liderado hasta diciembre del 2022 por el actual alcalde de Lima -Rafael López Aliaga- también fue acuasad de pagar una suma de S/47 963 a la Promotora Desarrollo Educación y Cultura (Prodec) por el supuesto alquiler de su local partidario, en Jesús María.