Ingrid Aguirre Ticona (30) partió desde Arequipa a la capital el pasado 19 de enero para participar en la ‘Toma de Lima’, como se denominó a la gran marcha que exige la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales.
Pernoctó, como cientos de manifestantes llegados de distintas regiones, en la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM), hasta que el sábado pasado un contingente ingresó a la fuerza para desalojarlos del recinto estudiantil.
La Policía echó abajo con una tanqueta la entrada de dicha universidad e irrumpió en el campus. Cientos de albergados fueron llevados más tarde a distintas instalaciones policiales. Una de ellas fue Ingrid.
El domingo 22 fue liberada de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y, desde entonces, se encuentra con paradero desconocido. Hace un día fue ubicada por la comisaría de Manchay, pero escapó sin sus pertenencias ni documentos de identidad, según un informe de La República.
Quienes la vieron por última vez refieren que está muy delgada y deshidratada, y que posiblemente se encuentre con alteraciones nerviosas y estrés postraumático debido a la detención arbitraria, que ha sido condenada por distintas organizaciones de derechos humanos.
Ingrid Aguirre viste una polera negra, pantalón jean celeste, zapatillas con plataforma blanca y una mochila negra. Lleva el cabello hondeado hasta el hombro, y lentes. Sus familiares piden reportar cualquier información a los números: 997 120 094 o 941 052 094.
Su hermana indica que, días previos a la desaparición, llamó para avisar que regresaría a su hogar el lunes 23 de este mes. La Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) siguen su caso, pero actualmente no hallan su paradero.
Las pertenencias de la joven y sus documentos de identidad se quedaron en la comisaría de Manchay y su celular se encuentra apagado. “Mi hermana está muy asustada. Siempre está queriendo escapar, tiene mucho miedo, tal vez sea estrés postraumático”, narró la hermana de la desaparecida al diario.
Condenan criminalización de protesta
Para la Defensoría del Pueblo, el desalojo afectó derechos fundamentales. Entre los arrestados hubo estudiantes, mujeres, dos gestantes, una niña, ancianos, personas con discapacidad y con prescripción médica, así como integrantes de comunidades campesinas e indígenas, que tienen al quechua y aimara como lenguas maternas, “quienes no habrían recibido información alguna sobre las razones de su detención”.
El secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), Gerónimo López, condenó, por su parte, la “criminalización” de la protesta y el denominado “terruqueo”, en alusión al hecho de acusar de “terroristas” a los manifestantes de un país que aún siente las heridas del terror que sembraron Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) entre 1980 y 2000.
En tanto, el Frente de Egresados de la UNMSM exigió la renuncia del ministro del Interior, Vicente Romero, y recalcó que los manifestantes no están “dispuestos a ceder por recuperar la patria”.
“No hablamos solamente de la democracia, hablamos de los derechos de nuestros hermanos (...) de la incomprensión de una capital, de un gobierno centralizado que nos tiene postergados durante décadas”, sostuvo uno de sus representantes.
En medio de las críticas, la Fiscalía dispuso esta semana abrir una investigación preliminar contra Romero por la presunta omisión de su deber al frente de esa cartera en el desalojo, por el que la jefa de Estado pidió disculpas.