La preocupación internacional por la crisis política y social en Bolivia se intensifica tras el pronunciamiento del Gobierno de Panamá, que este lunes advirtió sobre el accionar de grupos considerados “extremistas” y actores “desestabilizadores” que, según su comunicado, intentan alterar el orden democrático en Bolivia. La crisis boliviana, que ya suma un mes de bloqueos en las principales carreteras, ha generado múltiples consecuencias sociales y económicas, mientras el Ejecutivo de Rodrigo Paz enfrenta presiones crecientes y evalúa medidas excepcionales.
Según información difundida por la agencia EFE, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá expresó “preocupación” frente a las acciones que, a su juicio, buscan “generar confrontación social” y debilitar la estabilidad institucional en Bolivia. El comunicado, divulgado este lunes, subraya el rechazo a cualquier intento de socavar el Estado de Derecho por mecanismos ajenos a la vía democrática.
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La crisis en Bolivia se desarrolla en un contexto de fuerte polarización política y social. Sectores indígenas y campesinos vinculados al expresidente Evo Morales mantienen bloqueos en rutas estratégicas desde hace más de 30 días.
Estas protestas, impulsadas por organizaciones que cuestionan la gestión del actual mandatario, exigen la renuncia de Rodrigo Paz, quien este lunes cumple siete meses al frente del gobierno, tras imponerse en las elecciones generales. Según datos de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la paralización ha ocasionado pérdidas superiores a USD 2,100 millones, cifra que refleja el impacto económico del conflicto.
De acuerdo con informes de EFE, las consecuencias trascienden lo económico. Al menos siete personas fallecieron por no recibir atención médica durante los bloqueos, mientras otras tres murieron en episodios de enfrentamiento vinculados a las protestas. Esta situación ha provocado desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en amplias zonas del país, agravando la tensión social y las dificultades para la población más vulnerable.
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La respuesta del Gobierno y el Congreso
El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta un escenario de presión simultánea desde los sectores movilizados y desde la propia institucionalidad. El Congreso, a través de la Cámara de Diputados, aprobó una ley que reglamenta los estados de excepción, cuyo objetivo principal es dotar al Ejecutivo de herramientas para enfrentar situaciones de “conmoción interna”. La normativa permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, en caso de que esta última se vea superada por la magnitud de los disturbios.
La promulgación de la ley depende ahora del presidente Paz, quien debe decidir si emite o no el decreto para implementar el estado de excepción. De hacerlo, la medida deberá ser validada por el Parlamento en un plazo de 72 horas, según lo establece la legislación aprobada. Fuentes del Ejecutivo citadas por EFE señalan que el Ejecutivo evalúa la decisión bajo presión de diversos sectores sociales y políticos, mientras crecen las demandas de restablecimiento del orden y el abastecimiento básico.
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El papel de Evo Morales en la crisis
En el trasfondo del conflicto sobresale la figura de Evo Morales, exmandatario que gobernó entre 2006 y 2019 y sigue influyendo sobre amplios sectores sociales, especialmente en áreas rurales e indígenas. Las agrupaciones que lideran los bloqueos aseguran que su única demanda es la salida del actual presidente y el llamado a nuevas elecciones. Las movilizaciones han reavivado el debate sobre la legitimidad de los procesos políticos recientes y el papel de los movimientos sociales en la vida pública boliviana.
El comunicado de Panamá se suma a otras expresiones de preocupación internacional sobre la situación en Bolivia, en medio de llamados de organismos multilaterales y países de la región para que se restablezcan los canales de diálogo.
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