Los errores de quienes debían defender los intereses de la petrolera

En el día de hoy, la jueza neoyorkina Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan, falló –luego de varios años de proceso judicial- en contra del Estado argentino por causa que lleva adelante en virtud de la expropiación de YPF del año 2012. Aún quedan dos instancias de apelaciones y un monto de penalidad aún incierto que podría trepar hasta los 20.000 millones de dólares. Sin embargo, esta es apenas una página más dentro de la historia de la petrolera argentina.

Transcurría el año 1922. Nacía Yacimientos Petrolíferos Fiscales bajo la administración de Hipólito Yrigoyen. La misma tenía de por si una característica particular: exceptuando a la Unión Soviética, la petrolera argentina YPF en sus comienzos fue la única petrolera estatal en todos sus eslabones (extracción, refinación y comercialización). Las décadas que siguieron tampoco representaron éxitos en el plano del “petróleo estatal”: buena parte del resto del Siglo XX estaría signado por crisis energéticas e imposibilidad de lograr el autoabastecimiento energético.

A partir del año 1989 (casi siete décadas después de su creación) YPF comienzó a dar sus primeros pasos en lo que fue un sinfín de desencuentros con la normalidad. Por aquellos años, YPF Sociedad del Estado se transforma en YPF Sociedad Anónima, dándole paso a la serie de reformas que encararía a partir de allí el recién asumido Carlos Saúl Menem. Desde aquellos años y hasta 1999 el Estado argentino se fue desprendiendo en etapas de todo su capital accionario transformándose finalmente la petrolera en Repsol YPF (quienes se hicieron acreedores del último 24% del paquete accionario retenido por el Estado para luego comprar el resto de las acciones en poder del sector privado).

En 2007 comenzó lo que se llamó el proceso de “nacionalización” de la empresa y el 16 de abril del año 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley al Congreso Nacional denominado “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” para expropiar las acciones de YPF, equivalentes al 51% de su capital social. Desde allí, la petrolera YPF volvió a manos estatales.

Este proceso de estatización no iba a costarnos nada, o al menos fue lo que en su momento declaró quién poco tiempo después sería designado Ministro de Economía de la Nación: Axel Kicillof. No solo que no fue gratis sino que todo fue bastante más caro de lo que pretendíamos: 4.000 millones de dólares en bonos que tenían implícito intereses por otros 4.000 millones de dólares. Aunque allí no terminó todo: como la oferta por las acciones solo se le hizo a Repsol y no al resto de los accionistas minoritarios (aunque legalmente debieron haberlo hecho) esto disparó juicios en el exterior para compensar el descuido (que terminó, al menos hasta aquí, en el fallo adverso de Preska de las últimas horas). Extraño caso el nuestro donde (sin tener en cuenta cuestiones judiciales) abonamos en aquel descuido kirchnerista, prácticamente el doble del valor que tenía YPF en el mercado) que por aquel entonces rondaba los 4.500 millones de dólares.

Hoy YPF vale 4.400 millones de dólares, prácticamente la mitad de lo que hemos pagado a través del tiempo por hacernos del 51% de la petrolera. Es evidente que YPF ha sido siempre un gran negocio para pocos, potenciado por los grandes errores de quienes tenían como responsabilidad principal defender los intereses de Argentina.