Rosario, un territorio sin ley ni orden dominado por el crimen organizado

En la ciudad de Rosario y localidades aledañas, el número de personas asesinadas en el marco de la llamada “guerra narco”, muestra un alarmante incremento. Esa ascendente tendencia inexorablemente hará que el 2022 se transforme en el año más sangriento de la última década.

En nombre de los caciques y capitanejos de las diversas organizaciones criminales, una verdadera milicia de “sicarios” o “tira tiros” -como se los llama localmente-, asesina a los rivales y competidores. Además, han iniciado su propio emprendimiento delictivo: requieren a comercios y empresas una “contribución económica” o “tasa de seguridad”, so pena de recibir una lluvia de balas o peor aún, perder la vida.

Un rápido análisis de los asesinatos ocurridos en las últimas semanas, en las barriadas más inseguras de la Ciudad, muestra la ausencia en el territorio de las fuerzas de seguridad. Son “áreas sin ley”, donde el Estado ha perdido el clásico monopolio de la fuerza. Las milicias del sicariato, a bordo de motocicletas y automóviles, circulan por las calles y pasillos de las barriadas más humildes, buscando a sus víctimas, sin que las fuerzas del orden puedan interceptarlas o tan siquiera ahuyentarlas. Sigue, sin poder establecerse con algún grado de certeza, el origen del arsenal con que cuentan: pistolas y ametralladoras de guerra y bien municionados, logran así les un importante y letal poder de fuego, como así también la trazabilidad del dinero producido y luego “lavado en el mercado formal”. La aprehensión o muerte de un “sicario”, solo significa su inmediato reemplazo por otro “soldadito”, surgido de una adolescencia pauperizada y sin horizontes. La detención del gerente o dueño de una empresa delictiva de narcomenudeo solo supone una pausa y un inmediato reacomodamiento para continuar con el criminal negocio.

Las medidas adoptadas por los distintos estamentos gubernamentales para combatir al crimen organizado en Rosario han demostrado su palmaria ineficacia. Muchas de ellas solo eran efectistas, fueron adoptadas en forma aislada o resultaron inconexas entre sí. El relevo o reemplazo en los últimos meses de distintos funcionarios no ha mostrado aún ningún resultado.

La situación es muy grave y requiere de un Plan Estratégico de Seguridad Publica sólido y perdurable, que persiga el claro objetivo de lograr el descenso de las tasas de criminalidad; dicho de un modo más simple: “A grandes males, grandes remedios”, con más una dedicada tarea de inteligencia criminal. Ya no se puede recurrir a medidas paliativas y de corto plazo.

Se impone la constitución de un Comando Unificado, liderado por un funcionario nacional, una especie de “Comandante Supremo”, al que se subordinen todas las fuerzas de seguridad, provinciales, federales empeñadas en el territorio y servicios penitenciarios.

Se debe incrementar notablemente el número de efectivos, dedicados a la prevención y a la persecución del delito, con más el aumento de los recursos judiciales avocados a la lucha contra el narcotráfico. Los primeros deben ocupar efectivamente todo espacio público de los conglomerados urbanos más vulnerables. Los segundos deben investigar integral y metódicamente todos y cada uno de los crímenes ocurridos recientemente, de manera proactiva, en una búsqueda constante y agresiva de las evidencias; además de incrementar el uso de la Inteligencia Criminal.

Como ya se ha dicho, ese Comando debe mostrar resultados y hechos palpables, el primero y principal, disminuir notablemente el número de homicidios y balaceras, desarmando y desarticulando a las milicias del sicariato.

Está claro que la constitución del denominado “Comando Unificado”, requiere del concreto acuerdo de las autoridades provinciales y nacionales, enmarcado en una normativa de excepción. La gravedad de la situación así lo requiere y al toro hay que tomarlo por las astas; caso contrario, la sociedad toda seguirá observando absorta este espectáculo de violencia y muerte sin fin.

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