Por un Consejo de la Magistratura más federal y equitativo

No podemos seguir haciendo la vista gorda a las transformaciones impostergables que necesita nuestra Justicia. Los desafíos son varios y abarcan distintas disciplinas: desde la necesidad de hablar más claros para que la sociedad nos comprenda hasta una mayor representación federal, partiendo de la base de que la igualdad real de oportunidades en la Justicia es un pilar fundamental para ampliar y fortalecer nuestros derechos democráticos.

Uno de esos retos que tenemos por delante es trabajar por una verdadera federalización en la Justicia nacional. Es en el Consejo de la Magistratura, que entre sus funciones principales está la de designar o destituir jueces, donde tenemos que empezar a transformar la Justicia, y en mi caso particular, la abogacía. La abogacía es la segunda portavoz de la voluntad popular, y como tal, debe tener una representación legítima, de carácter federal y equitativo.

Cabe mencionar que la ciudadanía que recurre a la Justicia lo hace por necesidad y nosotros, como sus integrantes, debemos entender que la misma debe reconocerse como un poder de la democracia. La abogacía es la que defiende en primer término y de manera inmediata los conflictos que el pueblo no puede resolver sin la Justicia. En ese sentido, la abogacía litigante no puede pasar desapercibida en los procesos de selección, y como tal, requiere de herramientas que aseguren la igualdad real de oportunidades para el acceso a la Magistratura.

Un órgano tan importante para la democracia como lo es la Magistratura debe encarar un proceso de modificaciones que tienda a llevar sus funciones públicas al interior del país, especialmente al interior de las provincias. Atender solamente las agendas de las capitales, no es justamente un camino federal, sino centralista y elitista.

Estamos construyendo avances en tal aspecto. Cerca de 160 mil abogadas y abogados litigantes de todo el país tienen el derecho de votar a sus representantes para el Consejo de la Magistratura de la Nación. En la elección pasada, nuestra lista “Abogacía Federal” logró ser parte de la representación de la abogacía y asumimos el compromiso de saldar las deudas pendientes que la justicia tiene con los abogados y abogadas.

La puerta de ingreso para el acceso a la Magistratura ha demostrado ser elitista o de privilegios en muchos sentidos. Y una de las perjudicadas ha sido la abogacía litigante de nuestro país. Básicamente porque si miramos para atrás podemos contar historias que todavía nos duelen. Muchas abogadas y abogados del interior del país han tenido que recurrir a un complemento económico respecto de su vocación de responsabilidad social que es la abogacía.

En el mismo sentido, el país pierde personas con vocación transformadora y de responsabilidad social. Para eso, los abogados y abogadas que pretenden acceder a los cargos de Magistratura tienen derecho a contar con un sistema de puntuación equitativo que genuinamente valore esa actividad 24/7 que recorre los pasillos de tribunales todos los días.

Estos son asuntos de representación fundamentales, asuntos que, hoy día, funcionan más como un privilegio para los letrados de tribunales que tienen tiempo y recursos para posicionarse en esos lugares. Atender estos asuntos significa reconocer el rol democrático de la Magistratura, que al fin y al cabo, es uno de sus principales motivos de existencia.

Las listas deben reflejar federalismo, inclusión e igualdad real para que cada abogado y abogada de cada rincón del país se sienta igualmente representado. Para lograrlo, el camino es un diálogo que fortalezca el consenso, ya que la función del Consejo es lo que lo convierte en una pieza clave dentro del arcaico rompecabezas que es el modelo judicial argentino.

Los sistemas rotativos de representación son, por ejemplo, una herramienta que garantiza la alternancia y facilitan una puerta de acceso para que la abogacía del interior del país haga valer sus derechos. Uno de esos derechos también es contar con un sistema de puntuación equitativo y justo que valore genuinamente la actividad de quienes recorren los pasillos de tribunales diariamente y con escasos recursos.

En resumen, se tiene una deuda pendiente con la abogacía, que merece una representación equitativa en el Consejo. Debemos entregarle esa autoridad, y a su vez reconocer su dignidad. No solo se trata de lograr una mayor participación, también es parte de comprender que la abogacía tiene una vocación central de responsabilidad social. Direccionar al Consejo de la Magistratura hacia el federalismo y hacia la igualdad real de oportunidades es un paso fundamental para modernizar la justicia, y una abogacía transformadora es el motor esencial para ese direccionamiento.

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