Violencia institucional: la importancia de un abordaje integral con perspectiva de niñez

La violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra niñas, niños y adolescentes es un tema urgente en la agenda de derechos humanos. Por eso, se eligió este lunes 8 de mayo para conmemorar el “Día de la lucha contra la violencia institucional”, con el fin de visibilizar estos graves hechos y promover políticas públicas en materia de prevención de la violencia.

La violencia institucional tiene distintas modalidades: hostigamientos, golpes, detenciones arbitrarias, sometimiento a un proceso penal en el marco de “causas armadas”, tortura o asesinatos. Se trata de situaciones que afectan diferentes derechos en distinto grado y que, por lo general, recaen sobre jóvenes y adolescentes de barrios vulnerables.

Todas las niñas y los niños tienen derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia y los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas para poner fin a la violencia en todas sus formas. Como funcionarios estatales, las fuerzas de seguridad tienen el rol de cuidar y promover el bienestar de la sociedad en general. Cuando ejercen violencia, abusan de su autoridad y provocan un sufrimiento diferencial.

La violencia en espacios urbanos y en entornos de encierro institucional es uno de los aspectos de mayor preocupación observados por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 2018. Entre otras cuestiones, instó al Estado argentino a que “tome medidas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza contra los niños y adolescentes por parte de las fuerzas de seguridad” e investigue “todas las denuncias de actos de tortura, violencia, acoso y maltrato, incluidos los cometidos por la policía”.

La prevención de la violencia institucional requiere del cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas internacionalmente por el país, para lo que es preciso contar con recursos previsibles y suficientes, y que las decisiones estén basadas en un diagnóstico sólido y fiable de la realidad. Por ello, se necesita una ley de prevención y abordaje integral con perspectiva de niñez y contar con registros unificados que puedan dar cuenta de la cantidad y la modalidad de estos casos.

Desarrollar políticas de prevención implica promover otros derechos, fortalecer los sistemas de protección generando institucionalidad y articulación con las redes comunitarias, visibilizar los hechos de violencia ante la sociedad, investigar los hechos y sancionar a sus responsables. También requiere capacitar a las fuerzas de seguridad y generar protocolos de actuación claros para la intervención en procedimientos que involucren a niñas, niños o adolescentes.

A su vez, los adolescentes, sus familiares, las escuelas y los centros de salud deben contar con herramientas para reaccionar ante estos hechos y recursos interinstitucionales para abordar las situaciones y prevenir posibles represalias.

Estar atentos a situaciones irregulares, contar con información adecuada e intervenir para dar aviso a las autoridades es un compromiso que todas las ciudadanas y todos los ciudadanos deben asumir. Es necesario seguir aunando esfuerzos para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, una responsabilidad impostergable del Estado en su conjunto, con participación de las organizaciones sociales y comunitarias, y de la sociedad en general.

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