El jueves pasado se produjeron brutales incidentes en los alrededores del Congreso mientras se debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cinco policías heridos; piedrazos; bombas molotov; destrucción del Congreso fueron algunos resultados. El único demorado ya está en libertad. Porque violar la ley en la Argentina o quemarle la cabeza a un policía es gratis. Los políticos han regalado el monopolio legítimo de la fuerza. Convencieron culturalmente de que el orden y la seguridad es de “fachos”. Desde Kosteki y Santillán a hoy, los gobiernos nunca más recuperaron el control de la calle.
Y es que desde hace años buena parte de la oferta política justifica los disturbios o delitos que se suceden de manera permanente, como una protesta legítima. Exhiben frente a la violencia comprensión y orgullo cuando se reivindica como revolucionaria y antifascista. Se trata de una forma de hacer política que considera legítimo generar violencia para imponer la propia visión del mundo y de usar la fuerza del estado para imponer conductas.
Hace ya tiempo, tambien, que una faceta del activismo más violento, de la mano de la Resistencia Ancestral Mapuche, se la pasa asolando la Patagonia: perpetran atentados en hidroeléctricas, usurpan tierras, cortan rutas, secuestran, roban ganado y cometen asesinatos y torturas. Esta violencia viene apalancada en el reclamo de los supuestos derechos ancestrales de la pretendida nación mapuche. Cuenta con la militancia de ONG, de partidos de izquierda y socialdemócratas, de sectores de la Iglesia Católica y del mito del buen salvaje. Reclaman un pedazo a la Argentina y otro a Chile para construirse un “estado” basado en premisas que no corresponden a los datos genéticos ni a la historia y que, sin embargo, sigue cosechando éxitos.
Esta tergiversación de los términos es el doble rasero que los progresistas han logrado imponer en Occidente. A pesar del accionar terrorista, en los medios masivos se llaman protestas o “rebelión frente a la desigualdad”. La violencia se califica dependiendo de quiénes son las víctimas. “No existe terrorismo que no sea de Estado” es la tesis que sostiene la izquierda internacional. Ven opresión en Estados Unidos, pero Cuba o Venezuela no les parecen dictaduras sino “otra forma” de democracia. Los mismos ideólogos que denunciaban las dictaduras en Chile y Argentina reclamando la intervención de la comunidad internacional, hoy acusan de intromisión en asuntos internos a quienes pretenden investigar los crímenes de Maduro o del régimen castrista.
En esta hipocresía está la cuestión de fondo. La violencia como respuesta del débil es la impostura que la izquierda está usando para regresar a sus viejas tesis. Pero la banalización del concepto de violencia es un ejercicio peligroso. Porque cuando se empieza a equiparar la violencia de quien mata o roba con la “violencia estructural o violencia social”, no puede identificarse a nadie que la ejerza: el responsable sería el sistema o algún grupo. Violencia es todo y responsables somos todos. El criterio de definición pasa a ser relativo y, en consecuencia, manipulable políticamente. La trampa de establecer todo como una cuestión social trae aparejada, además, una ruptura de la responsabilidad individual, lo que sirve para estigmatizar y también para atizar odios porque deja al antojo del manipulador las responsabilidades.
Así se explica la respuesta del Gobierno frente al episodio en Palermo. A plena luz del día, a la vista y en grupo de seis, se violó a una mujer. Su difusión señaló como culpables a personas militantes de la “perspectiva de género”. La paradoja evidente de la circunstancia hizo que la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad tuviera que salir a defender dicha doctrina. Dijo: “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”. Esto significa, por un lado, que la violación sería resultado de una crianza machista y no una responsabilidad individual. Pero además, si violar es un delito y para la ministra “es la forma de ser de los varones que se aprende desde niño”, entonces ser varón es ser delincuente.
Toda esta violencia creciente expone también otro descontrol progresivo: este entregar a las turbas el monopolio de la violencia mientras los ciudadanos tienen que sufrir con resignación la apropiación de su paz y su libertad. Porque cuando se habla de control y de orden, la política entra en pánico y recurre a la agenda social.
No hay ninguna excusa posible que justifique la violencia porque no es posible vivir en una sociedad sin reglas ni ley. Quien no entienda y comparta que a los grupos de vándalos tiradores de piedras hay que detenerlos y encarcelarlos no puede gobernar un país cuyo futuro augura más piedras. El orden es, básicamente, cuidar a aquellos más frágiles y débiles, y la violencia se aplaca con orden. La agenda social no es para eso. Sólo las tragedias recuerdan, cada tanto, que así la cosa funciona mal. Y que nunca en la historia de la humanidad los débiles han salido beneficiados del caos y de la arbitrariedad.
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