Alberto Nisman, un enigma vergonzante

Un nuevo 18 de enero. Otro aniversario de la muerte del Fiscal argentino Alberto Nisman. Una mirada miope podría entregarnos el reclamo de justicia, que arrastra 7 años agitando fervorosas acusaciones cruzadas entre políticos e idas y vueltas de periodistas y formadores de opinión. Pero no. Resulta imposible sustraer a este trágico suceso del vergonzante derrotero por el que atraviesa Argentina desde el año 1992.

En efecto, han transcurrido 30 años del ataque terrorista a la sede de la Embajada de Israel, 28 años de la bomba a la AMIA, la centenaria mutual judía y 7 de la muerte de Alberto Nisman.

El hilo conductor entre estos hechos es tan inocultable como lo ha sido la incapacidad de un Estado que no ha encontrado culpables, que ha mancillado incesantemente el recuerdo de las víctimas y ha distraído, a deudos y extraños, con estrafalarias teorías dignas de un tercermundismo que se ríe de su infinita desgracia.

En el caso Nisman, las pericias ordenadas por la justicia y realizadas por el cuerpo forense de la Gendarmería Nacional dan cuenta de un asesinato, magnicidio en su consecuencia política.

A lo largo de la causa judicial se han formado más de 120 cuerpos de expedientes, miles de documentos acumulados, 45.000 registros de comunicaciones y 25.000 imágenes que siguen siendo objeto de análisis por los diferentes expertos.

Aún así, con enorme desánimo, debe asumirse que son mínimas las probabilidades que permitan sospechar que la muerte del Fiscal -cómo y de que forma ocurrió- pueda esclarecerse alguna vez.

Mucha de la evidencia necesaria que podría haberse hallado en la escena del crimen aquella fatídica madrugada de enero de 2015 fue maltratada en forma deliberada. La negligencia de funcionarios judiciales y policiales dañaron dramáticamente la instancia inaugural de la investigación sustrayendo elementos que los expertos considerarían absolutamente vitales.

Días antes de morir, Nisman elegiría un conocido programa periodístico de televisión para exponer las conclusiones preliminares de su trabajo. Allí, cargado de vehemencia, proporcionaba datos, fechas, nombres y lugares con la necesaria erudición de quien llevaba años intentado juntar las piezas de un gigantesco y burdo rompecabezas.

Intentaba explicarnos, a modo de martillo, que el “Memorando de Entendimiento” o “Pacto de impunidad” llamado por sus detractores era producto de un acuerdo espurio entre el gobierno argentino de entonces y el régimen de la República Islámica de Irán, que lejos de perseguir el esclarecimiento de los atentados perpetrados en Argentina sólo disfrazaba la ridícula intención de sostener y profundizar lazos de cooperación científica y comercial y de liberar las alertas rojas que Interpol interpuso contra diplomáticos y funcionarios iraníes acusados de terrorismo.

Como ya se sabe, dicho memorando o pacto fue aprobado por el parlamento argentino en el año 2013 a instancias de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (hoy Vicepresidente en ejercicio de la Nación).

Años después, el mismo sería anulado en sede judicial ante las presentaciones de familiares de las víctimas, dirigentes de la comunidad judía y opositores que denunciaban su ilegitimidad y desnudaban sus aparentes reales intenciones.

Las investigaciones del Fiscal mostraban un sinuoso camino por el que habrían transitado funcionarios, miembros de los servicios de inteligencia, legisladores, diplomáticos e interesados varios, siempre con el tenebroso objetivo de redimir a los eventuales victimarios.

Tan contundente fue esa presentación que a las pocas horas, el Fiscal sería convocado por un grupo de legisladores de la oposición para que ampliara su denuncia, en la que la entonces Presidente de la Nación y su Canciller aparecían como los principales imputados. Allí, proporcionaría detalles de las pruebas colectadas, podría contestar algunas preguntas y explicaría el alcance de los supuestos delitos que pretendía esclarecer.

Lo que sucedió después es conocido por todos. Un día antes de la cita parlamentaria, Nisman sería encontrado muerto en el baño de su casa, con un disparo en la sien. En la mesa del living abundaban papeles y marcadores con los que el Fiscal ensayaba su malograda disertación.

En lo que hace a Nisman, muchos se ocuparon afanosamente de reparar en la vida que llevaba el Fiscal previo a su deceso: sus posibles excesos, el manejo pródigo del dinero público que administraba y cierta tendencia a la promiscuidad.

Pero lo cierto es que horas valiosas de televisión y ríos de tinta fueron consumidos en los supuestos deslices del Fiscal en su vida mundana, distrayendo de forma inaceptable la atención de la verdadera y única razón: la impostergable necesidad de continuar con su investigación para poder llegar a la verdad, sea cual fuere ésta.

Nunca conoceremos el testimonio que el Fiscal iba a dar en la tarde del 19 de enero de 2015 ante los diputados. Sabemos que iba a sindicar a la entonces primer mandataria nacional como máxima responsable de ese tramo del encubrimiento, y explicaría -todo consta en su denuncia- una amplia red de complicidades nacionales e internacionales orquestadas desde el régimen iraní y sus satélites. Sabemos que habían innumerables registros telefónicos, probadas relaciones, encuentros y reuniones que daban acabada cuenta de vínculos que pueden reputarse oprobiosos para un país que ha sufrido dos terribles atentados con más de un centenar de muertos inocentes.

La vergüenza que implica para un país no haber podido esclarecer los dos atentados, Embajada de Israel y AMIA, ni haber podido condenar a sus responsables y patrocinadores vuelve a aturdirnos con la desagradable e inconducente controversia de hoy: si el Fiscal fue asesinado o se trató de un suicidio.

Quien suscribe, no intentará dirimir en estas pobres líneas las teorías que avalan uno u otro posicionamiento.

Como tampoco pretendo evadir la cuestión, diré que tengo la convicción de que se trató de un homicidio, a lo que agrego dos hechos concluyentes: las pericias judiciales de 2017, que entre otras cosas dicen que Nisman habría sido golpeado y drogado antes de ser asesinado y lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que da cuenta que la muerte de Nisman guardó relación con su condición de Fiscal Federal y los hechos que estaba investigando.

A esto podría adicionarse, aunque provisto de alta subjetividad, el hecho de que quienes estuvieron con Nisman en las horas previas no advirtieron indicios de una conducta suicida.

Mucha agua corrió desde la muerte del Fiscal. La guerra judicial y mediática continúa, reverdeciendo particularmente en la víspera de cada recordatorio, con especial simbolismo cuando el número es redondo. No es que duela más, pero recrudece el paso del tiempo.

Es que frente al letargo en el que vive buena parte de la sociedad argentina, de tanto en tanto, aparece con inusitado vigor el triste y permanente reclamo de justicia, ese valor que la sociedad argentina anhela infructuosamente desde marzo de 1992.

Sólo me abriga, como a la gran mayoría de los argentinos, la necesidad de saber qué nos pasó.

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