Argentina encabeza el Consejo de DDHH de la ONU

La Argentina preside en el 2022 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el órgano subsidiario de la Asamblea General de la ONU que aborda los problemas sustantivos relacionados con los derechos humanos en el mundo. Pese a su nombre, no tiene la misma jerarquía del Consejo de Seguridad de la ONU o del Consejo Económico y Social (ECOSOC). Que no tenga la categoría y status jurídico de órgano principal de la ONU no ha sido casual. Desde los orígenes de la ONU el interés primordial en la promoción y protección de los derechos humanos ha estado impulsado por países democráticos afines, como lo refleja el proceso de adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que fue aprobada por la Asamblea General ante la resistencia principalmente de países de la órbita soviética.

Tras la consolidación del régimen global de los derechos humanos, la Cumbre Mundial del 2005 reconoció a los derechos humanos como el tercer pilar de las Naciones Unidas, junto a la paz y seguridad y al desarrollo. Desde entonces, el Consejo ha intentado fortalecer la legitimidad de las recomendaciones con resultados mixtos. Por un lado, ha planteado informes contundentes sobre los crímenes en la guerra en Siria o las violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia, Corea del Norte, Irán y Myanmar, entre otros. Por otro, existe un número de cuestiones que desmerecen la labor del Consejo. Un ejemplo son los temas relativos a equidad de género y los derechos de la mujer. La politización de las decisiones del Consejo es otra, con un foco de atención desproporcionado en Israel junto con un exceso de tolerancia al comportamiento de ciertos países no democráticos en materia de derechos humanos.

Los resultados poco consistentes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU son en general atribuibles a su composición. De los 47 países que lo integran, menos de la mitad tienen credenciales impecables en derechos humanos. Lamentablemente no existe un filtro que excluya aquellos países con antecedentes cuestionables. Esa circunstancia condiciona y politiza algunas decisiones y recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos y, en casos, en desmedro de la promoción y protección de los derechos humanos. La reciente incorporación de Honduras, con denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 80 mil detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones, es ejemplo de un país que no debería ser miembro pleno del Consejo de Derechos Humanos.

Las sesiones del 2022 del Consejo probablemente seguirán los mismos precedentes y parámetros de períodos anteriores, como lo adelanta la participación de países que sostienen conductas que no son concordantes con la letra y el espíritu del régimen global de los derechos humanos como, entre otros, Cuba, Venezuela, Libia, Eritrea, Somalia, Qatar, Mauritania o Pakistán que, por ejemplo, suele coordinar la Conferencia Islámica en defensa de países acusados de violar derechos de las mujeres y niñas como Afganistán. Según el Banco Mundial, más de la mitad de los miembros de la ONU tienen leyes que impiden a las mujeres realizar determinados trabajos. Muchos integran el Consejo.

Es de esperar que la presidencia de Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ponga paños fríos a la excesiva parcialidad de algunas decisiones, contribuya al avance de los estándares internacionales y a la mayor visibilidad de violaciones sistemáticas de derechos humanos, estimulando respuestas que mejoren la efectividad del Consejo con el propósito de seguir fortaleciendo su credibilidad y confianza internacional.

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