La Gestapo de la democracia

Esta semana, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hizo una denuncia penal ante la justicia federal de La Plata por material que encontró en el disco rígido de una computadora que estaba en desuso. Se trata de videos de una reunión realizada en 2017 en oficinas del Banco Provincia durante la gestión de María Eugenia Vidal, en la que su Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, coordina con un grupo de empresarios de la construcción el impulso de una causa penal por extorsiones y amenazas contra el sindicalista de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) Juan Pablo “El Pata” Medina.

Villegas les dice que la causa se va a impulsar con los testimonios de “unas 10 personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos” y les pide que le hagan presentaciones para “darle volumen” al caso y que la fiscalía, “con todo el soporte de la Procuración” (en referencia a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia local, a cargo de Julio Conte Grand) pueda pedir medidas que le den “más volumen” y que deberá aprobar el juez. “Hemos chequeado con la Procuración, con la fiscalía y con el juez que eso va a funcionar; ese fue el primer paso hace unas cuantas semanas atrás”. E insiste sobre ello: “hemos tenido el recaudo de tomar como primera medida asegurarnos la cuestión judicial. O sea, no estaríamos a este nivel hablando con ustedes como mínimo dos ministros, un viceministro de justicia, un senador por intermedio del gobierno nacional si no tuviésemos asegurada la cuestión judicial. No los estamos invitando a un carnaval para ver qué sale”. Justicia, Estado de derecho y coso. La Republiquita de Elisa “Lilita” Carrió saltó de la cuna y se tiró de palomita por la ventana.

Además, ya casi sin ropas, el ministro afirma “creeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte- si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. ¡El ministro de Trabajo!

Cuesta elegir por dónde empezar. Creo que esta dificultad se debe a que a priori pareciera que la referencia a la Gestapo es un problema y la reunión para armar una causa es otro cuando, en realidad, son una misma cosa. Veamos.

La Gestapo nació en 1933 como una policía secreta sin control legal o judicial para vigilar, perseguir y eliminar opositores al régimen nazi. Luego, como parte de las SS, fue clave para el aparato del terror responsable del holocausto. Cuando el ministro Villegas pide una Gestapo para terminar con los gremios, pide eso. Sus disculpas posteriores (“esa palabra está lejos de mi forma de sentir y pensar”), además de incoherentes con su planteo de que el video podría estar adulterado (¿por qué se disculpa si está adulterado?), son insuficientes.

¿Por qué? Porque de lo que se disculpa es de “haber utilizado torpemente una palabra absolutamente inadecuada”, no de lo que quiso significar. De allí que tampoco satisfaga la reacción de algunos cambiemitas como Waldo Wolff o Fernando Iglesias o la de la propia Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que acusaron a Villegas de banalizar el holocausto. No banalizó el holocausto, sino que idealizó la posibilidad de tener una fuerza de embestida para perseguir a las organizaciones que, bien o mal, mejor, peor, con corrupción o sin ella, con lo que cualquiera quiera agregar, existen para proteger los derechos de los trabajadores. No hay nada en sus dichos que implique quitarle importancia o trivializar la persecución, tortura y asesinato de 6 millones de judíos. No hay ironía. Lo que hay es ensalzamiento, ensoñación, reivindicación. Que Villegas no esté dispuesto a usar una Gestapo para perseguir judíos sino sindicalistas no lo transforma en un mal chiste.

Esta no banalización explica por qué lo de la Gestapo y lo del armado de causas no son cosas distintas. Porque, claro, torturar y eliminar físicamente a los adversarios supo ser pero ya no es admisible en estas tierras. Como dijo el propio Villegas luego de fantasear con su propia policía secreta: “las leyes son las leyes”. Y, en ese marco, así como les contó a los empresarios su deseo de modificar la ley provincial 10.430 para “sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea”, también les explicó sus planes para “darle volumen” a la causa contra el Pata Medina.

Me resulta innegable que muchos gremialistas en la Argentina no pueden explicar sus patrimonios, que recurren a prácticas violentas, extorsivas y corruptas y que le tienen más miedo a la democracia interna que Súperman a la kryptonita. En el caso de Medina, su procesamiento y el de su esposa por asociación ilícita y lavado de activos fue confirmado por la Cámara Federal de La Plata.

Pero eso no quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa para sancionar delitos. Ya se dijo muchas veces. De la misma época de la reunión de Villegas recuerdo, por ejemplo, la inexplicable detención de Amado Boudou. Y no hace falta creer en el lawfare para advertir que hay algo que está mal. Como dije acá cuando Mauricio Macri también empezó a decir que era víctima de una persecución política, el lawfare es un recurso retórico para esconder el problema real de falta de independencia y sometimiento del Poder Judicial al poder político, económico, mediático, sindical, etc.

Y, sin embargo, la reunión de Villegas es una muestra evidente de que los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, junto a empresarios de la construcción, coordinaron el avance de una causa penal contra un dirigente gremial. Según los propios dichos del entonces ministro bonaerense, lo hicieron con el acuerdo previo de los funcionarios judiciales intervinientes. Si eso fue así o si Villegas se sobregiró, si se podrá demostrar o no, quién los filmó, para qué, por qué se conocieron ahora los videos, si serán válidos como prueba, a quién le conviene y a quién no, si volvió Antonio “Jaime” Stiuso, si esto se vincula con la interna de Juntos por el Cambio, si es un pase de factura de los agentes de inteligencia a los que la Cámara Federal porteña acaba de considerar cuentapropistas y todos los etcéteras que se les ocurran son cuestiones muy interesantes, pero lógicamente innecesarias de resolver en forma previa para poder sostener con toda claridad que esa reunión es un hecho de la más absoluta gravedad para la democracia argentina.

Porque, cualquiera que sea la respuesta a esos interrogantes, hay un punto innegable: en esa mesa, además de empresarios y funcionarios del gobierno de Vidal, había sentados tres jerarcas de la AFI de Macri. Se trata de Juan Sebastián De Stéfano (director de Asuntos Jurídicos y, por designación de Horacio Rodríguez Larreta, hoy director en Subterráneos de Buenos Aires), Darío Biorci (jefe de Gabinete y cuñado de la número 2 del organismo, Silvia Majdalani) y Diego Dalmau Pereyra (director de Operaciones de Contrainteligencia). Pavada de reunión.

No hay ninguna, ninguna explicación dentro del marco de la ley de inteligencia para justificar la presencia de estas tres personas allí. Y acá es donde el tema del armado de causas se une con la Gestapo. Es que Villegas puede no haber tenido una fuerza de embestida para torturar y asesinar personas ni para terminar con todos los gremios, pero tenía, según él mismo dijo, un ministro, un viceministro de justicia, un senador por intermedio del gobierno nacional, el Procurador General de la provincia, la fiscal y el juez. Ah, y a tres funcionarios de primera línea de la AFI, incluyendo al cuñado de Majdalani. Y ya sabemos desde hace muchos años a qué se dedican los servicios de inteligencia en la Argentina: a extorsionar, a carpetear, a apretar y a comprar jueces, periodistas, políticos y empresarios para armar o desarmar causas, aprobar leyes, financiar campañas, conseguir títulos en los medios, pagar sobresueldos, tapar escándalos y hasta encubrir atentados terroristas, siempre que todo sea favorable al poder para el que trabajan, que también sabemos que no es solo el poder político. Ahí tenés tu Gestapo.

Algunos parecen creer que esto lo inventó el macrismo. Ojalá fuera tan fácil. Pero no. Es más viejo que la escarapela. Durante la última dictadura militar, los servicios de inteligencia argentinos fueron muy similares a la Gestapo original. Y aunque se los sometió a distintas reformas, nunca se terminaron de aggiornar a la transición democrática. Un poco como lo que les sigue pasando a algunas fuerzas de seguridad y por razones similares: el poder utiliza estos recursos para sus objetivos políticos y económicos ilegales, por lo que nadie tiene demasiados incentivos para transformarlos en serio.

No lo digo yo. Lo dice el secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno, Gustavo Béliz. ¿Se acuerdan de su renuncia como ministro de Justicia de Néstor Kirchner en 2004? Fue la primera renuncia de un ministro. Ocurrió el 24 de julio. Se la pidió el Presidente luego de que Béliz atacara a la SIDE por plantar pruebas falsas en la causa AMIA, hacer operaciones ilegales y manejar fondos millonarios en forma irregular. Otro que se fue eyectado unos meses después por publicar un informe sobre el uso irregular de los fondos reservados de la SIDE para la política fue el titular de la Oficina Anticorrupción de Kirchner, Daniel Morín.

La decisión de reemplazar a Béliz se la comunicó el entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Al día siguiente, el 25, el ex ministro se sentó en prime time en el programa de Mariano Grondona, exhibió una foto del hasta entonces desconocido “Jaime” Stiuso y lo denunció públicamente por esos manejos ilegales de los que, dijo, hacía uso el kirchnerismo. El día 26 concedió una entrevista en la que refirió que lo habían echado por hablar de la SIDE, organismo que “tiene como rehén o como cómplice al Gobierno”. ¿Y saben qué más dijo Béliz? Que la agencia era “una especia de Gestapo de la era democrática”. Al poco tiempo se tuvo que ir del país por miedo a que lo mataran. Los sótanos de la democracia, diría el Presidente.

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