Consejo de la Magistratura: nunca es tarde para hacer las cosas bien

El Consejo de la Magistratura es una institución que fue incorporada en la reforma constitucional de 1994. Es un órgano fundamental -como bien lo dijo el constituyente en aquel entonces- para designar, evaluar y eventualmente sancionar o destituir a los jueces. Este organismo tiene gran importancia en el diseño de la república (Art. 114 y 115 CN), pero desde el año 2006, la política tomó por asalto al Consejo y no respetó el “equilibrio” que debe poseer en su estructura y representación, desvirtuado en todo sus aspectos al mismo, creando un cuerpo politizado, afectando la independencia y el buen funcionamiento del Poder Judicial.

Un poco de historia: en marzo de 1996 el senador Jorge Yoma al momento de discutir la Ley de creación del Consejo de la Magistratura (Ley 24.937) decía que en su integración se debía procurar el “equilibrio” del mismo; en definitiva, que ningún sector predomine sobre los otros. En diciembre de 2005 la senadora Cristina Fernández de Kirchner sostenía -al momento de reforma la ley que regulaba el Consejo- que ese consejo de 20 integrantes era burocrático y se debía agilizar el funcionamiento del mismo, para continuar y dar las pautas interpretativas sobre el “equilibrio” establecido en el texto constitucional “si se cree y se dice que este proyecto de dictamen rompe el equilibrio que fija la Constitución, tenemos que decir entonces que el que está vigente también lo rompe. Lo que pasa es que tal vez no sea para al lado del Parlamento o del otro poder del Estado, sino para el de los estamentos de las corporaciones” (Ley 26.080).

La Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que debe ser leído en clave ordenadora, en tal sentido, declaró inconstitucional la norma sancionada en el año 2006. En sus párrafos saliente, el Máximo Tribunal sostuvo: “Equilibrio no es lo mismo que igualdad. Mientras que la igualdad expresa de modo directo la conformidad o correspondencia de fuerzas, el equilibrio implica una tendencia a compensar lo que no es igual, estableciendo una relación en la que los diferentes componentes se articulan para contrarrestar el peso de los demás”.

En tal sentido, concluyen los magistrados: “El equilibrio, tal como lo ha entendido esta Corte, consiste entonces en la imposibilidad de que alguno de los cuatro estamentos pueda llevar adelante acciones hegemónicas o controlar al Consejo por sí y sin necesidad de consensos con otros estamentos”.

En tal sentido, llegaron a la conclusión de que en estos dieciséis años de vigencia de la ley, en lo referente al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, se quebró el equilibrio establecido en la carta fundamental, politizando la institución y la regla fue del predominio del estamento político sobre los otros. La Corte en su faceta ordenadora entiende que la declaración de inconstitucional de la ley es una solución a estas graves falencias, que indefectiblemente ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial.

Ahora, es la política quien debe encontrar las soluciones, el fallo exhorta al Congreso Federal para que dicte una nueva ley que organice el Consejo de la Magistratura, y que de una vez por todas, tengamos instituciones sanas, equilibradas y que sean a favor de una mejor y mayor república.

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