Pruebas Aprender: evaluar para mejorar

El Ministro de Educación Nicolás Trotta anunció la suspensión de la evaluación de las pruebas Aprender, por segundo año consecutivo. Esas pruebas son esenciales ya que conforman un dispositivo nacional en donde se evalúa el sistema educativo en general y el rendimiento de los estudiantes en particular, con un alcance a los alumnos de 6° grado y el último año de la secundaria. Se evalúa sobre lengua, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales y, eventualmente, educación sexual integral o educación cívica. El objetivo primordial es poder contar con datos e información precisa para conocer el estado integral de la educación y así poder proyectar y construir acciones de políticas públicas para la mejora permanente basada en evidencias.

Considero esta decisión irresponsable y de poca sensibilidad con las comunidades educativas, que se quedarán sin indicadores y resultados actualizados en los logros de aprendizaje de los estudiantes, y tampoco contarán con la posibilidad de continuar una serie histórica. De esa forma esta suspensión deja a educadores, maestros y pedagogos sin información precisa para la mejora e innovación, y esta condición repercute directamente en los estudiantes.

El Ministerio de Educación Nacional confirmó que han abandonado la escuela más de un millón de pibes durante el 2020, y ya hay estudios realizados sobre los efectos de la pandemia en la pérdida de aprendizajes en los estudiantes, de tal manera que se hace más urgente y necesario un diagnóstico común de la educación en un contexto de pandemia, para saber dónde focalizar y priorizar los esfuerzos en la inversión para que los resultados sean eficaces y se pueda construir mayor justicia educativa.

Por otro lado, resulta preocupante que la determinación fuera tomada unilateralmente y centralizada por el Ministro, alejada de la construcción concertada y de participación del Consejo de la Calidad Educativa y del Consejo Federal de Educación. Imposibilitando la generación de acuerdos entre todas las jurisdicciones tal como lo estableció el último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando dictaminó a favor de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la presencialidad educativa.

Asimismo, un vacío significativo acontece en la construcción de lineamientos para los procesos de evaluación, investigación y producción de información educativa esenciales para garantizar el derecho personal y social a la educación y la mejora continua del sistema educativo. Por ello, he presentado un proyecto de ley de Evaluación Integral del Sistema Educativo Argentino y creación del Instituto Nacional de Evaluación, Investigación e Información Educativa, cuyo objetivo es diseñar e implementar una política integral, que retroalimente los procesos educativos y contribuya a la toma de decisiones.

Un antecedente muy alentador es la creación de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la que realiza las evaluaciones TESBA y FESBA (dos operativos de evaluación para conocer los resultados en los logros de los aprendizajes de los estudiantes y a partir de esas evidencias construir políticas educativas de mejora sobre las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en las instituciones educativas). Este año se implementarán en octubre y noviembre en el sistema educativo de la Ciudad como confirmó la ministra porteña Soledad Acuña. Además, como política de acceso a la información y transparencia se implementó junto con el Ministerio de Educación de la Ciudad, el Boletín Tu Escuela, que contiene información relevante para directivos y supervisores con el fin de fortalecer el diseño de estrategias de mejora a nivel institucional.

Debemos rescatar el valor de las evaluaciones, el análisis de sus resultados es lo que nos permitirá tomar decisiones más acertadas para mejorar los procesos educativos y superar los actuales niveles de enseñanza y aprendizaje dañados por la pandemia.

Contar con una política de evaluación nacional permitirá generar condiciones para una mayor calidad y equidad, además de promover la integralidad en las políticas, basadas en una construcción federal y en una cultura de la evaluación de manera confiable y transparente.

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