Yihad a la Justicia: como blanco del poder político, un esquema inviable para el futuro de la Nación

En muy prieta síntesis, yihad es una palabra árabe que significa simplemente “lucha”, pero se suele interpretar como “guerra santa”. Lamentablemente, esta acepción es la que impera en el mundo. En su libro “Historia de la Yihad”, José Javier Esparza dice: “Muchos sostienen que en realidad se trata de una lucha espiritual interior. Según la interpretación más habitual hay una yihad mayor que es la lucha personal por mejorar a ojos de Dios y hay una yihad menor, que es el combate físico contra los enemigos del Islam. Pero en cualquier caso la interpretación bélica cuanta con numerosos avales en la propia órbita cultural islámica”.

Salvando las distancias, pero sí desde lo conceptual, en Argentina puede decirse que estamos atravesando, sin lugar a dudas, una yihad contra el Poder Judicial, donde se deja de lado el debate por las acciones de hecho. Lo que nos debe llamar a la reflexión es que, esa “guerra santa” suceda justo en medio un una pandemia, donde las prioridades debieran ser muy diferentes. Vayamos por partes.

Un aspecto de transcendencia para el futuro de la República, es que la propia justicia tiene un deber pendiente para con la sociedad: debe “revincularse”. Tras el dogma de que los jueces solo hablan por medio de sus sentencias, propio de una era que ya pasó, su accionar se ha convertido en conductas inentendibles para quienes no suelen transitar los pasillos de Tribunales. Resulta de fundamental importancia que el Poder Judicial, en su totalidad, entienda la trascendencia de reconectarse adecuadamente con la sociedad, explicar lo que no se entienda y, por sobre todo, volver a ganarse el respeto social, donde una sentencia sea la resolución final a una disputa. Es la única forma civilizada de convivir en paz.

Caso contrario, nos pasa lo que nos está pasando: cuando se dicta un fallo, arranca de nuevo la discusión. Las causas judiciales suelen ser complejas, como es el marco de actuación que tienen los magistrados, que se encuentra acotado tanto por el contenido en sí del expediente como por el cerco conceptual y de interpretación que la brinda la ley aplicable al caso en cuestión. De allí la importancia de explicar, poner la cara frente a la sociedad, en aquellas causas de trascendencia pública. Si como sociedad no logramos entender la importancia de tener un Poder Judicial independiente, realmente no tendremos salida al nudo borromeo en que se ha convertido la argentina tóxica de hoy.

La segunda asignatura pendiente que tiene el Poder Judicial, luego de revincularse con la sociedad, es la de lavar sus trapos sucios adentro, sacar la mugre y dejar la casa en orden. Hoy ya no tienen cabida en la Justicia funcionarios que solían exhibir sus costosos anillos como demostración de una vida glamorosa que excedía en mucho la dignidad de su magisterio. En el pasado tenemos varios ejemplos de conductas impropias que han quedado grabados a fuego en la memoria colectiva y que son el germen del desprestigio actual que el Poder Judicial tiene en la sociedad.

La buena noticia es que tenemos la gran suerte de contar con una camada de nuevos jueces (y no tan nuevos) probos, estudiosos, dignos y con muchas ganas de hacer bien su trabajo. Ellos deberán entender la necesidad de revincularse con la sociedad y tomar las riendas del nuevo Poder Judicial. Tienen un trabajo arduo por delante, pero merece ser hecho. Tanto los que ejercemos el derecho, como la dirigencia política, tenemos la obligación moral de ponernos a disposición del Poder Judicial para hacer entre todos un trabajo conjunto que ponga de una buena vez por todas al Poder Judicial en el lugar que debe estar. Sin lugar a dudas, una Justicia respetada por la sociedad nos hará un país mucho mejor de lo que somos hoy.

Lamentablemente, la Justicia viene siendo desde hace largo tiempo un blanco del poder político de turno, situación que por su transcendencia institucional hace inviable el futuro de nuestra Nación, que necesita, como ya dijimos, de un Poder Judicial independiente y valorado por la sociedad. La virulencia actual es de una magnitud tal que da sustento al título que he elegido para estas líneas, tanto por la fuerza de los embates, como por la forma. Hay desde el poder una “guerra santa” contra la Justicia.

En una nación democrática y respetuosa de sus instituciones no debe haber lugar para que un intendente del conurbano diga en un discurso frente a la cúpula del poder político actual “si quieren venir que vengan”, a consecuencia de un fallo de la Corte que no es de su “agrado”. Mucho menos el titular del Poder Ejecutivo Nacional, por la investidura de su cargo, debió decir lo que dijo respecto del fallo del tribunal Supremo que reconoció la independencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para autoregular sus cuestiones internas, como la educación. No es el Profesor de la Casa de Papel, además de profesor de Derecho, es el Presidente de la Nación y debe comportarse como tal, le guste o no la sentencia de turno.

Que el Poder Judicial tiene que replantearse su vínculo con la sociedad no hay duda alguna. Tampoco que no puede ser el blanco de los vómitos constantes de la orquesta desafinada de los relatores del relato, que no solo no le hacen bien a su propio discurso, sino que ponen en jaque el sistema democrático en sí mismo, al pretender saltar una valla insorteable, como lo es la división de poderes, tan importante como transcendental para nuestro futuro en una “guerra santa” sin cuartel.

Hay ciertos hechos que merecen y deben ser recordados para entender la magnitud de lo que está pasando hoy -en plena catástrofe pandémica- con la Justicia y que exhiben la depreciación institucional que padece nuestra democracia, coaccionada por hechos que sojuzgan la independencia judicial. La coalición política que gobierna la República Argentina desde diciembre de 2019 lleva adelante una política que pone en crisis los principios republicanos y democráticos, cuyo respeto constituye no solo una cuestión moral, sino que es una obligación impuesta tanto por el ordenamiento constitucional como por los tratados de derechos humanos de los cuales la República Argentina es parte con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994.

Cualquier política que pretenda la concentración del poder afecta el sistema democrático: la división de poderes, la independencia judicial, la libertad de expresión y las libertades individuales de todos los habitantes de nuestro país son valores fundamentales sobre los cuales no es posible transigir o “negociar”. Si encima se pretende la colonización de la Justicia como forma de lavar los trapos sucios de la política, entramos ya en un escenario de alarma institucional.

El rediseño de la justicia en “tiempos de pandemia” más allá de ser un grosero error de cálculo, es una cuestión que deja al descubierto tanto, un gran temor, como una imprudencia supina. El miedo impulsa la desesperación por hacerlo cueste lo que cueste. Arrasando todo lo que se interponga en el medio, como la Justicia Federal Penal, el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las vacunas y la economía quebrada pueden esperar, mientras la población es confinada y se amenaza con causas penales a los que tuvieron el “tupé” de hacer turismo, los referentes políticos del Gobierno se ocupan de mendigar votos para su “noble” cometido.

Mientras la política se preocupa por “reforma del Poder Judicial”, la población se encuentra sola en el medio de la catástrofe mundial que estamos viviendo, con millones de contagiados en nuestras tierras, más una cantidad impensada de muertos. En el país del mañana mejor que nunca llega la ausencia de vacunas y testeos suficientes para atacar la pandemia con herramientas del siglo XXI, hace que debemos recurrir a las desvencijadas armas de la antigüedad: el encierro de la población. Es irracional por donde se lo analice. Si se quiere y pretende reformar la Justicia, la prudencia y el sentido común indica que al menos esperemos a que pase la pandemia. ¿Cuál es el apuro? ¿Las elecciones legislativas que se avecinan? Pareciera que la guerra santa debe ser librada sí o sí ahora mismo. Sin demoras.

Las consecuencias de las decisiones políticas que se toman y de las políticas públicas que en su consecuencia se ejecutan son responsabilidad exclusiva del Gobierno. Ni la Justicia ni los medios de prensa son los responsables. A la primera le toca juzgar, a los segundos informar y opinar. Para eso, entre otras cosas, somos una nación supuestamente libre (pero confinados: no es muy claro el concepto de libertad, máxime con las amenazas de la Ministra de Seguridad de la Nación de enjuiciar penalmente a los ciudadanos que viajaron o los amontonamientos de los ciudadanos en la Panamericana, por ejemplo).

Las decisiones gubernamentales se han venido adoptado en notoria violación al principio de separación de poderes, aprovechando la situación generada por la actual crisis sanitaria para acrecentar ilegítimamente el ámbito del poder y reducir los espacios de libertad de los ciudadanos, con afectación de su intimidad y privacidad, de su libertad de expresión y del derecho de propiedad, procurando también reducir el debate democrático sobre estas cuestiones, eliminando de este modo toda posibilidad de un real control democrático sobre la acción gubernamental. La yihad contra la Justicia debe dar paso a la necesidad urgente de sanar una Nación rota, no podemos pretender arreglarla a puro golpe de martillo.

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