Consenso fiscal, una herramienta desaprovechada

A fines del año 2017 y como parte de un paquete de reformas más amplio, que incluyó rebajas en materia tributaria y mejores prácticas en materia de finanzas públicas, se firmó un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Provincias que se denominó Consenso Fiscal. El acuerdo fue ratificado por Ley 27.429 y, a excepción de San Luis y La Pampa, el resto de las provincias y la CABA ratificaron dicha ley en sus propias legislaturas.

El Consenso Fiscal tuvo dentro de sus principales objetivos (aunque no los únicos) la armonización y baja gradual de los impuestos más distorsivos que gravan la actividad económica y se encuentran bajo la órbita de las provincias, que son los impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos. Respecto al primero de ellos, y de manera resumida, el consenso buscó eximir del impuesto a las actividades primarias e industriales, y gravar los últimos eslabones de la cadena productiva, asimilándose más a un impuesto a las ventas finales de manera tal de mitigar el efecto nocivo (conocido como efecto cascada) que produce.

Los primeros resultados de los cambios aprobados por el Consenso fueron auspiciosos. La baja de impuestos y la necesaria armonización a nivel provincial y municipal se estableció de manera gradual y progresiva hasta el año 2022, lo cual permitía la adecuación paulatina de los ordenamientos provinciales y sus finanzas, y a la vez dar un marco de previsibilidad a los agentes económicos.

Lamentablemente, a poco de dar sus primeros pasos y por motivo de la crisis económica que se desatara a mediados del 2018, las presiones políticas vinculadas a la necesidad de incrementar el gasto público hicieron que el consenso, respecto a aspectos tributarios, tuviera su primer traspié ese mismo año. Es así como fue incrementada la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales (medida que el Consenso vedaba para darle mayor espacio al cobro por parte de las provincias del impuesto inmobiliario) y se suspendió por un año el sendero de reducción del Impuesto de Sellos,

Posteriormente, a fines del 2019 y ya con el nuevo gobierno, a través del llamado Consenso Fiscal 2019 se suspendió por un año la vigencia de varios compromisos asumidos sólo dos años atrás, entre ellos el de continuar con la reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de Sellos. Vale la pena recordar que en ese mismo momento y a través de la Ley de Emergencia Económica se frenó también la reforma tributaria en materia de Seguridad Social (que significaban menores contribuciones patronales), se pospuso la reducción de la alícuota en el Impuesto a las Ganancias para las empresas, que debía pasar en el año 2020 al 25% sobre las utilidades reinvertidas, se incrementó fuertemente la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales, los derechos de exportación, los Impuestos internos, y se creó un nuevo tributo, el denominado impuesto PAIS.

Finalmente, en diciembre del año pasado el Gobierno Nacional y todas las Provincias -excepto la Ciudad de Buenos Aires, cuyo pleito por los cambios en la Coparticipación la hicieron desistir- rubricaron un nuevo Consenso Fiscal que, en lo sustantivo y más allá de plausibles intentos de armonización fiscal entre diferentes niveles de gobierno, vuelve a posponer las rebajas de las alícuotas de Ingresos Brutos (por lo que seguirán rigiendo las aplicadas hasta 2019) y habilita subas sin límite para las actividades vinculadas a la intermediación y servicios financieros. Idéntica postergación se propone para la rebaja del Impuesto de Sellos, así como también para la eliminación de tributos sobre la nómina salarial y otros específicos que gravan los servicios públicos.

A pesar de la pandemia y sus efectos devastadores sobre la salud y la economía, todo parece confirmar la tendencia alcista de la presión tributaria, aun cuando se la matice con algunas medidas de alivio para determinados sectores o individuos.

Es evidente que la crisis económica ha dejado a la economía y a la sociedad en una situación de fragilidad extrema y la pregunta que sobrevuela es cómo se sale esta vez. La receta que parece proponerse para empezar a ordenar las cuentas fiscales –objetivo loable por cierto- es que sean los contribuyentes los que soporten los costos de la crisis aportando más a un gasto público inflexible a la baja.

Vale la pena preguntarse si más y peores impuestos podrán fomentar la inversión del sector privado, principal determinante del crecimiento y desarrollo económico en todo el mundo. Paradójicamente, el camino para resolver la problemática Fiscal (al igual que las restantes que nos aquejan desde hace años) comienza logrando Consenso.

SEGUIR LEYENDO: