Un panorama sombrío para los pequeños proveedores de Internet

La normativa que se desprende del DNU 690 que declaró esencial el servicio de acceso a Internet no solo puso en riesgo la subsistencia de cientos de pymes sino que se ha constituido en la garantía de un retroceso seguro de la calidad y cobertura de las prestaciones

Quienes sometieron a los servicios de acceso a internet a un control de precios de carácter discrecional no se han preocupado por entender la dinámica que se da en las pequeñas y medianas localidades del interior
Quienes sometieron a los servicios de acceso a internet a un control de precios de carácter discrecional no se han preocupado por entender la dinámica que se da en las pequeñas y medianas localidades del interior

Cualquiera podría pensar que los proveedores de acceso a Internet, un servicio que en la pandemia se ha convertido en un recurso crítico para la gran mayoría de la población, son los grandes “ganadores” de esta fenomenal crisis sanitaria, económica y social generada por el Covid-19. Seguramente quien esto piense, lo haga viendo a los 3 o 4 grandes operadores de telecomunicaciones que acaparan un porcentaje mayoritario de los más de 9.300.000 conexiones de banda ancha fija que hay en Argentina.

Definitivamente, esa no es la realidad que viven hoy los cientos de emprendedores y pymes que proveen en Argentina servicios de conectividad en la gran mayoría de las localidades del interior del país, allí donde estos grandes grupos dominantes y multinacionales no llegan.

Desgraciadamente para esos pequeños empresarios, que hoy se encuentran en una situación crítica que condiciona su subsistencia, las autoridades del Gobierno Nacional han adoptado medidas de muy negativo impacto con el mismo sesgo. Es decir, que quienes establecieron que los servicios de acceso a internet son servicios públicos esenciales, y por tanto los sometieron a un control de precios de carácter discrecional, lo han hecho a partir de su mirada parcial de la realidad del mercado de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense y no se han preocupado por entender la dinámica que se da en las pequeñas y medianas localidades del interior, donde está la mayor parte de los hogares que aún no cuentan con una conexión de banda ancha fija.

Las pymes proveedoras de Internet están en medio de la “tormenta perfecta”: costos que no paran de crecer, un consumo mucho mayor de ancho de banda por parte de los usuarios y un control de precios de carácter discrecional

Por esta sencilla razón es que toda la normativa que se desprende del DNU 690 no solo ha puesto en riesgo la subsistencia de cientos de pymes y miles de empleos que estos actores generan en las localidades donde operan, sino que se ha constituido en la garantía de un retroceso seguro de la calidad y cobertura de los servicios de Internet en el país, producto de una menor competencia y del freno a las inversiones que se generan en el interior.

En esas localidades, por más pequeñas que sean, existe al menos una pyme que provee el servicio de Internet nacida, en muchos casos, por el empuje emprendedor de un vecino de esa misma localidad que, ante la falta de una oferta de conectividad, decide ponerla en marcha generando inversión genuina y empleo local.

Hoy, esa pyme está en medio de la “tormenta perfecta”, con costos que no paran de crecer, en principio, por la mera evolución de la inflación, del tipo de cambio, de los costos laborales y hasta del precio de la nafta, pero también por un consumo mucho mayor de ancho de banda por parte de los usuarios del servicio, que requieren de una mayor erogación en conectividad mayorista. Como si esto fuera poco, el control de precios implementado sin el más mínimo análisis de la estructura de costos de los proveedores “aplasta” cualquier posibilidad de equilibrar las cuentas, obligando a los pequeños ISPs a proveer sus servicios por debajo del costo, algo que no sucede con los grandes operadores, especialmente los que proveen telefonía fija y móvil, ya que los miles de millones de ingresos que tienen mensualmente por esos servicios les permiten subsidiar el costo de internet.

La mera calificación de un servicio o una actividad económica como servicio público no hace por sí misma que esos servicios sean más baratos ni mejores, o siquiera que lleguen a más personas, algo que sí puede lograrse generando condiciones de mayor competencia

Desde la perspectiva del usuario, el control de precios o un valor del servicio congelado pueden considerarse un beneficio en el corto plazo, pero si no se contemplan las inversiones, en su gran mayoría atadas a la evolución del dólar, que requiere una industria de capital intensivo como la de Internet, puede ser una trampa que finalmente perjudique al usuario final por la degradación del servicio que, indefectiblemente, se genera por la falta de inversiones en redes.

La mera calificación de un servicio o una actividad económica como servicio público no hace por sí misma que esos servicios sean más baratos ni mejores, o siquiera que lleguen a más personas, algo que sí puede lograrse generando condiciones de mayor competencia y una promoción activa e inteligente de la industria por parte del Estado a través de políticas públicas de incentivo de la inversión, para que sean los actores del sector privado quienes lleven internet de calidad a precios competitivos al cien por cien de los hogares del país.

El desarrollo pleno, universal, inclusivo y federal de la conectividad en la Argentina solo puede alcanzarse a partir de regulaciones inteligentes que impulsen la competencia y motoricen las inversiones, reglas de juego claras para compartir la infraestructura pasiva en todo el territorio nacional, mayores incentivos fiscales, herramientas de financiamiento accesibles y políticas de impulso para operadores pyme y, sobre todo, una mesa de diálogo que contemple a estos actores, para que la libre competencia sea la que garantice servicios de internet de calidad para todos los ciudadanos que están del otro lado de la General Paz.

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