Política, economía y el “subdesarrollo sostenible” de la Argentina

Jorge Remes Lenicov, interpretando y coincidiendo con una cada vez más generalizada y preocupante percepción de muchos expertos, incluso desde diversas pertenencias partidarias y diferentes preferencias ideológicas, efectuó una valiosa reflexión sobre “El desencuentro entre política y economía”. En ella y en el marco de la racionalidad que impone la visión de largo plazo de la gestión pública por resultados, sostenida en la objetiva evidencia empírica y dejando de lado a la tan atractiva “post verdad” de los relatos políticos, interpela a nuestra democracia, de casi 4 décadas continuas, el período más extenso de nuestra historia institucional, con algunos sustanciales datos de largo plazo, como:

1. La economía argentina exhibe, en su conjunto, una muy baja cuantía de su inversión reproductiva, privada más pública, con una tendencia permanentemente declinante y actualmente apenas resulta superior al 10% del PBI, una proporción que no alcanza para mantener plenamente operativo al stock reproductivo de bienes y servicios y para preservarlo de su obsolescencia tecnológica.

2. Cada vez menor productividad, generalmente muy desestimada por la gestión política. Se trata de la eficiencia con que una economía transforma a sus factores de producción acumulados (los recursos humanos, la tecnología disponible, la infraestructura física, los recursos naturales, el entorno de las instituciones públicas y privadas, etc.) en la producción de bienes y servicios. Actualmente, es de alrededor del 30% de la que registran los países que crecen sostenidamente; e incluso resulta inferior a la de varias naciones de Latinoamérica.

3. Escaso crecimiento económico. El PBI por habitante de largo plazo crece a una tasa promedio inferior al 1% anual, menor al de la tasa vegetativa de la población.

4. Cambio de ritmo. Hasta una década atrás, a cada año de un eventual crecimiento le seguía casi indefectiblemente otro de recesión, en una continua cadencia de muy alta volatilidad e incertidumbre llamada “stop and go”, en los últimos 10 años la economía se cerró en la situación estacionaria, denominada “trampa de estancamiento económico”.

5. Elevada y continua inflación anual de 2 dígitos porcentuales desde hace alrededor de 15 años; fenómeno monetario que ha sido superado por los demás países de la región, salvo obviamente el muy grave caso de Venezuela. Acumula desde 1983 un promedio anual de casi 60%, incluyendo el pasaje por un proceso de hiperinflación de 4 dígitos.

6. La pobreza, que en 1983 alcanzaba a 16% de la población total (ajustando la serie histórica con la metodología actual), hoy resulta del 42%, después de haber atravesado graves crisis que la llevaron incluso al 55% de los habitantes en la Nación.

El tamaño del Estado

Probablemente sea Orlando Ferreres y su equipo técnico, entre otros economistas preocupados por lo sistemático del estancamiento económico de Argentina, como José María Fanelli y Juan José Llach, entre otros, quienes alrededor de una década atrás proveyeron de un grado de objetividad al referido “desencuentro” entre la política y la economía y a los penosos resultados de esta creciente divergencia del caso argentino, al introducir la propuesta de la necesidad de estimar un gasto público consolidado (nación + provincias + municipios) que resulte sostenible en el largo plazo, como un parámetro de la divergencia de una economía fiscal sana con la que resulta de la elevada irresponsabilidad fiscal que deriva de la desmesura de la política, cuando está es casi solamente electoral.

El concepto es que un gasto público consolidado, cuyos correlativos tributos excedan a la capacidad de pago de impuestos de las familias y de las empresas y avancen sobre el imprescindible remanente de ahorro, destinado a ser aplicado a la inversión y a la generación de empleos del sector privado, reduce su productividad, ahoga a la actividad productiva formal, generando así recesión, menor recaudación fiscal y también les quita competitividad a las exportaciones, cerrando a la economía.

Un gasto público total, sostenible en el largo plazo, debería cumplir con 3 condiciones simultáneas:

1) La presión fiscal, sin impuestos distorsivos a la inversión, al empleo y a las exportaciones, además deje el suficiente margen de ahorro (el principio de la no confiscación) a las familias y a las empresas privadas, para posibilitar la generación del círculo virtuoso del ahorro, la inversión, el empleo y el crecimiento económico;

2) Resulte mayoritariamente aplicado a la calidad institucional y a la infraestructura física y sostenga así una productividad mínima para proveer bienes y servicios públicos complementarios de la producción privada; y;

3) El Estado asuma relaciones técnicas de la deuda pública, tanto interna como externa, que resulten consistentes con la estabilidad del sistema impositivo diseñado y el gasto público planificado.

Cuando el gasto público consolidado supera ampliamente al estimado como sostenible en el largo plazo y, además lo hace sistemáticamente durante varios años consecutivos, la usual reacción de los sucesivos gobiernos en la búsqueda de su equilibrio fiscal es recurrir a nuevos impuestos, generalmente distorsivos, y/o a mayores tasas de los tributos ya existentes, comprometiendo así a la condición 1. Si no, también recurren a la emisión de dinero por encima de su demanda genuina, generando el regresivo impuesto no legislado de la inflación, que, a su vez, siempre incrementa la pobreza relativa de la sociedad.

También los gobiernos suelen recurrir a la emisión de más deuda pública, por encima de su efectiva capacidad de pago, comprometiendo a la condición 3 y generando inevitablemente las cesaciones de los pagos de los intereses y del capital adeudado, el consecuente incremento del “riesgo país” y el encarecimiento de la tasa de interés del imprescindible crédito, tanto para sí mismo como para el sector privado, clausurando también a esa fundamental herramienta del crecimiento económico.

Es imprescindible que el Estado acompañe con la condición 2, la del sostenimiento de una razonable productividad del gasto público en los bienes y los servicios públicos, necesariamente complementarios de la producción privada. Pero muchas veces, en pos de equilibrio fiscal, recortan justamente la inversión pública en infraestructura física.

Solo si la economía en su conjunto crece, el tamaño consolidado del Estado sostenible también puede crecer, en una similar proporción, pero solo si mide y sostiene a su productividad.

Así, el gasto público consolidado sostenible podría haber evolucionado, ajustando por el crecimiento económico efectivo y la inflación del dólar, desde los poco más de USD 20.000 millones en 1983, pasando por alrededor de USD 50.000 millones en 2000, hasta aproximadamente USD 100.000 millones que se sostiene desde 2011 hasta el presente. Asimismo, el gasto público sostenible por habitante se triplicó desde 1983 a la fecha.

Pero, lamentablemente, nunca fue suficiente para la desmesura de la política electoral, que llevó el gasto público consolidado desde unos USD 30.000 millones en 1983 hasta un máximo de unos USD 240.000 millones a mediados de la década pasada, superando excesivamente, en más de un 100% en la actualidad, al nivel que hubiese resultado sostenible. Un “overshooting” de gasto público de la clase política argentina de 8 veces, en términos reales, y de casi 6 veces en términos por habitante en los últimos 37 años.

Giros a las provincias

La política solo electoral relajó, continua y sistemáticamente, a la muy importante condición 2 de mantener la productividad del gasto público.

Las transferencias ya constituyen el 70% del gasto público, imposibilitando la necesaria acumulación de capital público en infraestructura (hospitales, escuelas, caminos, vías férreas, etc.). Relajamiento este que fue presentado a la sociedad como una política pública de equidad, progresista y moderna, al punto tal que cualquier intento de gestión por resultados es todavía rechazado como “antipatria”.

Lo concreto es que, detrás de esas continuas y crecientes políticas públicas de impuestos distorsivos y de transferencias, solo se obtuvo: estancamiento económico; cada vez mayor desigualdad, justamente la que decían que se iba a alcanzar si se seguía un sendero de eficiencia productiva.

El relato político actual es el que permitió la muy penosa compatibilidad de una gradual y persistente decadencia económica con los éxitos electorales, en lo que podría llegar denominarse como un “subdesarrollo sostenible”, siguiendo a la lógica fallida de aquel antecedente de una supuesta” inflación tolerable”.

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