La transición justa en España para la lucha contra el cambio climático

Un conjunto de medidas buscan paliar los efectos en el empleo por el cierre de instalaciones como consecuencia de la transición ecológica

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Dos chimeneas de una fábrica (EFE/Dave Hunt)
Dos chimeneas de una fábrica (EFE/Dave Hunt)

La transición justa (TJ) es una antigua reivindicación sindical que consiste en el conjunto de medidas que han de desarrollarse para paliar los efectos en el empleo del cierre de instalaciones como consecuencia de la transición ecológica y energética. Esta demanda está ahora ya reconocida socialmente, avalada por la OIT y recogida incluso en el Acuerdo de París sobre cambio climático.

España es, quizás, el país que más ha avanzado en la implementación de medidas de TJ, que se han articulado a través de una Estrategia de Transición Justa aprobada por el Gobierno. Esta estrategia incluye un nuevo instrumento para las comunidades o territorios afectados por cierres que es sumamente importante: los Convenios de Transición Justa. Estos convenios tienen la finalidad de que, a través de procesos participativos, se elaboren Planes de acción territorial integrales, que deberán incluir hojas de ruta con acciones concretas calendarizadas y con establecimiento de sinergias y colaboración entre las entidades y agentes concernidos para la financiación de proyectos de actividades que creen nuevos empleos.

Para Comisiones Obreras (CCOO) este instrumento significa un notable cambio respecto, por ejemplo, a los planes del carbón que se aprobaron en España, en los que no existía una planificación dialogada y consensuada territorialmente, sino fundamentalmente programas de protección para las plantillas y ayudas indiscriminadas para infraestructuras y empresas. Estos planes apenas lograron generar en esas comunidades un empleo alternativo a la minería.

Los Convenios de TJ, por su parte, se suscriben entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las administraciones regionales y locales e incluyen un proceso de participación pública muy amplio, con empresas, sindicatos y organizaciones sociales, en el que, a partir de un diagnóstico elaborado sobre la zona, se identifican las potenciales inversiones y proyectos y las posibles fuentes de financiación a los mismos. Finalmente se firma el Convenio de Transición Justa entre todos los agentes institucionales implicados.

Los procesos para los convenios de TJ que se han puesto hasta ahora en marcha están relacionados con el cierre de casi todas las 15 centrales térmicas que había en España y que están siendo sustituidas por parques eólicos o plantas fotovoltaicas. Hay que señalar que previamente hubo un Acuerdo Marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras en 2018, y otro Acuerdo para una transición justa de las centrales térmicas en 2020, firmados por los sindicatos, las empresas y el Gobierno, que están siendo una referencia como instrumento de transición justa sectorial a escala internacional. De hecho, la Confederación Sindical Internacional (CSI) otorgó a los sindicatos españoles el premio “Dorge Katry” por su implicación en los mismos y por su trayectoria en la acción sindical climática. Estos acuerdos marco son complementarios de los procesos de los convenios de TJ territoriales y buscan fundamentalmente proteger a los trabajadores de las plantillas afectadas.

La Estrategia de TJ incorpora también un instrumento importante, que es la creación de un Instituto para la Transición Justa, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Tiene como funciones: la asistencia técnica, financiera y legal para los convenios de TJ, la identificación y optimización de las oportunidades de actividad económica en esas zonas y la promoción de la coordinación de las políticas industriales, de formación y de empleo, entre diversos ministerios y con las autoridades regionales y municipios.

CCOO ha participado muy activamente en la puesta en marcha de todos estos instrumentos que sientan las bases para desarrollar las transiciones ecológicas protegiendo a los trabajadores, pero reclama también más medios públicos para hacerlo con celeridad.

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