El impuesto a las corporaciones solo favorece a Estados Unidos

La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, avanzó un paso más en la política de la Administración Biden de crear barreras a las inversiones de las corporaciones en el exterior. La propuesta de consensuar un impuesto mínimo a nivel global para las multinacionales no tiene otro objetivo que evitar la relocalización industrial que en los últimos treinta años propulsó el crecimiento de los países en desarrollo.

La Administración Biden ha implementado diversas medidas para desalentar el traslado de empresas hacia países con menores costos, incluyendo tasas reducidas de impuestos en comparación con las vigentes en los Estados Unidos y Europa. Entre los considerandos se cita la política de las corporaciones de presionar a los gobiernos para obtener tasas menores a cambio de la localización, hasta lograr incluso tasa 0. Los países en desarrollo implementaron las Zonas Económicas Especiales para facilitar la radicación de empresas cuya producción era destinada a la exportación. En estas Zonas regían normas más favorables que en el resto del territorio en materia laboral, impositiva, de comercio exterior y de acceso al mercado de cambios. Estos países priorizaron la ocupación de mano de obra sobre los ingresos fiscales.

Esta situación en materia internacional también se ve reflejada en los Estados Unidos para el pago de los impuestos estaduales, donde los estados compiten para recibir inversiones o evitar el éxodo ofreciendo tasas menores, subsidios indirectos o infraestructura para facilitar las operaciones de las empresas. La propuesta de Yellen no hace ninguna referencia sobre este tema doméstico ante la complejidad de lograr un consenso legislativo que avance sobre la potestad de los Estados de fijar sus propias normas.

La sugerencia de Yellen también levanta el argumento de que las multinacionales aprovechan las diferencias impositivas para eludir el pago de impuestos en sus países de origen. La presentación de la Secretaria del Tesoro tiene la impronta del sector progresista del Partido Demócrata sobre los abusos de las grandes empresas de eludir sus obligaciones impositivas. El análisis efectuado por el Instituto de Políticas Fiscales y Economía de 55 corporaciones encontró que no habían pagado impuestos federales a pesar de que las ganancias informadas a sus accionistas superaron los 40.000 millones. Los impuestos de las corporaciones en los Estados Unidos representan solo el 1% del PBI mientras en Alemania, Francia e Italia asciende al 2% y en Japón y Canadá al 4%. Sin embargo, el Instituto concluye que el problema está en los agujeros impositivos, originados en la presión de los lobbies, que permiten eludir el pago de impuestos constituyéndose en subsidios indirectos.

La proposición está dirigida asimismo a disuadir el éxodo de empresas ante el próximo aumento del impuesto a las ganancias del 21 al 28% para financiar el Plan de Infraestructura por 2.300.000 millones, que se suman al reciente programa de 1.900.000 aprobado por el Congreso para la recuperación del COVID-19. La reforma del Presidente Trump en 2017 redujo el impuesto a las ganancias del 35 al 21% como una forma de mejorar la competitividad y alentar el regreso de las empresas.

La Administración Biden pareciera no mirar más allá de las fronteras, sin evaluar las derivaciones para el resto del mundo. Esta medida se suma a los programas sobre la reconstrucción de las cadenas de valor, las preferencias para la producción “Made in America” en compras gubernamentales, el mantenimiento de los aranceles dispuestos por Trump, el rechazo a los acuerdos de libre comercio y la apertura de nuevas investigaciones sobre dumping. La mirada introspectiva sobre la necesidad de recuperar el liderazgo industrial no toma en cuenta que las inversiones externas tuvieron un papel clave en el crecimiento de los países de menores recursos, que también benefició el mundo desarrollado, que se concentró en industrias de mayor productividad para sostener su nivel de vida y redujo los precios para los consumidores. La acumulación de barreras a la salida de inversiones excusándose en una homogeneización de reglas a nivel global condenará a los países en desarrollo a la explotación de sus recursos naturales y a una mayor primarización de sus economías. Las inversiones son una forma de transmisión de tecnología y mejoramiento sistémico de la productividad.

La Secretaria del Tesoro tiene una frondosa experiencia en temas internacionales y no puede ignorar cuáles son las consecuencias de impulsar reformas internas descargando los costos en terceros países. Esta iniciativa solo podría discutirse en un marco global que incluyera los generosos subsidios que ese país vuelca para sostener su producción agrícola y ahora también la industrial.

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