Garantizar la rentabilidad empresaria

La nueva ley propuesta por una senadora de San Juan podría finalmente favorecer a unos pocos jugadores del sector, en lugar de beneficiar a toda la cadena productiva

Viñedos ubicados en el municipio de La Consulta, en el Valle de Uco, a unos 130 kilómetros de la ciudad de Mendoza (EFE)
Viñedos ubicados en el municipio de La Consulta, en el Valle de Uco, a unos 130 kilómetros de la ciudad de Mendoza (EFE)

Se ha divulgado un proyecto de ley por el cual se crearía una Comisión Nacional Formadora del Precio de la Uva. Su función relevante sería acordar por simple mayoría de votos un precio para los diferentes tipos de uva, de ninguna manera inferior a su costo de producción o elaboración. Un precio mínimo que deberían pagar quienes compran uvas para elaborar vino destinado al mercado doméstico o la exportación.

Es bien conocida la historia de estos proyectos de fijar precios mínimos en la agricultura con la finalidad de garantizarle al empresario productor que nunca sufrirá perdidas en su operación y que tendrá una cierta ganancia asegurada. Pero en una economía en la cual los medios de producción son propiedad privada los precios son fijados en los mercados donde oferentes y demandantes acuerdan un precio tal que las cantidades demandadas coincidan con las ofrecidas. Es lo que los economistas denominan “precio de equilibrio”.

Si fuera mayor quedarían volúmenes sin vender y si fuera menor el precio subiría hasta que se retiren demandantes que no compraran. Esto no tiene nada que ver con los costos de producción, el precio de equilibrio es el resultado de oferta y demanda, y si los costos son superiores el agricultor sufrirá una pérdida que teóricamente la tuvo en cuenta desde el momento en que decidió hacerse empresario.

El cultivo vitícola tiene como característica peligrosa que el volumen producido depende de las condiciones climáticas que oscilan año tras año causando frecuentemente fuertes variaciones en el precio. Una cosecha abundante seguramente ocasionará una caída y a la inversa, cuando se sufren accidentes como heladas, granizo, exceso de lluvias, observaremos valores bastante mayores. Esta alta variabilidad en los precios es histórica, bien conocida, y todo aquel que invierte en viñedos no la puede ignorar.

Foto de archivo: bodega con barricas de roble para conservar vino (Europa Press)
Foto de archivo: bodega con barricas de roble para conservar vino (Europa Press)

Las buenas cosechas 2019 y 2020 dieron lugar a una significativa disminución de precios. Un modo racional de enfrentar estas oscilaciones sería que el gobierno compre los excedentes en épocas de buenas cosechas, mejore el precio, guarde los vinos y los venda en los momentos cuando los daños atmosféricos arruinan la cosecha.

Esta política gubernamental se ha ensayado ocasionalmente en la provincia de Mendoza años atrás a través de la bodega estatal Giol, pero para ejecutarla fue necesario que el gobierno de turno invirtiera cifras elevadas que no se destinaron a otros servicios públicos socialmente más valorados. No es fácil políticamente justificar usar recursos de la recaudación para gastarlos en solventar pérdidas de empresarios. No es racional una política de precios mínimos.

En primer lugar, es básico entender que existe un número casi infinito de calidades de uvas pudiendo diferenciarse en cada viñedo parcelas minúsculas produciendo calidades significativamente superiores al resto, a lo que se agregan apreciaciones distintas de cada varietal y a lo que se suma diferencias provocadas según el rendimiento por planta. ¿Cómo se fijarían, si se quiere ser justo y preciso, estos infinitos precios mínimos? ¿Cuáles serían los criterios técnicos verificables para diferenciar mejores y peores uvas? No existen.

En segundo lugar, el principal objetivo de esta ley es garantizarle una utilidad razonable a cada agricultor, pero si así finalmente resultara tendríamos inmediatamente un crecimiento de la inversión en viñedos que podría aumentar la oferta de uvas a números impredecibles. Lloverían las inversiones al sector que garantiza siempre ganar, nunca perder. Nos preguntamos qué haríamos con todo ese vino en volúmenes totalmente desconectados del crecimiento de la demanda. Y si el precio mínimo no garantiza al viñatero una permanente utilidad razonable, para qué sancionamos esta ley. No es necesario inventar la rueda, ya lo hicieron los chinos.

Si la política gubernamental tiene como finalidad asegurarle al empresario viñatero un coeficiente de rentabilidad debe estar dispuesta a financiar la acumulación de stocks de vino en épocas de cosechas buenas prohibiendo la plantación de nuevos viñedos más allá del crecimiento esperado de la demanda de vino argentino. Así lo han ensayado países europeos y no han podido evitar políticamente ser severamente criticados.

Tal vez la fantasía detrás de esta ley es que los compradores de uvas sacrifiquen utilidades para mantener sus ventas de vinos, pero así no funciona la realidad. Los compradores actúan calculando los costos que trasladaran a su precio a los consumidores que son quienes determinaran una cierta cantidad demandada, la cual deberá coincidir con las cantidades ofrecidas, caso contrario el excedente de uvas quedará sin cosechar, colgado en el viñedo.

* La autora es Asesora de Empresas y Contadora Pública por la Universidad de Buenos Aires.-