Recuperarse no es crecer y mucho menos desarrollarse

El PBI (per cápita) debería trepar 11,1% por habitante (13,3% real) en 2021 para equiparar el nivel de 2019. Pero esto sólo implica dejar atrás la caída que tuvo lugar por la cuarentena/pandemia: si se quiere recuperar el PBI (per cápita) de 2017, último año de expansión, la economía debería crecer 16,5% (21,2% real) en el corriente año.

Pese al elevado arrastre estadístico positivo (más de 5 puntos porcentuales) que dejó el repunte de fines del año pasado, no se le puede pedir milagros al 2021: el lento avance de la vacunación contra covid-19 y la inminente llegada de una segunda ola de contagios forzarían nuevas restricciones que, si bien menos dañinas que las del 2020, igualmente frenarían la actividad. Asimismo, tras tres años recesivos, el tejido social y productivo se ha resentido, dificultando una recuperación plena.

La calma cambiaria alcanzada es precaria, ni al tipo de cambio oficial real ni a las reservas netas del BCRA les sobra nada, además, existe una brecha superior al 50% y hace falta una política fiscal que minimice el financiamiento con emisión. Por ende, recuperar niveles del PBI (per cápita) de 2019 (o 2017) llevará varios años.

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández está poniendo toda la carne al asador para llegar a las elecciones legislativas con la economía lo más vigorosa posible en términos de consumo y empleo. Es que la popularidad del flamante gobierno se resintió producto de la crisis económica y el escándalo del “Vacuna-gate” que inclinó la opinión pública en contra de la gestión oficial de la pandemia.

La ayuda del campo

La estrategia oficial consiste en aprovechar el mayor influjo de agro-divisas esperado (gracias a las oportunas lluvias y la notable mejora de los precios internacionales de las materias primas agrícolas) y la probable capitalización del FMI a los estados miembros, para implementar una política fiscal y monetaria laxa, y utilizar al dólar oficial -junto con las tarifas- como ancla para frenar la inflación.

Esta estrategia no es novedosa, pero no por ello deja de ser arriesgada, en tanto jaquea los pilares sobre los que se alcanzó la tregua cambiaria a fines del año pasado: prudencia fiscal, menor emisión/mayor financiamiento en el mercado interno, e inminente acuerdo con el FMI que ancló las expectativas.

El primer punto débil por destacar es que, a pesar de que el BCRA está comprando divisas en el mercado cambiario, las reservas netas no crecen: siguen en escasos USD 4.100 M por pagos de servicios de deuda a organismos financieros internacionales.

El segundo es que dicha estrategia es muy dependiente del influjo de agrodólares: ¿qué pasa si las exportaciones, que dependen de decisiones privadas, se demoran un par de meses?

Por último, pese a que una política expansiva es deseable desde el punto de vista de la demanda, en la práctica implica posponer el acuerdo con el FMI necesario para hacer roll-over de vencimientos en moneda dura que alcanzan USD 4.800 millones con dicho organismo y USD 2.400 millones con el Club de Paris en 2021.

Evitar las condicionalidades del Fondo para desplegar una política económica expansiva en año electoral tiene un elevado costo. En primer lugar, implica tener que pagar “cash” estos vencimientos o caer de nuevo en default. Pero como ya mencioné, las reservas netas son mínimas, por lo que el oficialismo parece apostar a una probable inyección de DEG´s a los miembros del FMI (rondarían los USD 3.300 M). Nuevamente, ¿qué pasaría si dicha iniciativa prevista para abril se pospusiera para fines del año?

Asimismo, no acordar con el Fondo tiene un impacto negativo sobre los bonos soberanos (el riesgo país se instaló en 1.500 puntos básicos pese al canje de la deuda con acreedores privado) pues el sector público nacional no termina de reestructurar su deuda en moneda dura, y desancla las expectativas que permitieron alcanzar la tregua cambiaria a fin de 2020.

Más importante aún, la política económica cayó en la trampa de “el fin justifica los medios”. El Poder Ejecutivo implementa medidas de intervención de mercados (controles de precios, cierre de exportaciones, más restricciones cambiarias, etc.) que lesionan la inversión y las exportaciones.

Hay que incentivar el mercado interno, puesto que en Argentina la generación de empleo está sesgada al sector no transable, pero no por ello hay que apuntalarlo a costa de estas dos variables claves para el crecimiento sostenido.

Por último, pero no por ello menos importante, cuando hayamos logrado instaurar un ciclo de crecimiento genuino (léase sin acumular desequilibrios macroeconómicos), nos quedará afrontar la titánica tarea de implementar una agenda para el Desarrollo. Para ello, se necesitarán políticas públicas que superen -vía el dialogo y el consenso- la grieta que se atiza en años electorales.

Lamentablemente, falta mucho para que nuestra economía transite una senda de desarrollo ya que no logramos siquiera dar el primer paso en dicha dirección. Por el contrario, seguimos repitiendo errores de del pasado: estimular la recuperación en el año impar (para ganar las elecciones), acumulando desequilibrios que condicionan el siguiente año par (no electoral). Es hora de que aprendamos la lección: “más vale tarde que nunca”.

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