Nunca es triste la verdad

El profesor universitario Alberto Fernández, que forma parte del cuerpo docente de la Facultad de Derecho más importante de la Argentina, le ha pedido al Congreso de la Nación hacer algo que justamente la Ley Fundamental no le permite hacer: controlar el funcionamiento del Poder Judicial

En un hecho sin precedentes en la historia de la Argentina, en 2019 una candidata a vicepresidenta designó al candidato a presidente al que acompañaría en la fórmula (o en realidad al que la acompañaría a ella).

Al resultar ese binomio triunfante en las elecciones, se produjeron otros dos hechos inéditos: el primero es que quien conduce formalmente los destinos de la Nación (Alberto Fernández), comparte el timón con su vicepresidenta Cristina Kirchner, que es la dueña del 80% de los votos de aquel. El segundo hecho inédito es que, por primera vez, es vicepresidente quien antes desempeñó la primera magistratura.

Estas excentricidades en la política nacional, se pusieron de relieve al inaugurarse, el 1° de marzo, el 139° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, escenario en el que el discurso de inauguración pareciera haber sido escrito por Fernández C., aunque haya sido leído por Fernández A..

La mimetización del Jefe de Estado con su vicepresidenta ha llegado a su mejor versión, no solo en la utilización hasta el hartazgo del ridículo vocabulario “inclusivo”, sino también en la de expresiones tales como “grupos concentrados”, “poderes inconfesables” (de pura cepa “cristinista”), y por supuesto en el vehemente y frontal ataque contra todo aquello que en la teoría debe ser independiente, como por ejemplo el Poder Judicial y el Ministerio Público. El periodismo se salvó de los embates en esta oportunidad.

Lo notable es que el profesor universitario Alberto Fernández, que forma parte del cuerpo docente de la Facultad de Derecho más importante de la Argentina, le ha pedido al Congreso de la Nación, cuyas sesiones estaba inaugurando, que cumpla con el “mandato constitucional” de hacer algo que justamente la Ley Fundamental no le permite hacer: controlar el funcionamiento del Poder Judicial.

Precisamente quien el 10 de diciembre de 2019 juró “observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina” le reclamó al Congreso que haga lo que no puede en términos constitucionales. ¿O el presidente se pudo haber confundido con alguna otra Carta Magna de alguno de los países que forman parte de la declamada “Patria Grande”? No lo sabemos. Sí en cambio sabemos que en nuestro sistema político/constitucional, el Congreso solo puede verificar si los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación incurren en mal desempeño, en el marco de un juicio político, que por otra parte el Presidente no reclamó al Congreso.

De modo que lo que en realidad el Jefe de Estado le reclamó a los legisladores, es que controlen a todo el Poder Judicial, cuyos magistrados, según el “zaffaroniano” criterio oficial, estarían incurriendo en “desvíos” (léase “persecuciones judiciales”)

Pues en cumplimiento de ese reclamo inconstitucional, ya hay ejecutores serviles carentes de luces que, como Oscar Parrilli, comienzan a trabajar en la formación de una Comisión Bicameral cuyo objetivo sea precisamente el de hacer lo que está inhibido por el sistema republicano previsto en la Carta Magna, cuya principal características es la independencia del órgano al que le corresponde administrar justicia.

Esta novela de enredos, lamentablemente nada tiene de novelesco y mucho de lamentable desde el punto de vista institucional; sin embargo nació precisamente del seno del órgano en el que se deberían respirar aires republicanos y democráticos: el Congreso de la Nación. Y ello ha ocurrido, además, paradójicamente, en uno de los actos institucionales más emblemáticos que puedan celebrarse: la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento argentino.

Es por ello más oportuno que nunca recordar los versos de Antonio Machado, popularizados por Serrat: “Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.

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