El financiamiento del largo plazo y el cambio climático

Como consecuencia de los efectos del cambio climático, las catástrofes naturales aumentan su letalidad. Viendo las noticias, se constata como los huracanes cobran mayor dimensión, las llamas avanzan con mayor voracidad. A los años de sequía se suceden otros de lluvias intensas, los desmontes del presente abren las puertas a los desbordes e inundaciones del mañana.

La transición energética impone no solo riesgos materiales, también conlleva el riesgo de irrupción de un “cisne verde”. Esto último se vincula con el problema de los activos varados, asociado a una pérdida no anticipada o prematura en el valor de dichos activos lo cual desencadenaría una crisis financiera. Dicha revalorización obedece a distintos factores, sean climáticos, ambientales, aunque también obedecer a un cambio de opinión entre los inversores

Aún cuando algunos actores económicos no terminan de valorar dichos riesgos, un creciente número de inversores y entidades financieras ya los incluyen en sus contratos (préstamos, bonos, acciones). Diversos bancos centrales han comenzado a trabajar en el tema, principalmente aquellos que participan del G20. El nivel de riesgo resulta mayor para aquellos donde los activos intensivos en carbon representan una importante porción de su hoja de balance. El temor a un mayor riesgo de transición explica la reciente medida adoptada por el Banco Central Europeo (BCE), entidad que decidió abandonar el “principio de neutralidad de mercado” implicito en la compra de bonos privados. Idéntica actitud viene de ser anunciada por el Banco de Inglaterra, excluyendo en su política de compra de bonos a aquellas compañías que resulten intensivas en carbon - pues aumenta la probabilidad de activos varados. Una misma actitud podría adoptar la FED en los próximos meses, sintonizando así con la postura ambiental de J. Biden.

Aunque no resulte inminente, la probabilidad de observar un “cisne verde” debería estar en el radar de aquellos que gobiernan -incluidas las autoridades monetarias. Como país miembro del G20, el BCRA participa de las reuniones donde se discuten la temática. Pero más allá de lo expresado en alguna reunión o en un comunicado, observamos que resulta muy escaso el accionar de la entidad en materia climática. Pese a la seriedad del tema, ninguna de las comisiones del directorio se está ocupando del cambio climático.

La política de compra de bonos es una de las herramientas de la autoridad monetaria, pero no la única -y ciertamente poco efectiva para atacar el problema del cambio climático en América Latina. La autoridad monetaria puede también fijar restricciones específicas afectando a algunas empresas (fijando una tasa de diferencial sobre las empresas del sector petrolero), bien otorgando líneas de redescuento beneficiando a otras (aquellas que reducen sus emisiones). También debería repensarse el régimen de facilitación, promoción y protección de inversiones. Muchos en la región consideran a la inversión extranjera directa como un factor determinante para el desarrollo del país, visión en la que podemos coincidir. Pero no todo proyecto resulta beneficioso, no toda inversión resulta sostenible. En función de ello, debería modificarse la legislación y eventualmente imponer controles sobre los fondos que llegan para financiar una actividad contaminante. Obviamente, las medidas exceptuarian lo ya aprobado. Pero se deberían prohibir aquellos proyectos que afectan la biodiversidad, directamente bloquear su financiamiento.

Avanzar con la exploración y explotación petrolera resulta desaconsejable desde el punto de vista ambiental, más si consideramos los peligros que entraña el cambio climático. Si la exploración en alta mar impone contaminación sonora que puede dañar gravemente al ecosistema marino, ¿por qué entonces avanzar con las tareas de exploración offshore? Otros peligros acechan ya en fase de operación, tal como la catástrofe ambiental que se observara en el Golfo de México una década atrás (Deepwater Horizon). Considérese también la posibilidad de derrames, con numerosos ejemplos tales como el recientemente observado en Tasmania o el ocurrido en Magdalena - Provincia de Buenos Aires en 1999. ¿Quién se haría responsable?

El esquema de financiamiento para el desarrollo que surgió en la postguerra mostró algunas falencias, pero al menos impidió que se impusiera una dinámica de corto plazo en los flujos de capital. Tras la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods el mundo viró hacia el neoliberalismo, credo que mide la conveniencia de una inversión según su tasa de rentabilidad -la ganancia de corto plazo. El neoliberalismo también impuso un esquema de inversión extranjera que resultó fuertemente sesgado en favor del inversor, que le permite trasladar sus riesgos ambientales al país donde se asienta. Afortunadamente son varios los actores en el mundo que comienzan a ver la necesidad de introducir nuevas herramientas en materia de política monetaria, como también observamos un creciente despliegue de nuevas normas en materia de inversión extranjera. Es toda una señal que Christine Lagarde les comunique a los petroleros que los deja afuera de su programa de compra de bonos, o que Alemania decida impedir la entrada de fondos asociados a determinados proyectos. Hace 50 años M. Friedman sostenía que la única responsabilidad de los empresarios pasa por incrementar su riqueza (New York Times, Septiembre 1970), la prensa financiera nos plantea que el planteo está desactualizado. Los empresarios ven ampliadas sus responsabilidades, el financiamiento soberano debe priorizar el bien común.

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