El proyecto para crear el seguro nacional de la salud

En el “Proyecto de Ley para la Creación del Seguro Nacional de Salud” se ha intentado incorporar, dentro de un marco normativo racional, los medios de aplicación simultánea para hacer posible el acceso a la cobertura de atención médico-asistencial y de salud para la totalidad de los habitantes de la República Argentina.

Se ha aceptado, como inmodificable en la etapa que transcurre, el modelo de cobertura vigente, basado en la institucionalización de principios y fundamentos con centro en la Seguridad Social.

Sin embargo, lo legislado y actuado en la materia, no eximen al “modelo” en aplicación de severos cuestionamientos ni de la necesidad de promover en él una profunda revisión. Hay que admitir que asistimos a una irresuelta contradicción, al no haber sabido conformar un Sistema de Servicios de Salud eficiente, a pesar de contar con servicios y recursos suficientes.

Las transformaciones en el ámbito de lo económico-social, en el rol del Estado, en el avance y globalización tecnológica exigen, por sus consecuencias y condicionantes sobre el sistema social, que la revisión se dé cuanto antes.

Frente al “modelo vigente”, se hace hincapié en cuatro puntos distintos de observación: el referido al enunciado de la política sectorial, la demanda, la oferta y la supervisión del desempeño de los servicios. Las etapas del “método científico” hacen el resto para elaborar la propuesta.

No están ausentes dos conceptos: el estructural, basado en el objetivo de servicio a la comunidad, y el ideológico, manteniendo dentro de un ordenamiento solidario valores de identidad y libertad.

La propuesta para crear el Seguro Nacional de Salud (S.N.S.) ha sido enunciada con la finalidad de hacer explícito el contenido instrumental de la Política Sectorial y, al mismo tiempo, revertir la vulnerabilidad en el desempeño de los factores concurrentes para la atención de la salud en la República Argentina.

La fragilidad en la cobertura, que afecta a la población y el alto grado de anarquía de operación a que están sometidas las Instituciones Prestadoras, confluyen para el divorcio entre la oferta y la demanda de servicios.

El proyecto de Creación del Seguro Nacional de Salud se sustenta en reconocer que la promoción, prevención y atención de los riesgos a la salud constituyen un legítimo derecho del ciudadano, resultante de las responsabilidades a que se obligan, solidaria y equitativamente, la población y el Estado.

De su contenido surgen las condiciones para que los beneficios de una cobertura integral, para las necesidades de atención médico asistencial y de salud explicitadas a través de un Programa Integral de Prestaciones Médico Asistenciales y de Salud alcancen por igual, sin fragmentacón política y o territorial, ni segmentación social, a la totalidad de los habitantes y en todo el ámbito de la República Argentina.

La cobertura, entendida como conjunto de acciones integrales de protección, destinadas a preservar en forma permanente el estado de salud, requerirá de la ejecución por un Sistema de Servicios de Salud acreditado, que opere con eficiencia y calidad, comprometiendo, para ello, el accionar coordinado de la totalidad de recursos, hoy disponibles, para tal fin.

Surgirán transformaciones al modelo vigente, resultante de la instrumentación de una nueva configuración del Sistema de Servicios de Salud, condición indispensable para lograr estabilidad y armonía en la relación -hoy debilitada-, entre la demanda poblacional y la respuesta institucional.

La condición sistémica , instrumento necesario para el “nuevo modelo”, se encuentra hoy, condicionada por la segmentación entre grupos poblacionales y por la fragmentación interinstitucional , que operan, ambas, produciendo un alto grado de anarquía funcional y operativa.

Ante esta realidad recurrente, se nos impone encarar la transformación del “modelo” vigente, asumiendo una nueva configuración para nuestro Sistema de Servicios de Salud.

Si nos remitimos al texto de numerosos informes, ratificados por autoridades, nacionales y jurisdiccionales, se aprecia una síntesis de los problemas a ser superados: cobertura desigual, indefinición del modelo prestacional, fragmentación e ineficiencia en el uso de recursos, escasos recursos asignados a la prevención, desigualdad en el acceso, mortalidad y morbilidad evitable, variabilidad en la calidad, falta de planificación de recursos humanos, autonomías provinciales con fragmentación e inequidades entre e intraprovincial, continuidad de sectores cautivos, segmentación poblacional según capacidad de pago, falta de regulación de la tecnología, baja capacidad de rectoría, indefinición del rol del Estado por déficit en las Políticas Públicas, alta participación (45%) en el gasto prestacional, población sin cobertura (30%), crisis recurrentes y corrupción estructural.

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