El modelo que impera desde hace décadas está signado por el desorden

Al igual que el Hamlet de Williams Shakespeare se plantea hoy el dilema entre la política tarifaria de los servicios públicos y la fiscal del Estado: “Ser o no ser, esa es la cuestión: Si es más noble en la mente sufrir. Las profundas flechas de la indignante fortuna, O tomar las armas contra un mar de problemas. Y al oponerse acabar con ellos…”

La confusión que genera mantener un esquema de tarifas retrasadas o congeladas, por un lado y por el otro la insostenible presión impositiva que existe en el país constituye un modelo que impera desde hace algunas décadas, pese a que está signado por el desorden, pues bajo el amparo de sucesivas crisis económicas se han sancionado leyes de emergencia que además de otorgar superpoderes a los ministros de turno hacen de paraguas para convalidar todo tipo de incumplimiento contractual. Esquema funcional para los oportunistas y especuladores donde a la larga siempre pagan justos por pecadores.

Si bien, en apariencia se busca proteger a los más débiles, son estos los que terminan pagando el precio de vivir en un país donde no se respeta la ley y en el que las normas son transitorias.

Este sobreprecio que trae aparejado vivir en un Estado sin reglas claras, o al menos, cambiantes, ha provocado que quienes puedan fijar el precio de sus bienes y servicios lo hagan con enormes coberturas, o márgenes, pues nada asegura el retorno de las inversiones y mucho menos el resultado de los negocios. El riesgo empresario ha pasado a segundo plano frente a un fenomenal riesgo país, que significa, por ejemplo, empezar un ejercicio económico con un tipo de cambio de $66 y terminarlo con 145 pesos.

Los accionistas que han invertido en empresas que producen bienes o servicios dentro del esquema de mercados regulados, como son por ejemplo la energía, el gas, el agua potable, los teléfonos y recientemente los servicios de telefonía celular e internet no escapan a estas circunstancias. En consecuencia, buscarán recuperar sus inversiones en forma inmediata, muy distinto a como sucede en el resto de los países en los que se amortizan durante el plazo de la concesión o según criterios contables internacionales.

Lo mismo ocurre con los costos de operación y mantenimiento de las infraestructuras, pues los accionistas sólo buscarán administrar las enormes cajas que generan estos negocios y retirar todo el dinero que se pueda.

Relación desigual

Por lo tanto, la falta de reglas claras y un estado de derecho en el que los incumplimientos contractuales de ambas partes, Estado y proveedores de servicios públicos se terminan compensando y generan un único perdedor, el usuario.

Nunca mejor definido el término que define en estas relaciones, usuarios, nunca clientes pues el trato que reciben los pone el lugar de alguien que recibe “de onda” un servicio por el que, en apariencia, paga menos de lo que vale y que lejos de reclamar a las empresas por sus incumplimientos, debería agradecer por el enorme favor que hacen al dar al menos algo de energía, gas o telefonía.

Claramente el resultado de este esquema, en el que todos rompen los contratos es totalmente desfavorable para quienes se pretenden proteger, el consumidor, mientras que reguladores y empresas obtienen sus objetivos. El primero engañando a los votantes crédulos que se sienten amparados y protegidos frente a potenciales aumentos impagables en los servicios. El segundo que oculta su ineficiencia e incumplimientos argumentando que los ingresos son insuficientes. Sin dudas esto no es así.

En este mundo nadie regala nada. Menos “los competitivos empresarios, especialistas en mercados regulados”, que recurren a diversos esquemas para sortear el control de precios. Las variables de ajuste son, en primer lugar, la interrupción en las inversiones, tanto en mantenimiento como en ampliación de las redes, después en la calidad de servicio y luego en el pago a los principales proveedores.

Todo esto pone en alerta a los reguladores que temerosos al colapso sistémico del servicio en cuestión agarran las chequeras para lanzar planes de obras, a destiempo y a cualquier precio, otorgar financiamiento barato para el pago de deudas o incluso como hizo el gobierno de Cambiemos condonar más de USD 1.000 millones, solamente a las empresas de distribución eléctrica, perdonando o reduciendo al mínimo las multas por los malos servicios.

Los recursos destinados para solventar este modelo perverso han surgido de tres fuentes de financiamiento, los impuestos, la deuda externa, que significó que Argentina fuera el país de mayor emisión de títulos durante los años 2016 y 2017 y frente a la imposibilidad de recurrir a alguno de ellos la emisión monetaria, que no es otra cosa que el impuesto inflacionario.

Por las características propias de la economía local la gran mayoría de estos recursos fiscales provienen de los consumos que hacen los argentinos. En consecuencia, la incidencia en la carga tributaria recae más sobre quienes deben consumir todos sus ingresos de esta forma, los pobres.

¿Cómo reducir el impacto de los subsidios y disminuir la carga tributaria?

Se parte de un principio fundamental, aunque parezca mentira es necesario aclarar:

Los contratos se firman para cumplirse. Los acuerdos tarifarios deben ser coherentes y contemplar la estructura de costos, amortización de inversiones en el plazo remanente de concesión o vida útil de las obras. De igual modo los niveles de calidad de servicio, respuesta al cliente y multas por incumplimiento deben ser honrados por los proveedores.

Los servicios valen lo que valen. Todo consumidor debería recibir una boleta que refleje el precio real de lo que consume y en función al precio que surja del contrato de concesión del servicio. Es importante que quien reciba un subsidio sepa cuál es el esfuerzo que realiza quien lo está compensando.

Otorgamiento de subsidios. Deberían ser tratados en forma individual, es decir que cada beneficiario debe solicitarlo en forma directa. De esta forma, solo los recibirán quienes cumplan con determinadas condiciones que requieran asistencia y por un consumo estipulado, es decir que si gasta más que el consumo mínimo subsidiado debería pagarlo con sus propios recursos. La manera de distribución de estas sumas puede hacerse por medio de billeteras electrónicas que reciben créditos digitales para cancelar exclusivamente facturas de servicios públicos.

Integración de la cadena servicio - consumo. Las empresas acumularán en sus billeteras electrónicas las sumas recibidas por esta modalidad y la podrán emplear para pagar a sus proveedores habituales, quienes podrán monetizarla o reutilizar para pagos de sus propios servicios o proveedores. También podrán utilizar estos créditos para abonar cualquier obligación que tengan con el Estado Nacional, incluso las multas por incumplimientos contractuales.

Todo ello en el marco de una gran base de datos que permita auditar los comportamientos de los clientes subsidiados para definir patrones de consumo, necesidades y optimizaciones de los recursos asignados.

Este esquema es el que se puede denominar “Tarifas 2.0”, pues cambia el paradigma de los sucesivos incumplimientos contractuales de las partes poniendo sobre la mesa las obligaciones y riesgos asumidos por cada una, frente a los derechos que todas deben tener.

En el caso del regulador, fijar de una vez y para siempre la forma de ajustar el valor por los servicios públicos, y ejercer la auditoría y aplicación de penalidades frente a los incumplimientos de las empresas, incluso si correspondiera la cancelación de la concesión.

Para las empresas, tener sus finanzas previsibles, atadas a su propio desempeño y asumiendo el riesgo empresario que todos afrontamos en cada emprendimiento que realizamos. Tener clientes y que paguen no es responsabilidad del regulador.

Para los clientes cumplir con las normas de utilización de la infraestructura de servicios, abonar las facturas que correspondan, reclamar y ser resarcidos frente a los incumplimientos de las empresas.

Un esquema como el sugerido será muy conveniente para los millones de usuarios de servicios públicos de la Argentina. Habrá que ver si empresas y Estado buscan calidad de servicio y transparencia.

Esta columna se publicó en Fin Guru blog

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