Restricciones nocturnas: el Gobierno nacional debe garantizar que no se violen los derechos humanos

El Estado debería evitar el uso de detenciones o sanciones penales para hacer cumplir las medidas de aislamiento

Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
Restricciones nocturnas: el Gobierno nacional debe garantizar que no se violen los derechos humanos (Gustavo Gavotti)
Restricciones nocturnas: el Gobierno nacional debe garantizar que no se violen los derechos humanos (Gustavo Gavotti)

El Gobierno nacional otorgó, a través de la modificación del decreto N°1033/20, un amplio margen de acción a las autoridades provinciales para imponer restricciones a la circulación nocturna de sus ciudadanos, en función de ciertos indicadores epidemiológicos. La medida fue adoptada luego de un significativo aumento de los contagios de COVID-19. Desde Amnistía Internacional reconocemos la necesidad de los Estados de adoptar medidas excepcionales para garantizar la salud de la población, sin embargo, advertimos que estas iniciativas no deben significar un aumento del uso arbitrario o excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para controlar su cumplimiento.

A pesar de la delegación de las medidas en las jurisdicciones locales, el Estado nacional tiene la responsabilidad, conforme al derecho internacional, de garantizar que las mismas sean implementadas en un marco de pleno respeto por los derechos humanos en todo el territorio argentino.

¿Por qué hablamos de uso excesivo de la fuerza cuando se analizan medidas de control de la pandemia? Porque los antecedentes no son precisamente un ejemplo en nuestro país. Durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, relevamos más de 30 casos de violencia institucional en el marco del aislamiento, social preventivo y obligatorio (ASPO): el asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la violencia contra la comunidad Qom en Fontana, Chaco y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en la Provincia de Buenos Aires, son algunos de los hechos que revelaron un sistema de actuación y control de las fuerzas que requiere de una profunda reforma.

La repetición de estos hechos de violencia policial genera preocupación sobre el carácter violento y desmedido de la respuesta que brinda el Estado, de la mano de sus fuerzas de seguridad, al control y resolución de conflictos. Estas situaciones no pueden repetirse en un estado de derecho y respetuoso de las obligaciones internacionales asumidas. Con estos antecedentes, el Estado nacional debería, como mínimo, establecer un mecanismo de actuación y monitoreo de las fuerzas para evitar situaciones como las ya vividas.

En ese sentido, diversos órganos internacionales de derechos humanos desde el inicio de la pandemia reforzaron la necesidad de respetar los estándares internacionales sobre uso de la fuerza en las medidas de control y aislamiento para combatir el COVID-19 en los diferentes países de la región.

Las autoridades nacionales deben coordinar acciones con todas las provincias para el cumplimiento de las medidas, garantizando que se adecúen a los estándares internacionales de derechos humanos. El Consejo Federal de Seguridad, órgano integrado por los responsables de las políticas de seguridad de todas las jurisdicciones y del sistema federal, ocupa un rol central para establecer una estrategia coordinada.

Si las provincias aplican medidas de restricción de la circulación, la actuación de las fuerzas de seguridad debe limitarse a que las personas que se encuentran circulando sin estar debidamente autorizadas retornen inmediatamente a sus hogares para cumplir con lo establecido. Esta tarea debe desarrollarse siempre en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos y dicho ejercicio debe estar acompañado siempre de una debida rendición de cuentas sobre el trabajo realizado.

La aplicación coercitiva de medidas para proteger la salud pública debe considerarse sólo como último recurso. En particular, el Estado debería evitar el uso de detenciones o sanciones penales para hacer cumplir las medidas de aislamiento.

Lejos de significar un escollo para el control de la pandemia, el respeto por los derechos humanos es un elemento central para garantizar la legitimidad de las medidas y potenciar su aceptación por parte de la ciudadanía. Luego de casi 10 meses de una prolongada pandemia, el Estado debe demostrar que hay lecciones aprendidas: el uso de la fuerza no puede ser nuevamente la respuesta.

Seguí leyendo:

Oficial: el cuerpo encontrado en Bahía Blanca es el de Facundo Astudillo Castro