La lucha contra el cambio climático como política de Estado

La Organización de las Naciones Unidas fue creada luego de la Segunda Guerra Mundial para evitar que la comunidad internacional repitiera las tragedias que marcaron la primera mitad del siglo XX. Con este fin, los gobiernos le encomendaron preservar la paz y fomentar la colaboración entre las naciones. Hoy quisiera destacar el importante rol que cumplen sus metas de desarrollo sostenible.

Los objetivos de desarrollo sostenible son un plan maestro acordado en el 2015 por los Estados que conforman las Naciones Unidas para enfrentar algunos de los desafíos de la humanidad. Entre otros objetivos, los Estados miembros se comprometieron a poner en el 2030 un fin a la pobreza, a garantizar la educación, a asegurar la disponibilidad de agua a todos los individuos, a promover un crecimiento sostenido que genere empleos de calidad y a enfrentar el cambio climático. Si bien estas metas son sumamente ambiciosas, y seguramente no serán cumplidas en su totalidad, ayudan a organizar el accionar de la comunidad internacional.

Efectivamente, muchos de los desafíos que enfrentamos son comunes a todos los habitantes de la tierra. El aislacionismo, por lo tanto, no es la respuesta. El hecho de que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero ocurra en otras regiones no puede servirnos como consuelo. El daño que sufrirán nuestros niños es el mismo. Un atentado o una guerra nuclear podrían terminar con la humanidad en su conjunto y no sólo con las poblaciones involucradas en el conflicto. La pobreza extrema no sólo traerá sufrimiento dentro de las naciones más pobres, sino que la inestabilidad que esta produce eventualmente se terminará trasladando a otras naciones.

En definitiva, debemos trabajar en conjunto. Y el primer paso en este camino consiste en definir hacia dónde queremos dirigirnos, para luego establecer la mejor ruta posible para alcanzar las metas. El Acuerdo de París es un ejemplo de esto. Bajo el auspicio de las Naciones Unidas y de las metas para el desarrollo sustentable, entró en vigor en el 2016 y estableció un curso de acción para combatir el calentamiento global. Al ratificar el acuerdo, los gobiernos nacionales se comprometieron a establecer un plan para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y a reportar regularmente su contribución al esfuerzo global.

Los costos que tendría no detener el calentamiento global son enormes. Se estima que una suba de más de 2% de la temperatura promedio a nivel mundial, en comparación con la que tuvo lugar antes de la revolución industrial, causaría un daño irreparable. De hecho, ya estamos empezando a sufrir las consecuencias. Como resultado del aumento de las temperaturas, las capas de los hielos polares comienzan a derretirse, aumentando en el proceso el nivel del mar y dañando la biodiversidad. Asimismo, los ciclones, las tormentas y las sequías se han vuelto más comunes. Las sequías y los incendios que sufren Córdoba y otras provincias argentinas con un ejemplo de esto, como también las inundaciones en el centro y en el norte del país.

Se espera que las consecuencias sociales también sean profundas. Es posible, por mencionar un caso, que los habitantes de las naciones más pobres comiencen a sufrir escasez de comida. Se estima que, como consecuencia de la falta de recursos y de los desastres climáticos, se producirán movimientos migratorios que generarán inestabilidad política e incluso conflictos entre naciones. No debe extrañarnos entonces que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, haya decidido incluir en el Consejo de Seguridad Nacional a un responsable de esta temática.

Dada la situación que he descrito aquí, resulta claro que la Argentina debe consolidar la transformación de las metas del desarrollo sostenible, y la lucha contra el cambio climático en particular, en políticas de Estado. Políticas que se encuentren por arriba de las luchas partidarias y que, de esta manera, guíen nuestro accionar.

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