Economía postpandemia: la vacuna no hará milagros

Hace aproximadamente dos o tres semanas que el mundo comenzó a esperanzarse con la aparición de la vacuna contra el COVID-19, lo cual representa el deseo de la sociedad de volver a la normalidad, entendiendo esto como el simple hecho de volver a trabajar, juntarse con sus pares y demás. Indudablemente, esta vacuna ayudará a recuperarse a aquellos países que se vieron realmente sorprendidos por el cisne negro que la pandemia representó.

Desarrollemos un poco esto. Claramente, cada análisis debe realizarse tomando en cuenta el contexto donde se está llevando a cabo la investigación. Es por eso que no podemos comparar realmente una caída económica récord en Estados Unidos o Inglaterra, con la caída económica que experimentó Argentina. ¿Por qué? Simplemente porque el contexto socioeconómico y político en el que se encuentren esos países son completamente diferentes. Mientras que en USA y UK existe un equilibrio económico, seguridad jurídica, un mercado laboral fuerte, un mercado financiero sólido y grande y un real compromiso político, en Argentina no.

Un informe realizado por Bloomberg analiza diversos países en variables que van desde el crecimiento en los casos del virus hasta la tasa de mortalidad general, las capacidades de prueba y los acuerdos de suministro de vacunas que los lugares han forjado. También se tienen en cuenta la capacidad del sistema local de atención de la salud, el impacto de las restricciones relacionadas con el virus, los bloqueos económicos y la libertad de circulación de los ciudadanos. A partir de los resultados obtenidos, Argentina es el segundo peor lugar para vivir durante la pandemia en un ranking de 53 países.

A esto, también tenemos que sumarle que a mediados de año, basado en datos oficiales de los 62 países que participan, el “Bloomberg Misery Index” nos ubicó cómo la segunda peor economía del mundo.

Claramente, podemos ver que Argentina afronta situaciones políticas, sociales y económicas de grave magnitud y que requieren una solución urgente. Y, ojo con esto, los problemas que afronta el país no son generados únicamente por la cuarentena, aunque sí fueron potenciados todos los efectos negativos.

El desempeño de la economía argentina viene siendo desde 2011 digno de un país mediocre económicamente hablando, típico caso de estancamiento en el contexto de los países de la región. Para darnos una idea, todos los países han visto crecer su PBI por habitante a tasas anuales respetables durante el período 2011-2015; algunos mucho más que Argentina (Bolivia y Paraguay al 3,4%; Uruguay al 3,2%; República Dominicana al 3,1%; Colombia al 3%) y otros bastante por arriba (Chile, 2,5%; Costa Rica, 2,6 %; Ecuador, 2,2%; México, 1,5%). En dicho período, teníamos todo a nuestro favor para crecer exponencialmente, apalancados en la fuerte alza de precios internacionales de los commodities, la responsabilidad de este estancamiento está fronteras adentro.

El actual modelo económico de Argentina ha sido y sigue siendo incapaz de sacar adelante al país, generando que su producción se mantenga estancada durante casi una década. Y es importante aclarar que esto fue un comportamiento particular de Argentina, a la mayoría de los países vecinos de la región no les pasó esto.

Si en Argentina hay un problema económico que se ha ganado todo el protagonismo, sin duda alguna, ese es el elevado gasto público y su correspondiente déficit fiscal, aunque también podríamos agregar una pésima conducta monetaria. Para que nos demos una idea, por la caída de la recaudación, la falta de acceso al mercado de deuda y el aumento del gasto para enfrentar la pandemia, el Gobierno emitió en 10 meses tantos billetes, que terminó generando la emisión monetaria más alta en los últimos 30 años. Datos acumulados de lo que va del año muestran que por cada peso nuevo de déficit el Banco Central emite un nuevo peso para financiar al Tesoro. Y como resultado la emisión monetaria es la más alta de los últimos 30 años. En lo que va del año, el BCRA ya superó ampliamente el billón de pesos para financiar al sector público.

En Argentina, esto sucede hace décadas y de forma recurrente. El gasto público termina superando a los ingresos disponibles para los fiscos. Es decir, se presentó una situación de déficit fiscal consolidado (Nación y Provincias), lo cual marca que no se ha respetado en ningún momento la existencia de una restricción presupuestaria. Esta situación no obedece a circunstancias coyunturales, sino que se presenta de manera estructural en la economía. Independientemente del signo político o supuesta orientación ideológica del gobierno, pareciera que es propio del poder ejecutivo y sus diversos ministerios, la pulsión de llevar a cabo un gasto público por encima de las posibilidades de generar ingresos tributarios acordes. De esta manera es imposible no caer así en un déficit fiscal o desahorro público.

Una política fiscal excesiva, mantenida en el tiempo, explica el deterioro económico de nuestro país y la pérdida de calidad de vida de los argentinos. Hace años que el consumo no “responde” porque el financiamiento del Estado (vía impuestos récord, inflación o emisión monetaria) hace que los argentinos tengamos los bienes y servicios más caros de la región. La inversión privada cae porque el sector público ahoga al sector privado, impidiéndole de esta forma poder proyectar un aumento productivo que impulse al alza la economía del país. En este sentido, nuestra estructura fiscal nos conduce a tener el costo de capital más elevado de la región, con lo cual los proyectos de inversión no son rentables y mucho menos si se nos compara con los países vecinos.

El déficit fiscal no sólo afecta al Gobierno, sino que también afecta al resto de la economía de varias formas. Entre las principales se encuentran las siguientes:

- Un elevado déficit fiscal genera un aumento inflacionario. Esa inflación afecta a las personas y empresas quienes tendrán que pagar más dinero por las mismas cantidades de bienes y servicios.

- Un elevado déficit fiscal, ataca de forma directa a la inversión. Cuando el Gobierno tiene un déficit grande, tratará a toda costa de captar más recursos tributarios, recursos que previamente podrían haber estado orientados a la inversión privada. Se podría decir que el termina compitiendo con el sector productivo por captar recursos financieros, limitando las posibilidades de crecimiento de la producción. Además, esa competencia eleva el costo de esos recursos, es decir, eleva las tasas de interés, haciendo que personas y empresas deban pagar más por sus deudas.

- También se puede decir que cuando los gobiernos tratan de solucionar su déficit, aplican políticas restrictivas, es decir, reducciones de sus gastos y aumentos de los impuestos. Cuando el déficit es muy grande estas medidas tienen elevados costos sociales, pues los gobiernos muchas veces sacrifican partes importantes de su gasto social.

Con todo esto, podemos ver claramente que la única “vacuna” para nuestro país y para que nos permita salir adelante, es aumentar la inversión a partir de una rebaja impositiva. En tal caso, urge reducir drásticamente el gasto público. Aunque sea un camino difícil dado la gran estructura dependiente del estado, este rumbo es el adecuado para reducir la carga impositiva, en un marco de estabilidad en su sentido más amplio.

Teniendo en cuenta todo lo descripto más arriba, está claro que para volver a crecer se necesita que el cambio de política fiscal esté sustentado, primero y, ante todo, en una reducción del gasto público. La ineficiencia del incremento del gasto nacional sin sentido, queda en evidencia cuando se aprecia que, aun sin prestar los servicios públicos esenciales, los aumentos son exponenciales.

Una última acotación, que viene a complemento del concepto de “gasto nacional sin sentido”, es el gasto en el que incurre anualmente nuestro congreso nacional. A partir del último presupuesto elaborado, correspondiente al 2020, y con el aumento del 53 por ciento para el 2021, el Congreso de la Nación le cuesta a los argentinos unos 40.273 millones de pesos. En promedio, cada senador consume 193 millones de pesos por año, mientras que un diputado $1,2 millones.

Quizás la vacuna contra el virus del déficit público venga por el lado de empezar a ajustar los gastos ineficientes del estado.