Venezuela: los fracasos para desalojar al régimen chavista

Las elecciones legislativas no son más que una nueva arremetida de la dictadura madurista para terminar con la Asamblea Nacional, la única institución legítima remanente en la seudo democracia venezolana.

Fotografía cedida por Prensa de Miraflores donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto de cierre de campaña de candidatos a diputados a la Asamblea Nacional hoy jueves en Caracas. EFE/ PRENSA MIRAFLORES
Fotografía cedida por Prensa de Miraflores donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto de cierre de campaña de candidatos a diputados a la Asamblea Nacional hoy jueves en Caracas. EFE/ PRENSA MIRAFLORES

El llamado engañoso a elecciones legislativas para este domingo es una nueva arremetida de la dictadura chavista/madurista para terminar con la Asamblea Nacional (electa en 2015 con mayoría de la oposición), la única institución legítima remanente en la seudo democracia venezolana.

Desde la elección y re-elección fraudulenta de Maduro en 2014 y 2018, el objetivo de la oposición interna y de la comunidad internacional (las democracias de Europa y las Américas) ha sido desalojar a Maduro y restaurar la democracia en Venezuela. Con ese propósito se ha condenado, denunciado y sancionado al régimen económica y financieramente; y unas 50 democracias del mundo han reconocido como presidente legítimo del país a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, desconociendo la presidencia de Nicolás Maduro.

Con el surgimiento de Guaidó, se pensaba que se acercaba el fin de la dictadura, de manera pacífica y con elecciones democráticas e internacionalmente observadas que el régimen se vería obligado a convocar. Sin embargo, nada ha logrado que el régimen siquiera convoque tales elecciones. Sus líderes, incluyendo la cúpula militar y los interventores cubanos, están demasiado implicados en la corrupción, el narcotráfico y en crímenes de lesa humanidad, como para siquiera arriesgarse a perder una genuina competencia electoral.

En ese intento, no han surtido el efecto deseado los repudios, condenas y sanciones contra el régimen, ni los llamados al diálogo y a elecciones expresados por los estados miembros de la OEA desde 2016 en sus resoluciones del Consejo Permanente y la Asamblea General de la organización (ni su Carta constitutiva ni su Carta Democrática permiten el uso de la fuerza para hacer cumplir sus resoluciones).

Tampoco lograron el impacto deseado los pioneros y devastadores informes del Secretario General Luis Almagro sobre la crisis humanitaria y migratoria, la tiranía y represión reinante, ni los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA sobre las violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, cuyas denuncias se encuentran “cajoneadas” en la Corte Penal Internacional, al igual que las de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. También han fracasado en persuadir a la dictadura las resoluciones con el mismo tenor del Grupo de Lima o de los miembros del TIAR (Tratado Inter-americano de Asistencia Recíproca) que además establecieron que el régimen es una amenaza a la paz y seguridad de la región.

Tampoco han sido fructíferas las gestiones para promover el diálogo y una solución pacífica y electoral del ex presidente de España Rodríguez Zapatero y el ex Secretario de Estado norteamericano, John Shannon; ni las gestiones en ese mismo sentido del gobierno de Noruega y últimamente de la Unión Europea con su canciller, Josep Borrell.

Un mural de Nicolás Maduro en una calle de Venezuela
Un mural de Nicolás Maduro en una calle de Venezuela

Por otro lado, ni la retórica de Donald Trump o sus sanciones financieras/económicas (iniciadas por Obama en 2014), ni sus amenazas y la de sus funcionarios (Pompeo, Bolton, Abrams) o la del senador Rubio de utilizar todos los medios, incluidos los militares, para liberar a Venezuela han amedrentado a Maduro.

También se frustró un intento de levantamiento interno (“Operación Libertad,” abril de 2019) liderada por Guaidó y Leopoldo López en la que iban a participar autoridades militares y judiciales del régimen, que nunca se concretó. Lo mismo ocurrió con un insólito intento de invasión (operación “Godeón” de mayo 2020), liderada por militares retirados, un operativo que fracasó con la muerte y/o captura de unos 60 “combatientes” en la costa venezolana.

El régimen sigue atrincherado y aislado, pero su permanencia en el poder tampoco puede considerarse un triunfo. El proyecto chavista de construir y liderar “el socialismo del siglo XXI” ha terminado en una tiranía, un colapso económico y en una tragedia humanitaria y migratoria, y hasta ha tenido que cohabitar humillantemente con un gobierno alterno y contestatario; sobrevive gracias a la brutal represión de las fuerzas armadas y la inteligencia cubana.

Externamente, con la caída electoral de gobiernos populistas en Argentina, Brasil y Ecuador, se disipó la alianza regional que el régimen logró hasta 2016 para evitar condenas en la OEA, y tuvo que dejar la organización derrotado; siendo además suspendido del MERCOSUR. Moribundos se encuentran también los organismos regionales (ALBA, UNASUR, CELAC) que Chávez impulsó con dádivas petroleras. El régimen hoy sólo cuenta con el apoyo de China, Cuba, Irán y Rusia por su interés en los recursos energéticos del país, y con la complicidad silenciosa de los nuevos gobiernos en México (López Obrador) y Argentina (Fernández-Kirchner).

¿Qué medidas de mayor presión podría emplear la comunidad democrática internacional para desalojar al régimen y restaurar la democracia en Venezuela? Una sería aumentar las sanciones internacionales (bloqueo de bienes, cuentas bancarias y transacciones financieras), como lo ha hecho EEUU contra la multinacional China (CEIEC) que provee al régimen tecnología para vigilar y censurar las actividades de los venezolanos en Internet. Los miembros del TIAR podrían autorizar medidas colectivas o individuales, inclusive militares como lo permite el tratado, para interceptar el narcotráfico y el comercio ilícito de oro y plata a países de la Unión Europea. La invasión o ataque militar no parece practicable ni muy probable, al menos que Maduro agreda a sus vecinos o permita la instalación de bases militares de potencias extra-regionales. Otra opción es autorizar la creación de una fuerza de intervención humanitaria bajo el concepto de la Responsabilidad de Proteger (R2P), reconocido en las Naciones Unidas.

* El autor es analista internacional

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