Inversión social genuina: una apuesta al desarrollo de los sectores más vulnerados

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires está trabajando sobre un proyecto de ley donde el Estado, concebido no sólo en términos administrativos sino como la suma de la sociedad política y civil, reconoce a las unidades de la economía popular y social como actores fundamentales para el desarrollo económico de nuestra población. A partir de ese reconocimiento, decide otorgar herramientas para su fomento y fortalecimiento. Esta iniciativa representa grandes cambios en el paradigma de las políticas públicas, lo cual siempre es crítico y más puntualmente en este contexto donde nos preparamos para un escenario post pandemia en el cual será clave la inclusión laboral de los sectores más golpeados.

Como legisladora consideré que uno de los instrumentos de inclusión es la ley de compras y contrataciones de la Ciudad, por eso propuse su modificación mediante la incorporación del concepto de “Valor Social”, compensando los principios de precio y economicidad, y facilitando el acceso de las unidades de la economía popular al mercado formal mediante el apoyo estatal. Promoviendo de este modo, un rol del Estado como generador de una base de igualdad, a través del fomento del trabajo y de la producción de los sectores más vulnerables. El principio denominado de “Valor Social”, traduce el espíritu del nuevo paradigma al cual aspiramos, incorporando como criterios de preferencia y elegibilidad unidades productivas con perspectiva de género, diversidades, discapacidad y sustentabilidad. La asistencia del Estado, a diferencia del asistencialismo, es una inversión que implica presupuesto y esfuerzo, pero que retorna a la sociedad con el crecimiento y desarrollo de los sujetos. Invertir en actores mediante el fomento de sus unidades productivas, es una apuesta a sus capacidades, a su desarrollo, es una oportunidad para su fortalecimiento técnico y profesional, la posibilidad de poder llegar a nuevos clientes e incorporar nuevos hombres y mujeres a su unidad productiva o prestación de servicios.

El proyecto que estamos tratando, y ansiamos convertir en ley, visibiliza de manera formal un sector de la economía que resulta clave si aspiramos a una política de desarrollo sensible, considerando las realidades de las unidades productivas y estableciendo un mecanismo para cada una de sus falencias, desde el acceso a crédito para la compra de insumos o maquinarias, la posibilidad de acceder a garantías y avales necesarios, su vinculación con el sector productivo privado, la comercialización y profesionalización, ejes fundamentales para la inclusión de más mujeres y hombres en el trabajo autogestionado con espíritu social.

Desde la Coalición Cívica - Ari propusimos incorporaciones al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad, que fueron tenidas en cuenta, tendientes a la transparencia del fondo público-privado que este proyecto propone crear, sumando un artículo específico que expresa la autoridad de la Auditoría General de la Ciudad sobre toda la operatoria del mismo, frecuencia de fiscalización del comité ejecutivo y la ampliación del alcance de los informes referidos a sus actividades. Todos estos aportes son considerados desde la Coalición Cívica muy importantes dada nuestra historia como partido y la lucha histórica contra la corrupción y a favor de la transparencia como mecanismo fundamental en el fortalecimiento de las políticas públicas.

Hoy la legislatura cuenta con la posibilidad histórica de sancionar una ley que promueve la inclusión de los sectores más vulnerables de la economía popular. Podemos hacer una diferencia para aquellas personas que permanentemente se esfuerzan por crecer y progresar. No debemos olvidar que la integración, en todos los planos de la política pública, debe ser un eje central y que la apuesta es siempre a través del trabajo y la producción, más aún para los tiempos venideros cuando terminemos de atravesar la terrible pandemia que sacudió a nuestro país y al mundo.

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