A propósito del Ministerio Público Fiscal: un lugar inestable no es propicio para tener esperanza

Se pusieron a mi consideración tres proyectos en tratamiento, los cuales tienen sus aspectos positivos y negativos. Sin embargo, merece principal atención, por la profunda preocupación que genera el proyecto recientemente presentado por el senador Weretilnek en el cual se observa directamente la pretensión de ingerir en el gobierno del Ministerio Público

El pasado 16 de noviembre, tuve el honor de ser invitado a exponer ante la Comisión de Justicia de Asuntos Penales del Senado de la Nación acerca de los proyectos de reforma del Ministerio Público Fiscal en tratamiento. Teniendo en cuenta que existieron varios expositores el tiempo de cada uno no fue suficiente -al menos en mi caso- para explicitar con más amplitud mi posición.

El tema es importante, y tanto lo es que se refiere nada más y nada menos que al futuro de una institución del Estado, un Órgano Constitucional, independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera tal como es el Ministerio Público Fiscal de la Nación (art. 120 CN).

Se pusieron a mi consideración tres proyectos en tratamiento, el de la Dra. Lucia Crexell, el del Senador Martín Lusteau y el del Senador Weretilnek, los cuales tienen sus aspectos positivos y negativos. Sin embargo, merece principal atención, por la profunda preocupación que genera el proyecto recientemente presentado por el Senador Weretilnek en el cual se observa directamente la pretensión de ingerir en el gobierno del Ministerio Público.

A saber:

a) crea una nueva causal de remoción del procurador general bastante difusa y vinculada al informe anual que debe presentarse en el Congreso; b) modifica el mecanismo de remoción del procurador general eliminando los dos tercios e incluso pudiendo ser suspendido por voluntad del Poder Ejecutivo de turno (ver art. 11 del proyecto), ello con el acuerdo de la mayoría absoluta del Senado. También la propuesta de cualquier Diputado con la aprobación de la mayoría absoluta de ambas Cámaras; c) se pretende modificar la integración y equilibrio del Tribunal de Enjuiciamiento eludiendo los procedimientos administrativos previos que brindan estabilidad y seguridad a los fiscales. Se incorporan más representantes del Poder Político en el Jury de Enjuiciamiento y se dispone que el Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento –que hasta hoy es elegido por sorteo- sea un representante del Congreso (art. 12). Ello se agrava cuando se advierte que se ha potenciado el poder del Presidente del Tribunal (art. 13); d) se afecta la autonomía del Ministerio Público cuando se pretende la intervención de la Comisión Bicameral del Congreso en una especie de co-gobierno con facultades que son propias y exclusivas del Procurador General.

Sin más consideraciones, que las hay en abundancia, quiero significar que este proyecto resulta a todas luces inconstitucional, limita facultades propias del Procurador, modifica la mayoría de mecanismos de su designación y remoción constituyendo además para todo el cuerpo de fiscales un avasallamiento a su independencia y estabilidad.

Mi larga experiencia como Procurador General de la Nación, previa designación a propuesta del Poder Ejecutivo con el acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes del Senado, me permitió ejercer la función con la autoridad que me confiere dicho acuerdo, con la serenidad que te otorga el no haber dado jamás una instrucción particular a ningún fiscal del país y con el compromiso de haber organizado desde su nacimiento constitucional una institución sólida, con capacitación permanente, aceptando el control externo como una condición indispensable, pero rechazando cualquier pretensión de injerencia indebida de los tres poderes del Estado.

Desde hace años el Ministerio Público Fiscal sufre un paulatino deterioro, es notorio, el sistema político ha sido incapaz desde hace años de designar al Procurador General, cargo hoy vacante desde hace 3 años. Esta función está ejercida de acuerdo a la ley por un Procurador General ante la Corte que ha sabido responder y estar a la altura de las circunstancias.

Si el Estado a través de sus leyes no ofrece referencias que brinden coherencia, preservación del orden constitucional, en definitiva respeto por las instituciones, la sociedad poco a poco se va convirtiendo en un lugar inhóspito, sin fronteras y sin límites. Un lugar inestable.

* El autor es Doctor en Derecho, ex Defensor General de la Nación, ex Procurador General de la Nación


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