El Ministerio Público Fiscal, deslegitimado y en su peor momento

La normalización de un órgano de estratégica trascendencia para la vida institucional argentina amerita una urgente e impostergable discusión en el Congreso de la Nación

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Es evidente que tanta ilegitimidad y manipulación institucional deriva definitivamente en un desasosiego colectivo que ya se aprecia en diversos componentes del universo de funcionarios que de algún modo reaccionan contra quienes, con altas y transitorias responsabilidades, tensionan al límite el normal desenvolvimiento de la administración de justicia.

A un lado un fiscal oficiando de procurador interino, Eduardo Casal, absolutamente remiso al honramiento de una función que desluce progresiva y recurrentemente merced persecuciones perfectamente direccionadas, por caso a la fiscal Gabriela Boquín, que se ha ganado el decoroso privilegio de incomodar al ex presidente Macri en sus pretendidas tropelías en el Correo Argentino, y por otro, encubriendo de modo vergonzoso al procesado fiscal Carlos Stornelli por el mayor escándalo judicial de la historia argentina en materia de corrupción dentro del Ministerio Público Fiscal

El fiscal Stornelli, cuya corroída imagen se está resquebrajando a pedazos por una resistencia que, si no pudo hasta el momento canalizarse por los procedimientos institucionales merced al “invalorable” aporte de Casal y de quienes lo protegen, serán sus pares los que horaden su herrumbrada credibilidad, que es hoy tan honda como un charco de un centímetro de profundidad.

Es una señal de estos tiempos que Casal sea impugnado -ahora- por sus pares merced a un manejo institucional opaco, sombrío y al umbral de lo ilícito en materia disciplinaria y de selección de magistrados, y que al unísono se alcen voces de la oposición para descongestionar la paralizada selección del candidato propuesto por el Presidente de la Nación para la cobertura de la Procuración General, extremo que exhibe que la tolerancia institucional tiene un límite, y ya se han rebalsado todos los que un estado de derecho puede tolerar.

Veamos. Han arribado al Senado de la Nación distintas impugnaciones suscriptas por postulantes para la cobertura de cargos de fiscales federales en distintos lugares del país, por convocatorias a concursos que Casal demoró cerca de un año y medio en reserva, sin ningún tipo de publicidad, comprometiendo la transparencia como principio rector del artículo 2 del Reglamento para la Selección de Magistrados/as del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del art. 1 de la Ley 27.275.

A ello hay que sumar que no han tenido en cuenta extremos tan básicos como la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal y la introducción de nuevos estamentos dentro de la ley de Ministerio Público (27.148) y la respectiva adecuación a tan trascendentes modificaciones normativas. Además se ha denunciado el desorden institucional en la integración de jurados sin atender a la “especialización” que, conforme el artículo 7 del “Reglamento para la Selección de Magistrados/as del Ministerio Público Fiscal de la Nación” (Conforme Resolución PGN 1457/17, modificado por Resoluciones PGN 1962/17 y PGN 19/18), deben primar en la integración de los mismos.

Como si esto fuera poco, se han indicado temperamentos contradictorios de este fiscal procurador interino e irregular, pues en otros casos análogos la Procuración General dispuso la anulación de sorteos bajo consideraciones idénticas, por caso, la Resolución PGN Nro. 20/18, luego de constatar que, con posterioridad a los sorteos de diversos concursos, se había producido una circunstancia que impactaban sustancialmente en tales actos, disponiendo la nulidad de los mismos.

Lo más llamativo de todo, y en buena hora, fue la postura que asumió el Dr. Daniel Erbetta, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Fe, quien públicamente manifestó su rechazo a integrar un jurado con el fiscal procesado Stornelli, censura pública que ya empieza a palpitarse en personas de bien que no estarían dispuestos a compartir actividad alguna con quienes deshonran y denigran la profesión y la actividad judicial.

La normalización de un órgano de estratégica trascendencia para la vida institucional argentina amerita una urgente e impostergable discusión en el Congreso de la Nación, ámbito legal y natural donde debe dirimirse un nuevo texto normativo (antes que cualquier otra decisión sobre ese órgano) que deje atrás esta etapa reprochable y oscura del Ministerio Público, cuyo triste papel fue ser, ni más ni menos, parte de un engranaje de persecución y extorsión judicial por parte de algunos de sus magistrados y cuya responsabilidad no puede escapar al irregular interino que sostiene el interinato más extenso e irregular de la historia.

El autor es senador nacional

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