Chile, ante un nuevo desafío democrático

El día de hoy Chile tiene una cita largamente postergada. Se trata del referéndum para que los ciudadanos decidan si quieren o no una nueva Constitución, y, en el caso de triunfar la opción favorable a la discusión y sanción de una nueva carta magna, decidan cómo se conformará el órgano constituyente que tendrá la responsabilidad de llevar adelante el trascendente proceso. La primera opción proclamaría una convención mixta que estaría integrada en un 50% por parlamentarios en ejercicio, mientras que el otro 50% serían ciudadanos especialmente electos para esta tarea. La otra opción es la conformación de una clásica Convención Constituyente, con la cual se elegirían en este caso 155 miembros votados por la ciudadanía, exclusivamente con el mandato para este fin.

Se trata de uno de los actos democráticos más relevantes de los últimos años para la hermana República que se erige allende Los Andes, ya que más de 14 millones de chilenos tendrían en sus manos la posibilidad de concluir la vigencia de un texto constitucional nacido al calor del final de la dictadura de Augusto Pinochet y que si bien desde la década de 1980 contó con diversas intervenciones, algunas de las cuales apuntaron a desarmar una arquitectura institucional que seguía reservando ciertas esferas de poder al pinochetismo y sus herederos, ninguna tuvo objetivos tan ambiciosos como la que se está proponiendo actualmente.

El camino a la nueva Constitución

Si bien se podría sostener que el germen de la nueva Constitución data de hace 30 años, ello sólo es parcialmente cierto, y no explicaría por qué el referéndum está teniendo lugar hoy y no hace 5, 10 o 20 años atrás. Evidentemente muchos chilenos hacen hincapié en la ilegitimidad de que una constitución (1989) democrática surja de un gobierno dictatorial como el de Augusto Pinochet, ya que con ello no sólo se omitió el debate y la deliberación basada en la diversidad y el pluralismo, sino que también se obvió la discusión en relación al modelo socioeconómico que se quería adoptar. En esa línea, se suele decir que Pinochet, en el ocaso de su régimen (1973-1990) y tras haber sido derrotado en el referéndum por su continuidad en 1988, logró, sin embargo, institucionalizar el modelo económico de su gobierno y legarlo durante los 30 años subsiguientes a los gobiernos democráticos de turno.

Durante ese lapso, el descontento con el modelo chileno de educación, salud, acceso a la vivienda y seguridad social –todos con una fuerte impronta privatista- larvó un rechazo creciente por parte de la ciudadanía hacia la política. Así, a finales de 2019 el enojo popular mostró epicentros de protestas y violencia en distintos puntos de Chile, llegando a los duros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos movilizados que nos llegaron a través de explícitas imágenes de televisión.

Los reclamos y la dura represión por parte del gobierno no hicieron más que aumentar la adhesión de la ciudadanía por el debate constitucional. Por otro lado, esto ha impactado notablemente sobre la imagen del Presidente, quien, desde el comienzo de su nuevo gobierno en 2018, experimentó una baja acelerada de su imagen positiva, llegando a enero de 2020 con un magro 10% de aceptación.

Si bien en la actualidad Piñera ha logrado recuperar levemente su imagen, la cual ronda el 20%, en este contexto no tuvo más opción –a pesar de su tradicional apatía en relación a esta medida- que concretar el llamado al referéndum propuesto por otros líderes, entre ellos la ex mandataria socialista Michelle Bachelet.

¿El inicio de un nuevo Chile?

Al concluir la jornada electoral dominical se conocerán los resultados, pero la gran mayoría de los estudios electorales de encuestadoras reconocidas están pronosticando un fuerte apoyo por el sí a la nueva Constitución.

Es evidente que los problemas de Chile no se resuelven (sólo) con una nueva carta magna, pero sí es una buena forma de comenzar a resolverlos en base a grandes acuerdos y consensos básicos. Por lo menos así se establece el marco de una sociedad que busca revitalizar el debate público y de una forma institucional más republicana y democrática. Por otro lado, teniendo una Constitución revitalizada y a la altura de las nuevas demandas y exigencias de una sociedad muy distinta a la de la década de 1980, se evitará que las futuras leyes entren en colisión con ella, como ocurrió muchas veces en estos años.

La dirigencia política que atraviesa estos momentos de álgido debate en el país trasandino tiene un desafío muy claro por delante: los chilenos están pidiendo respuestas a sus necesidades; que apuntan a reformular el marco institucional que rige la convivencia democrática del país, pero también a que la política escuche con mayor atención a los ciudadanos.

Esta cita democrática se le presenta a los chilenos como una oportunidad privilegiada para encauzar institucional y democráticamente los reclamos y descontentos en relación al sistema y a la performance de sus principales actores, pero también es sin dudas un test para una región que mira con atención, en tanto el resultado puede erigirse en un faro democrático para una América Latina poco afecta a los grandes acuerdos, consensos básicos y pactos de convivencia pacífica.

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