¿Hay salario mínimo en la Argentina?

Su monto no reúne las condiciones de “vital y móvil” que establece la Constitución

Foto de archivo - Protesta frente al Ministerio de Trabajo, en reclamo de un aumento del salario mínimo, planes y empleos. Oct 14, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian
Foto de archivo - Protesta frente al Ministerio de Trabajo, en reclamo de un aumento del salario mínimo, planes y empleos. Oct 14, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Con el aumento votado por 30 de los 31 participantes del Consejo del Salario ha quedado establecido un nuevo monto del Salario Mínimo que es de $18900 a partir de octubre. Luego hay cuotas en diciembre y marzo, que lo llevarán a un aumento de un 28% en un año, cifra que, desde luego, es poco creíble como inflación del período.

Semejante consenso daría la idea de una “unidad nacional” alrededor de este importe. En ese plano ha sorprendido al mundo de los analistas sindicales el voto de la CGT y de la CTA de los Trabajadores, porque llegaron a la reunión con el reclamo de $46000. Por otra parte, durante los años pasados de gobierno macrista votaron en contra y obligaron al laudo oficial. En este caso parecen estar conformes con lo propuesto por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. O tal vez simplemente refleje que los sindicatos ahora “son parte del gobierno” como declaró tempranamente Héctor Daer en los albores de esta administración.

La cuestión es que, medido en dólares, que es el patrón de comparación con otros países, si tomamos el dólar financiero o Contado con Liquidación, Argentina ha quedado en los u$s110, apenas arriba de Haití, en el fondo de la tabla de la desigual América Latina. Es cierto que los precios en su conjunto no están alineados con el dólar financiero, pero tampoco con el comercial oficial. Por lo que podríamos tomar un modesto dólar de $100 y en ese caso Argentina ha caído a un Salario Mínimo de u$s189. De por sí expresivo de un derrumbe social, porque es menos de la mitad de los u$s399 del mínimo de la Chile de Piñera, donde una rebelión popular dio cuenta de la postergación de los trabajadores desde octubre de 2019. Solo comparable al de Brasil de Jair Bolsonaro (u$s186).

No caben dudas de que este Salario Mínimo no reúne las condiciones de “vital y móvil” que establece la Constitución. Algo que aparece claramente si tomamos en cuenta la canasta básica del INDEC que mide la línea de pobreza en nuestro país, que en setiembre ascendió a $46800. La Constitución se viola en muchos aspectos, pero su tramo social establecido en el artículo 14 bis, es claramente el más vulnerado. En estos días la Junta Interna del INDEC arrojó una verdadera canasta familiar de $70216 para el mes de agosto y la Federación Aceitera en $81670 para el mismo mes.

Por ley, la jubilación mínima (hoy en $18129) no deber ser menor al 82% del Salario Mínimo –no confundir con el 82% móvil que se refiere a ese importe del salario en actividad- sin embargo ahora esa relación es del 96%. Esto a pesar de que la movilidad jubilatoria fue suspendida para otorgar aumentos previsionales por debajo de lo que establecía la ley vigente. O sea que el Salario Mínimo ha sido aún más perjudicado que la jubilación mínima. Recordemos que la Defensoría de la Tercera Edad estableció la canasta básica del adulto mayor en $49000.

Dicho esto, debemos advertir además que el Salario Mínimo no rige ni para empleadas domésticas y ni para los peones rurales, ambos colectivos superiores al millón de trabajadoras y trabajadores cada uno. Pero tampoco para el empleo informal o en negro, que hoy abarca al 40% de la población activa. Por supuesto, también para las categorías más bajas del monotributo cuya incidencia en la fuerza laboral ha crecido como resultado de la precarización del trabajo bajo ese tipo de modalidad (uberización de la fuerza laboral). El fenómeno de la tercerización laboral, por su parte, es un campo de violación legal de los convenios mediante el desencuadramiento de los trabajadores, que a menudo directamente carecen de derechos laborales bajo modalidades totalmente arbitrarias de contratación.

Los planes sociales están en algunos casos relacionados con el Salario Mínimo, en cuanto representan un porcentaje de su importe, pero están muy lejos de su valor. Por caso, el Hacemos Futuro, que agrupa a más de medio millón de personas, está por debajo de la mitad del valor del Salario Mínimo ($8500 hasta ahora). Y, contra la creencia generalizada, en muchos casos tienen contraprestación laboral.

Se dice que el trabajo en negro se referencia en el Salario Mínimo, lo cual es cada vez menos cierto en el marco de la depresión económica que atraviesa el país, no solo en la pandemia y su cuarentena, sino antes de ella, porque en el primer trimestre del año la actividad económica se desplomó. A esta altura, surge un concepto de fondo: no hay más Salario Mínimo en la Argentina. Por el desborde de precarización e informalidad del trabajo, por un lado. Por otro lado, por la insignificancia de su poder adquisitivo que nos ha llevado a los niveles más bajos de la castigada América Latina.

No hay “progresismo” alguno en la decisión tomada en el Consejo del Salario. No nos equivocamos si afirmamos que este importe del salario mínimo establecido, es una concesión directa a la agenda de reforma antilaboral que plantea el FMI. Pero aparece muy claro que la “baja de costos laborales” que es un leitmotiv de los encuentros de financistas y economistas del poder económico, cae en una geografía social absolutamente explosiva, que ya no tiene lugar para seguir descargando una crisis de la que el trabajador, con seguridad, no es responsable.

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